La trinchera judicial le propinó un severo e inesperado revés al Poder Ejecutivo Nacional en plena puja por los recursos de la educación pública.
En un fallo contundente, los tribunales federales decidieron ponerle un freno al freno fiscal del Poder Ejecutivo y le exigieron de manera drástica e inmediata la liberación del presupuesto destinado a la educación pública superior.
La resolución abre un nuevo capítulo de altísima tensión política, dado que el Poder Judicial dictaminó que la suspensión del presupuesto universitario representa una amenaza directa a los derechos constitucionales de enseñar y aprender, dejando al descubierto la fragilidad del argumento económico desplegado por la Casa Rosada.
El fallo judicial que acorrala al Ejecutivo por los fondos universitarios
El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, dio lugar a una medida cautelar impulsada con firmeza por la Universidad de Buenos Aires (UBA). La acción legal de la casa de altos estudios buscaba frenar los efectos del Decreto 759/2025 que promulgó la Ley 27.795, mediante el cual la gestión presidencial había dejado en suspenso la aplicación efectiva de la norma hasta que el Congreso fijara de dónde saldría el financiamiento, una maniobra catalogada por la universidad como un verdadero «fraude constitucional».
En los fundamentos del fallo, Cormick fue tajante al recordar que, una vez que el Congreso rechazó el veto presidencial, el Poder Ejecutivo quedaba estrictamente obligado a implementar la norma sin rodeos. El magistrado enfatizó que el proceso legislativo «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley» y remarcó que el incumplimiento genera «perjuicios graves de imposible reparación ulterior, teniendo en cuenta el deterioro de los ingresos del colectivo afectado».
Además, echó por tierra el discurso oficial sobre el supuesto descalabro de las cuentas públicas: el juez precisó que el impacto fiscal proyectado para la norma es de apenas un 0,23 % del PBI, afirmando que «dicha cifra representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública», al tiempo que advirtió que paralizar la inversión afecta de lleno las garantías de la Constitución Nacional.
Obligación de pago inmediato y el fracaso de la defensa oficial
Con esta contundente decisión, la Justicia Federal le ordenó al Gobierno cumplir «de forma inmediata con lo dispuesto en los artículos 4, 5°, 6° y 7° de la ley 27.795». Esta contienda se enmarca en la firme embestida del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que exige hacer cumplir el acta firmada el 10 de junio donde las autoridades se habían comprometido a transferir las partidas presupuestarias necesarias para otorgar un incremento salarial del 24,33% a docentes y no docentes.
Desde los despachos oficiales habían intentado desarticular la causa argumentando que la sola firma de dicho acuerdo dejaba sin efecto las acciones judiciales previas y habilitaba el levantamiento de cualquier medida cautelar. Sin embargo, el juez Cormick rechazó el pedido oficial al constatar que la gestión nacional «no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente que refiere habrían alcanzado los acuerdos en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior, ni que se hubiere brindado una definición efectiva y final en lo atinente al deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado».
De este modo, el escenario judicial se complica de forma drástica para la estrategia de la Casa Rosada, sumando mayor presión en una jornada convulsionada donde también trascendieron novedades sobre Ravier respaldando créditos hipotecarios y el anuncio de un inminente paro decretado por los gremios universitarios tras romper filas en la mesa salarial.