En un intento desesperado por no perder la agenda legislativa frente al avance de la oposición, el bloque de La Libertad Avanza dio un giro de 180 grados y anunció que trabaja en la elaboración de un proyecto de ley propio para regularizar las prestaciones del sistema de discapacidad.
La maniobra busca sumar voluntades entre los bloques dialoguistas y desbaratar el quórum de la sesión convocada para el próximo 9 de septiembre, donde sectores opositores pretendían emplazar comisiones para tratar la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad —que vence el 31 de diciembre— y abordar iniciativas vinculadas al endeudamiento de miles de familias con bancos y fintech.
La estrategia del oficialismo y los fuertes cruces con la oposición
Los libertarios reconocieron de forma interna que descuidaron este flanco por enfocar sus esfuerzos previos en la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma del Banco Central. Para evitar un golpe político mayor ante dos problemáticas de alta sensibilidad social, el Gobierno reactivó las comisiones de Discapacidad y Finanzas e improvisó la existencia de iniciativas propias. «Me tengo fe en que no van a lograr quórum. Pero, aun si lo consiguieran, el efecto sería nulo porque nosotros ya nos autoemplazamos con el mismo objetivo», graficó un operador de LLA. Sin embargo, desde Unión por la Patria, el diputado Juan Marino salió al cruce y tildó de poco creíble el anuncio: «No creemos nada de lo que venga de este Gobierno», ratificando que insistirán con la convocatoria al recinto para forzar un cronograma de trabajo ante la dramática interrupción en la cadena de pagos, los atrasos arancelarios y la suspensión de coberturas a beneficiarios.
Papelón e interrogantes en la exposición del titular de la SENADIS
El cambio de ficha del oficialismo quedó expuesto en el marco de una reunión informativa de la comisión de Discapacidad donde disertó el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), Alejandro Vilches. Pese a que el funcionario hizo un extenso repaso de su gestión como interventor desde agosto de 2025 —destacando auditorías en terreno, la reducción de plazos de pago a 60 días, la compra centralizada de medicamentos en Incluir Salud y el convenio de gratuidad en la tarjeta SUBE—, su presentación terminó en medio de duros cuestionamientos por su incapacidad para responder preguntas clave.
Vilches no pudo precisar por qué el organismo desistió de querellar en la causa por presuntas coimas que salpica a su antecesor, Diego Spagnuolo. Lo insólito del encuentro se produjo cuando tampoco supo responderle a la propia diputada libertaria María Gabriela Flores sobre el destino de los fondos para medicamentos de alto costo para personas sin cobertura, limitándose a admitir que desconocía las fechas que maneja el Ministerio de Economía para abonar las compensaciones pendientes a los prestadores del sector.