La presentación fue realizada ante la justicia en lo Penal Económico por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio. Acusan a las firmas internacionales de evadir los controles aduaneros nacionales y solicitan investigar la eventual omisión de patrullaje de funcionarios públicos.
Una denuncia penal por presunto contrabando fue presentada ante la Justicia en lo Penal Económico contra directivos, administradores y representantes de empresas pesqueras internacionales que explotan recursos marítimos en el Atlántico Sur bajo autorizaciones otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas.
La acción judicial, impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, sostiene que la operatoria afecta la soberanía nacional, el control de la Aduana y la preservación de los recursos naturales dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Calificación de las licencias y encuadre del Código Aduanero
En el escrito de la presentación, los denunciantes cuestionaron con severidad la validez de las autorizaciones otorgadas por el gobierno colonial del archipiélago:
“Las llamadas ‘licencias de pesca’, en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina”.
Según la acusación, las embarcaciones capturan especies marinas dentro del territorio marítimo argentino para luego efectuar trasbordos, descargas u operaciones de exportación sin someterse a la fiscalización de los organismos nacionales ni abonar los derechos correspondientes.
Los letrados invocaron los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero, referidos a la obstaculización del control aduanero, la exportación clandestina y agravantes por el uso de embarcaciones y logística organizada para evadir las inspecciones de la Aduana y la Prefectura Naval Argentina.
Pedidos de prueba e investigación a funcionarios públicos
La denuncia solicita a la Justicia determinar si existieron responsabilidades por parte de funcionarios públicos argentinos ante una eventual “omisión de vigilancia, patrullaje” o por no promover acciones legales para perseguir las maniobras detectadas en la región.
En materia probatoria, los denunciantes requirieron las siguientes medidas:
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Prefectura Naval e INIDEP: El envío de reportes de avistaje e identificación de buques operando bajo permisos británicos o sin autorización argentina.
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Dirección General de Aduanas: Informes sobre el pago de aranceles o registros de operaciones de exportación vinculadas a las capturas en la zona de Malvinas.
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Inspección General de Justicia: Relevamiento de filiales, activos y lazos comerciales de las firmas denunciadas dentro del territorio continental argentino.
Asimismo, solicitaron que se dispongan medidas cautelares sobre los buques y activos comerciales en el continente y que se cite a declaración indagatoria a los directivos de las empresas implicadas.