El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, debió retroceder con el decreto que modificaba la actividad de los prácticos portuarios tras una protesta que paralizó terminales marítimas y fluviales de todo el país durante casi 48 horas.
La iniciativa oficial había generado un fuerte rechazo entre trabajadores, especialistas y empresas vinculadas al comercio exterior.
Ante el impacto de la medida de fuerza, el Gobierno acordó abrir una mesa de negociación con representantes del sector para revisar las condiciones operativas de la actividad, aunque desde el ámbito portuario confirmaron que el decreto será dejado sin efecto. La marcha atrás oficial se concretó luego de que la reforma recibiera severas críticas por comprometer la navegación en vías estratégicas.
La modificación impulsada por Sturzenegger buscaba flexibilizar la obligatoriedad del servicio de practicaje, habilitar excepciones para determinados capitanes extranjeros y ampliar las facultades de intervención de la Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, tanto trabajadores como empresarios cuestionaron las modificaciones al advertir que ponían en riesgo la seguridad operativa en zonas de alta complejidad, tales como el Río de la Plata y el río Paraná.
Paralización en puertos estratégicos e impacto en la exportación y la energía
La medida de fuerza provocó el freno de las operaciones en las terminales portuarias desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, encendiendo las alarmas en sectores clave de la economía nacional.
Desde el sector agroexportador, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) advirtió sobre las pérdidas millonarias que generaba cada jornada de demora de las embarcaciones, remarcando que el conflicto afectaba de manera directa la previsibilidad del país frente a los compromisos internacionales de exportación.
El impacto de la protesta también alcanzó a la industria energética. En el puerto de Bahía Blanca, las restricciones complicaron las maniobras logísticas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur. Referentes de la industria petrolera alertaron que la interrupción del servicio amenazaba con generar complicaciones en el transporte de crudo y el abastecimiento de combustibles en distintos puntos del territorio nacional.
Apertura de diálogo y revisión de la desregulación
Tras la decisión del Ejecutivo de frenar el decreto, representantes del sector de los prácticos celebraron la suspensión de la norma y ratificaron el inicio de una etapa de diálogo técnico para analizar eventuales mejoras en la actividad.
El conflicto dejó al descubierto la firme resistencia que generó el proyecto desregulador en la infraestructura logística y comercial del país, obligando a la gestión nacional a revisar una de las medidas centrales de su agenda de reformas.