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La minería y su rechazo social han vuelto a ser en Chubut el epicentro del conflicto social durante los últimos meses, con una escalada traducida en violencia que impacta y se refleja de múltiples aristas. El intento de imposición de un proyecto productivo repudiado por amplios sectores sociales genera violencia, pero a su vez quienes lo rechazan no encuentran otro camino que el de la violencia, en diferentes magnitudes, para frenarla. Es así como la provincia se monta en un aumento de la violencia institucional/social que la pone al borde de la ruptura del entramado social imperante en el sistema democrático. El poder juega con fuego y fuerza hasta el límite, mientras que la reacción corre cada vez más los límites de sus propias acciones. Una chispa puede encender un incendio que nadie sabe si se podrá apagar. Aceptarlo y resolverlo es un desafío que demanda determinación política y búsqueda de soluciones.

El bloqueo de la Iniciativa Popular 2020 en la Legislatura, impulsada por más de 30 mil firmas, desencadenó en un nuevo hecho de violencia política e institucional que recalentó los ánimos en la provincia de Chubut.

El movimiento antiminero y ambientalista respondió con sus fuerzas, quizás disminuidas, a la ajustada votación legislativa donde todo pareció estar pensadamente armado para que terminara en la forma en la que concluyó. La respuesta antiminera se tradujo en cortes de ruta y ocupaciones de municipalidades donde la violencia sobrevoló de manera constante las horas en que se desarrollaron.

La nueva respuesta institucional del Estado provincial, detentando el poder de la fuerza, fue otro hecho violento a través de un desalojo de la ruta que -aunque no hubiera empujones, garrotazos, balas de goma o gases lacrimógenos- también termina constituyendo un acto violento.

La violencia atravesó ambos procesos, más allá de que en los últimos tiempos parecería ser que darle la espalda al pueblo con una decisión política no es un acto violento.

No hay reclamo pacífico que consiga encaminar de manera duradera una determinación popular que es rechazada o ninguneada por el poder político de turno, en cualquiera de sus vertientes oficialistas u opositoras.

Para entender de manera más amplia y conceptual el tema de la violencia social vale leer con detenimiento el material «Sociología y violencia» del investigador colombiano Alvaro Guzmán B. El texto completo acompaña a este artículo.

Los partidos políticos buscan llegar al poder a través de sus plataformas, cada más escasas o inconsistentes, o sus promesas de campaña; pero luego las incumplen cuando detentan el manejo del Estado y eso también es un acto de violencia que se suma a la multiplicidad de violencias existentes en la realidad chubutense.

Los sectores sociales que se oponen a la minería reclaman de manera casi constante para que ese extractivismo no se instale en la provincia, habiendo logrado la realización de un plebiscito en el que ganaron hace casa 20 años con el 83% y luego consiguieron que ese triunfo se convirtiera en una ley (la ex 5001) que prohibió la megaminería en Chubut.

Ambos contrincantes se vienen enfrentando desde hace más de 30 años en la provincia, donde los embates extractivistas y promineros se remontan a principios de los años ´90 cuando se quiso instalar el repositorio nuclear en Gastre.

A esas avanzadas los movimientos sociales le fueron respondiendo con movilizaciones y proyectos de ley que fueron cajoneados o derrumbados como acaba de suceder con la segunda IP.

Así Chubut ingresó en una escalada de la violencia, tanto la institucional como la popular; aunque la lucha es desigual, ya que el gobierno detenta el poder, y a su vez tiene el manejo de la fuerza pública. El ambientalismo, en algunas ocasiones, ha optado por endurecer sus acciones y avanzó con cortes de ruta, tomas de edificios públicos o escraches en las casas de legisladores o gobernantes nacionales de visita en la región cordillerana.

Mientras la clase política dirigente mayoritaria siga rompiendo contratos sociales e impulsando el avance de la minería en una provincia antiminera, que se proclamó como emblema del ambientalismo nacional e internacional, la violencia parece ser una de las pocas alternativas en la realidad chubutense.

Cuando se produce un escrache o un corte de ruta, la «política» y el establishment se unifican detrás del repudio y el pedido de «pacificación» del reclamo; ahora cuando se violenta una promesa de campaña, se pasa por encima de 30 mil firmas o se reprime una protesta la respuesta no es la misma ni tienen la misma unidad o contundencia.

Esa acumulación de hechos violentos que se vienen produciendo en Chubut elevan el nivel de conflictividad y los constantes embates promineros tensan una cuerda que en algún momento se rompe y genera respuestas violentas.

La violencia de los arriba parece estar justificada si se trata de una ruptura del contrato político o de la imposición de una actividad extractivista ampliamente rechazada por sectores sociales de diversos orígenes.

Ahora cuando esos sectores violentados se violentan a ellos les cae el peso del Estado con su manejo de la fuerza o el poder de las leyes imperantes que maneja casi discrecionalmente la Justicia.

