Un hombre y una mujer fueron imputados formalmente por el hurto de seis kilos de langostinos, piezas de pez gallo y herramientas de trabajo en un establecimiento comercial de Playa Unión.
Durante la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías Eve Ponce hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y atribuyó a los sospechosos el delito de hurto en carácter de coautores.
El hecho investigado ocurrió el 11 de enero, cerca de las 14:30, en las instalaciones del comercio “Frutos del Mar”. De acuerdo con la acusación formal presentada por la Fiscalía de Rawson, Marcos Velázquez y Rocío Godoy fueron detectados mientras intentaban sustraer los productos y las herramientas desde el patio del local.
Las imágenes de seguridad y la propuesta de la jueza
La investigación penal se apoyó de manera determinante en las filmaciones de los dispositivos de videovigilancia de la firma comercial, cuyas imágenes permitieron reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a la pareja acusada.
Según el detalle de la causa, los imputados habrían intentado llevarse un balde con seis kilos de langostinos, siete kilos de pez gallo y un bolso que contenía dos taladros. El valor estimado de los productos pesqueros rondaba los $100.000.
Durante el desarrollo del acto judicial, la acusación estuvo a cargo de la abogada de Fiscalía Débora Ortega, mientras que la defensora pública Catalina Silva representó a los dos sospechosos, optando por no oponerse a la apertura de la causa penal.
Tras validar los cargos presentados por la parte acusadora, la magistrada Eve Ponce instó a evaluar vías de resolución intermedias durante la sustanciación del expediente:
“Avanzar hacia una solución alternativa del conflicto durante el desarrollo del proceso”, sugirió la jueza Ponce ante las partes.
Esta herramienta, prevista por la normativa penal vigente, permite cerrar determinados procesos por vías compositivas o de reparación sin llegar necesariamente a la instancia de juicio oral, sujeto al cumplimiento de las pautas legales e institucionales. Mientras tanto, la investigación formal continuará su curso en los tribunales de la capital provincial.