Por instrucción del presidente Javier Milei, la Cancillería abrió procedimientos sumarios contra personas físicas, jurídicas, accionistas y prestadoras de servicios por violar la Ley 26.659
La medida busca frenar la exploración y explotación de hidrocarburos no autorizada en la plataforma continental argentina.
Aplicación estricta de la Ley de Hidrocarburos en la Plataforma Continental
El Gobierno de la República Argentina, a través de la Cancillería y por disposición directa del presidente Javier Milei, inició este viernes procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas. Las actuaciones buscan investigar y penalizar la ejecución no autorizada de actividades hidrocarburíferas en aguas circundantes a las Islas Malvinas, bajo ocupación británica.
La medida se concretó luego de que el Poder Ejecutivo firmara un decreto orientado a agilizar la aplicación efectiva de la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, la cual prohíbe y sanciona la exploración y explotación de recursos petroleros en la plataforma continental argentina sin la debida concesión gubernamental.
Según precisó la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial:
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no solo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra aquellos accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”.
Antecedentes y alcance de las sanciones
La legislación argentina vigente establece inhabilitaciones administrativas, comerciales y operativas de hasta 20 años para las empresas infractoras, así como para sus socios logísticos, financieros y corporativos.
Esta herramienta jurídica ya cuenta con antecedentes de aplicación concreta: en 2013 fue inhabilitada la firma británica Rockhopper, mientras que en 2022 la sanción alcanzó a la petrolera israelí Navitas, ambas operadoras del proyecto Sea Lion situado a 220 kilómetros al norte del archipiélago.
Con esta decisión, la administración nacional ratifica formalmente sus derechos imprescriptibles de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.