La acción judicial presentada contra la petrolera YPF por los pasivos ambientales derivados de su salida de la Cuenca del Golfo San Jorge se encuentra momentáneamente paralizada.
El expediente no ha tenido avances sobre el fondo debido a que el juez federal de Rawson se declaró incompetente, decisión que fue apelada por los demandantes ante la Cámara Federal de Apelaciones.
A la espera de una resolución que defina la jurisdicción interviniente, los abogados e impulsores de la causa brindaron una conferencia de prensa en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) para visibilizar el caso y sumar apoyo comunitario en Comodoro Rivadavia.
Creciente respaldo social e impulso comunitario
La demanda es impulsada por el docente universitario Jorge Espíndola, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas —encabezada por Enrique Viale— y un equipo legal coordinado técnicamente por el abogado comodorense Raúl Heredia.
Durante el encuentro universitario, el abogado Eduardo Hualpa valoró el acompañamiento de los vecinos a la causa:
“Lo importante y realmente llamativo de la fecha, la novedad del caso, es el acompañamiento social que ha demostrado esta demanda.”
Según explicó el letrado, la intención de la convocatoria es consolidar “una mesa donde se nucleen distintas acciones” para difundir el reclamo ambiental ante la comunidad.
El reclamo de fondo: nulidad del acuerdo y remediación integral
El objetivo central de la acción colectiva es anular el acuerdo firmado entre YPF y el Gobierno del Chubut, el cual estableció una compensación económica de 25 millones de dólares y la cesión de bienes a cambio del desprendimiento de las áreas petroleras históricas.
Los demandantes consideran que dicho entendimiento desliga de forma insuficiente las responsabilidades de la compañía. Al respecto, Hualpa precisó:
“Nosotros pedimos la anulación del acuerdo y que YPF tenga que responder por todas las acciones vinculadas con el restablecimiento del ambiente en la zona, en las zonas por lo menos de los yacimientos de los que estamos hablando.”
Asimismo, los querellantes destacan que la restauración no debe limitarse al simple sellado de pozos:
“Eso requiere participación de la comunidad, requiere planificación de una serie de obras, una remediación, una restauración integral; no cerrar un pozo, sino pensar con la comunidad qué hace falta para que se remedien estos pasivos.”
Disparidad de montos y freno en la tramitación
A modo ilustrativo, la presentación judicial incluye un cálculo estimado que sitúa el costo de una remediación ambiental acorde a la magnitud de los pasivos en un piso de 700 millones de dólares, cifra sustancialmente mayor a los 25 millones fijados en el convenio provincial.
Hualpa aclaró el sentido de esa cifra en el escrito:
“Eso es simplemente a los efectos de ilustrar lo insuficiente de esos montos y que ese cálculo no ha sido realizado con participación de los afectados.”
En cuanto al estado procesal, la demanda aún no ha sido trasladada formalmente a YPF debido a la traba jurisdiccional. El juez federal de Rawson argumentó que el caso no corresponde al fuero federal o que, en su defecto, debe radicarse en los juzgados de Comodoro Rivadavia.
Sintetizando el escenario procesal actual, Hualpa concluyó:
“Estamos simplemente en la previa peleando para ver quién es el juez que va a entender en el caso.”
De resolverse favorablemente la apelación en los próximos días, la Cámara habilitará el análisis de la medida cautelar urgente presentada por los demandantes para exigir el inicio de las tareas de restauración ambiental.