Denuncian a empresas pesqueras internacionales que operan en el Mar Argentino con licencias británicas ilegítimas desde Malvinas.
Una presentación judicial ingresada en el fuero Penal Económico apunta contra directivos y compañías extranjeras —principalmente de origen español— que explotan recursos pesqueros en la plataforma continental argentina bajo autorizaciones de la potencia ocupante. La causa quedó radicada en el Juzgado N° 7 y se suma a los expedientes por la explotación hidrocarburífera ilegal en el Atlántico Sur.
Una causa por contrabando y afectación de la soberanía
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia penal formal contra directivos, administradores y representantes legales de diversas compañías pesqueras internacionales y sociedades mixtas que extraen recursos vivos marinos en el Mar Argentino utilizando permisos emitidos de forma ilegal por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
La acción legal fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes sostienen que estas actividades vulneran de manera directa la soberanía nacional, el control aduanero y la riqueza de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La causa quedó formalmente radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.
Empresas señaladas y maniobras de evasión
El escrito judicial individualiza a corporaciones —fundamentalmente de la región de Galicia, España— que operan en sociedad con firmas radicadas en las islas bajo el amparo de licencias británicas. Entre las compañías mencionadas figuran:
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Lanzal: Vinculada a Petrel Fishing Company Ltd. (buque Monteferro).
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Grupo Pereira: Asociada a Argos Group Ltd. (Argos Cíes y Argos Berbés).
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Pescapuerta y Copemar: Relacionadas con South Atlantic Squid y naves como el Falcon, Prion, Robin M. Lee y Hadassa Bay.
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Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña: Asociadas a estructuras societarias locales británicas que explotan buques bajo doble bandera o registros ilegítimos.
De acuerdo con la denuncia, las maniobras configuran el delito de contrabando (en los términos de los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero), al evadir los controles de la aduana argentina, realizar transbordos o descargas clandestinas en Puerto Argentino o puertos extranjeros, y eludir el pago de derechos de exportación y regímenes cambiarios. Asimismo, se solicitó investigar un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por la eventual omisión de tareas de fiscalización y patrullaje.
Para avanzar con la investigación, los letrados requirieron medidas a la Prefectura Naval, al INIDEP, a la Aduana y a la Inspección General de Justicia. La causa tramita en paralelo a las actuaciones que lleva adelante la Cancillería en Comodoro Py por la explotación petrolera ilegal en el archipiélago.