La vara con la que se mide la violencia en la actualidad no es la misma a uno y a otro lado del conflicto, pero tampoco lo es la aplicación de los castigos ya que no hay un solo político enjuiciado por haber violentado sus promesas de campaña y menos aún por el uso desproporcionado de la violencia contra los violentados.

En tanto que los que se violentan son apuntados con el dedo inquisidor del poder, muchas veces reprimidos y en ocasiones enjuiciados de la manera ejemplificadora para que el accionar violento no se transforme en un mecanismo de respuesta ante las injusticias.

Si bien los violentados cargan sobre sus espaldas la incapacidad de encontrar respuestas que vayan más allá de la propia negativa al avance de la minería, no pudiendo o no queriendo -de manera consciente o inconsciente- generar alternativas productivas y hasta inclusive políticas. El proceso que protagonizan ingresa en un espiral de recalentamiento donde la violencia se presupone cada vez más como una alternativa de respuesta.

De lo contrario, estos sectores podrían encaminarse hacia aceptar la derrota ideológica sobre el rechazo a la minería y encolumnarse dentro de los marcos que el propio sistema democrático les ofrece, en el que a veces terminan confiando como cuando juntan miles de firmas y esperan que los diputados de los partidos tradicionales que denuncian sistemáticamente las conviertan en una ley antiminera.

En ese marco, deberían esperar dos o cuatro años para volver a poner en juego en las urnas sus aspiraciones ambientalistas en un sistema político que ya ha dado sobradas muestras de no estar a la altura de las demandas que el ambientalismo antiminero reclama y necesita.

Estos movimientos sociales también están entrampados producto de sus limitaciones, ya que impulsan el rechazo a la minería pero no ofrecen claramente propuestas con las que contraponerse a la minería; más aún para con aquellos sectores empobrecidos u olvidados de la Meseta chubutense donde conseguir un trabajo no es una opción y a veces ni siquiera se presenta como una aspiración a concretar.

Si bien no es una obligación de los movimientos antimineros dar respuestas a los profundos problemas sociales, productivos y económicos de la provincia, no menos cierto es que no se puede estar 100 años luchando por el «no pasarán» que impulsan; y si así sucediera tampoco se alcanzaría un triunfo de magnitud que apunte a resolver el fondo de la cuestión.

Puede suceder que el poder político y el lobby empresarial prominero logren quebrar esa resistencia y entonces quedará inconclusa la tarea de encaminar soluciones de fondo a una provincia que viene transitando entre crisis cíclicas y constantes, además del costo socioambiental que dejará la minería en plena producción.

Justificada o no, cada vez más la violencia se va transformado en el acto casi cotidiano para dirimir este tipo de conflictos, más allá de las desigualdades con que cuentan y la expresan cada una de las partes; asomándose a un abismo que podría contener la chispa que inicie un incendio social y político de proporciones, para el que nadie tiene una receta con la cual controlarlo. El incendio, tal y como están las cosas en la actualidad, no sería el problema; sino cómo encaminar soluciones y salidas al mismo.

Fuente: El Extremo Sur

Tras varios días sosteniendo la medida, en el transcurso de la noche del viernes manifestantes levantaron el corte de Ruta Nacional Nº 40 a la altura del kilómetro 1.905, sector conocido como Parcela 26, en jurisdicción de Lago Puelo. En el lugar habían colocado troncos de pinos y otros elementos que no permitía el tránsito vehicular.

La Unidad Regional Esquel de la Policía provincial confirmó que los vecinos autoconvocados en oposición a la minería, luego de varios días de interrupción del tránsito demandando se retire de la Legislatura Provincial el proyecto de zonificación minera, al abandonar la ruta limpiaron la zona y vehículos y camiones volvieron a circular normalmente. No obstante algunos manifestantes quedaron a la vera de la ruta con carpas armadas.

En coincidencia con otras protestas como en la costa provincial y en Esquel, un grupo de opositores a la minería, molestos por el rechazo en la Legislatura a la Iniciativa Popular impulsada por las asambleas ciudadanas para prohibir la minería en el territorio chubutense, se apostaron en la Ruta 40 ocasionando un caos en la circulación por la Comarca Andina. Incluso se registró un accidente en el curso de la semana cuando un auto colisionó con palos y troncos atravesados, causando lesiones de una mujer que iba a una atención médica en El Bolsón.

Fuente: El Patagónico

El amparo tiene como fin que la Legislatura cumpla con el deber estatal de consultar y permitir la participación institucional de los pueblos originarios, en relación al proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta central.

Luego de la presentación de un recurso de amparo ante la justicia provincial, por parte de las Comunidades Mapuche Tehuelche “Lof Lefimi”, “Los Pino”, “Mallin de los Cual” y “Chacay Oeste y Laguna Fría”, la jueza Carolina Barreiro ordenó a la Legislatura chubutense la suspención del tratamiento de zonificación minera.

