Una brutal e indignante brecha salarial volvió a encender las alarmas en el escenario político argentino, desatando una ola de furia social en medio de una severa crisis económica.
Mientras el bolsillo de los trabajadores formales se desploma y la desocupación golpea con dureza en los barrios, la Cámara Alta se autogarantizó un monumental ajuste en sus ingresos que los posiciona en una realidad completamente ajena a la de sus representados. La medida promete reactivar un encendido debate ético y detonar una feroz interna en el Poder Legislativo por la abismal diferencia de recursos asignados a las dietas.
El pacto paritario que detonó el monumental incremento en las dietas
Las autoridades del Parlamento sellaron una actualización salarial que cambiará drásticamente los ingresos de la Cámara Alta. Los senadores nacionales recibirán un incremento salarial que elevará sus dietas a casi $12 millones brutos mensuales a partir de agosto. Esta explosiva suba es el resultado directo de la aplicación del último tramo de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en conjunto con los gremios del Congreso.
El nuevo esquema de ajuste acumulativo totaliza un 6,7% y se suma al aumento del 12,5% que ya se había otorgado durante el primer cuatrimestre del año. La suba actual se dividió en tres tramos específicos: un 2,4% retroactivo al mes de junio, un 2,2% aplicado en julio y un 1,9% final para el mes de agosto, tal como consta en las actas firmadas por los sindicatos APL, UPCN y ATE. Este incremento impacta sin escalas en las dietas de los legisladores debido a la polémica «ley de enganche» aprobada en abril, la cual vincula directamente el salario de los senadores al valor del módulo legislativo. Con este reajuste, la dieta quedó fijada bajo la estructura de 2.500 módulos básicos, a los que se les adicionan 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos en concepto de desarraigo.
Cifras brutas, la brecha con Diputados y el estallido en la opinión pública
Los cálculos internos realizados en los despachos del Senado confirman que el haber bruto ascenderá exactamente a $11.877.000, sin contemplar los descuentos obligatorios por obra social, aportes jubilatorios y el Impuesto a las Ganancias. De esta manera, los senadores cobrarán 12 millones por mes brutos, acumulando una mejora de $1,2 millones entre enero y agosto. Con esta cifra lograron ganarle cómodamente a la inflación del primer semestre, la cual se ubicó en un 16,8% según las estadísticas oficiales presentadas por el INDEC. Este privilegio los posiciona en un selecto grupo: citando informes del Ministerio de Trabajo replicados por la prensa económica, solo ocho gremios en toda la Argentina lograron acuerdos salariales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese mismo lapso.
Escándalo por la diferencia entre cámaras y sueldos del personal
Esta actualización profundizó el malestar interno debido a la enorme desigualdad existente con la Cámara Baja. Los diputados nacionales, al no estar alcanzados por la mencionada ley de enganche, mantienen congelado su salario bruto en $6.072.000 (lo que representa un neto cercano a los $4,3 millones).
Fuentes parlamentarias indicaron que la discusión para acortar esta brecha se reabrirá en la Comisión de Presupuesto luego del receso. Por otro lado, la paritaria también actualizó las escalas del personal legislativo: la categoría 1 subirá de $2.352.866 (mayo) a $2.509.123 en agosto, mientras que la categoría 6 —la más numerosa del Congreso— ascenderá de $1.119.351 a $1.193.538.
Durante las negociaciones, APL exigió una comisión reguladora debido a que Martín Menem otorgó previamente un plus salarial sin acta formal, desatando reclamos de equidad laboral. El acta fue rubricada por los secretarios administrativos Lucas Clark, Alejandro Fitzgerald, Laura Oriolo, Mercedes Piscitello y Alejandro Santa, junto a los sindicalistas Norberto Di Próspero (APL), Claudio Britos (ATE) y Martín Roig (UPCN). Este millonario incremento se da en un contexto social crítico, con una desocupación oficial cercana al 8%, y forzará a definir posturas a los bloques de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y partidos provinciales, que a principios de año habían optado por donar o renunciar a las subas.