El Poder Ejecutivo Nacional giró al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca profundizar y actualizar el marco legal de la Ley 26.659 mediante un régimen de sanciones y penalidades.
La propuesta oficial incluye recursos hidrocarburíferos, pesqueros y turísticos, al tiempo que contempla la custodia de objetivos estratégicos por parte de las Fuerzas Armadas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
En un artículo de opinión, el exministro de Defensa de la Nación entre 2015 y 2017, Julio César Martínez, evaluó los aspectos centrales de la medida, señalando tanto sus aciertos operacionales como las precisiones conceptuales que requiere la redacción final para evitar ambigüedades jurídicas y geopolíticas.
Amplitud de recursos, sanciones taxativas y delimitación de amenazas
Respecto a la cobertura de las sanciones, Martínez valoró que la norma extienda su alcance más allá de los hidrocarburos. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de redactar penas específicas de forma explícita para evitar vacíos en la aplicación judicial.
«Deja abierto el tema incluyendo, más allá de los hidrocarburos, a los distintos recursos renovables y no renovables como en la pesca y en el turismo, (lo cual es positivo); pero lo esgrime de una manera tangencial y abierta a interpretaciones, por lo que creo que debería expresar las sanciones y penalidades de manera taxativa para que no queden dudas al momento de aplicar la Ley», sostuvo el exfuncionario.
Por otro lado, Martínez puso el foco en la urgencia de definir claramente cuáles son las hipótesis de conflicto y los adversarios a los que deben hacer frente las Fuerzas Armadas, recordando el debate histórico sobre el rol militar frente a organizaciones armadas o terroristas globales que no constituyen ejércitos regulares de un país.
«Por ejemplo, si nos atacara Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, entre otros, que no son ejércitos regulares de terceros países, pero que cuentan con misiles, radares y tanques. Según Nilda Garré y el kirchnerismo en general, deberíamos defendernos con el policía de la esquina», enfatizó el exministro.
Objetivos estratégicos, trabajo conjunto y controversia internacional
Uno de los pilares que Martínez calificó como altamente favorable es la facultad para que las Fuerzas Armadas cuiden infraestructuras críticas del país. Esta medida permitirá reasignar a las fuerzas de seguridad federales hacia tareas de patrullaje y combate del delito en zonas complejas como el Conurbano bonaerense o la ciudad de Rosario.
Asimismo, respaldó la conformación del Consejo de Seguridad Nacional como una herramienta clave para superar la falta de articulación entre fuerzas que históricamente afectó al país.
«Tenemos que avanzar en la integración del trabajo conjunto, uniendo los esfuerzos entre la ciberdefensa, la seguridad y la inteligencia, todo en un solo conjunto; porque las amenazas son complejas, por lo que nuestras respuestas deben contener el mismo o mejor grado de complejidad», señaló Martínez, recordando que en la Guerra de Malvinas en 1982 «cada Fuerza hizo su propia guerra porque en aquel entonces no estuvo contemplado el trabajo conjunto».
Finalmente, el exministro alertó sobre artículos sensibles dentro del texto elevado al Parlamento, como el Protocolo de Intercepción Marítima y Aérea. Según su mirada, estos puntos podrían rozar una línea delgada y generar conflictos o lecturas de hostilidad con el Reino Unido y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) si no se redactan de manera rigurosa y sin ambigüedades.