Una verdadera bomba judicial volvió a sacudir los cimientos de la Casa Rosada y del Palacio de Hacienda.
Los senadores nacionales del peronismo Juliana Di Tullio, Martín Soria y Florencia López presentaron una ampliación de su denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, en el marco de la causa que investiga el traslado y el destino final de los lingotes de oro pertenecientes a las reservas de la autoridad monetaria.
«Mentira descarada» y graves contradicciones sobre el paradero de los lingotes
La presentación inicial ante la Justicia, radicada en abril de este año, imputa a los funcionarios por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Esta nueva ofensiva judicial surge tras la reciente exposición de Bausili ante la Cámara Alta, donde afirmó que las reservas metálicas fueron depositadas en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Basilea, Suiza.
Para los legisladores denunciantes, el titular del BCRA incurrió en una «doble contradicción», argumentando que resulta sospechoso que haya revelado públicamente la ubicación de los activos tras haberse negado de forma reiterada a brindar datos amparándose en cuestiones de seguridad. «Corresponde determinar por qué decidió revelar públicamente una ubicación concreta de los activos y bajo qué documentación respaldatoria efectuó esa afirmación», sostuvieron los senadores, acusándolo además de haber «mentido descaradamente», ya que el oro no estaría resguardado en territorio suizo sino en las bóvedas del Bank of England, en Londres.
Un informe de la AGN, demoras en la información y la sospecha de US$ 1.000 millones
La ampliación de la denuncia sumó como prueba clave un documento remitido por la Auditoría General de la Nación (AGN) que desmiente la versión oficial sobre el control de los fondos. El organismo de control advirtió que el ejercicio 2025 aún no fue aprobado y que la trazabilidad del oro no se pudo realizar por severas demoras del propio Banco Central en la remisión de los informes requeridos. «Esta circunstancia reviste una gravedad institucional manifiesta, y deberá investigar si el ‘por qué’ de esa mentira no se encuentra íntimamente relacionado con los delitos que aquí se le endilgan», remarcaron los parlamentarios.
Finalmente, el escrito judicial eleva la tensión al solicitar que la Justicia investigue con urgencia una supuesta pérdida financiera que ascendería a los US$ 1.000 millones, presuntamente derivada de operaciones de riesgo y maniobras no transparentadas con las partidas del metal precioso colocadas en el exterior.