«Los tiempos del amparo son muy breves, hay una ley provincial de amparo que fija términos muy cortos y no hay demasiado que discutir en cuanto a los hechos, a prueba, no hay testigos, no hay peritos, no hay todas las cuestiones que suelen enredar y demorar los juicos», precisó el abogado Juan Manuel Salgado, representante de las comunidades.

En tanto que señaló: «La provincia seguramente apelará la cautelar, pero no es apelable la desición de tramitar el juicio de amparo». 

«Yo creo que después del fallo de la Corte Suprema de hace un mes, es muy dificil que el resultado no sea favorable a las comunides. Porque el fallo de la Corte Suprema respecto de la provincia de Neuquén es ssobre una situación muy parecida a la que está sucediodendo acá, en donde la Legislatura cree que puede dictar una ley que afecta a los pueblos originarios sin ningún tipo de consulta previa», concluyó Salgado.

La demanda fue declarada admisible el día viernes 14 y junto con dicha decisión la justicia ordenó a la Legislatura que se suspendiera el tratamiento de ese proyecto legislativo hasta que se dicte sentencia en el juicio de amparo.

El pedido de las Comunidades se fundamenta en la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obligan a los Estados a establecer mecanismos institucionales de participación y consulta con las autoridades propias de los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarlos directamente, tal como ocurre con el proyecto de zonificación minera.

Fuente: Con Sello Patagónico

Durante el año 2020 las asambleas, organizaciones y vecinos del Chubut (Argentina) lograron recolectar 30.916 firmas en para impulsar un proyecto de ley de iniciativa popular.

La Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut expresó que «miles de personas nos expresaron su apoyo firmando planillas virtuales, ya que buscamos todos los canales posibles para hacer valer este mecanismo de democracia directa».

foro

La UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut) anunció que está llevando adelante un Foro denominado «El proyecto del pueblo», que se extenderá hasta este viernes 14 de mayo en el horario de 19:00 a 21:00 horas (hora argentina).

El mismo se transmite por los siguientes sitios:
– Canal de Youtube de No a la Mina Esquel:

https://www.youtube.com/watch?v=WZ7ERPnB5Vk

– Facebook de Iniciativa Popular Chubut:

https://www.facebook.com/285045808302139/posts/2112962808843754/

– Facebook Red de Medio Alternativos Argentina:

https://www.facebook.com/RNMArg

Ya disertaron Daniel Loncón de la Cátedra libre de pueblo originarios y afrodescendientes de la Universidad Nacional de la Patagonia (Chubut); Silvia de los Santos, abogada y asambleísta (Chubut); y Enrique Viale, abogado ambientalista (Ciudad de Bs As).

El martes 11 de mayo se realizó el 2° Encuentro:

«Somos agua: la fuente de vida amenazada por la megaminería», donde disertaron:
Cristian Hermosilla
Marina Richieri
Lino Pizzolon
Eva Antieco
Marcelo Giraud

Desde ya les invitamos a ser parte para seguir al tanto lo que ocurre en este pedacito de sur. Pueden seguir los encuentros por los links que compartimos en este correo. Si no pueden estar, pueden ayudarnos a difundir.

Todo este trabajo se hace con gran esfuerzo de asambleas de distintas localidades. A la vez se están realizando cortes intermitentes en la Ruta Nacional 40, en la comarca andina por quinto día consecutivo en defensa del agua y pidiendo por la aprobación de la iniciativa popular. Expresiones de difusión virtual, expresiones de resistencia territorial.

¡Les esperamos!

Saludos cordiales

Colectiva Educación Popular Comodoro

Fuente: El Extremo Sur de la Patagonia

Si hay un tema incómodo para la clase política, es la minería. Son pocos los que toman postura de una manera clara, sin dudar, y que además la mantienen a través de los años siempre de la misma manera, mostrando coherencia.

Podríamos mencionar en este sentido al diputado Carlos Gómez en nombre de los petroleros, siempre a favor del desarrollo minero; y por citar dos, a los diputados cordilleranos Zulema Andén y Carlos Mantegna, históricamente en contra de la minería a gran escala. Pero la gran mayoría de los legisladores y los dirigentes, especialmente dentro del justicialismo, ha tenido posturas variables desde que el tema se instaló en 2003, y su discurso ha ido cambiando según el momento y la conveniencia política.

Esta incomodidad fue evidente en los posicionamientos de la sesión del último jueves, y se notó en los argumentos expresados por los legisladores, que en varios casos evitaron tomar definiciones tajantes y jugaron con la especulación.

En esta Legislatura, la relación de fuerzas sigue siendo muy pareja, como lo demuestra el resultado de la votación, con un 13 a 12 donde el árbitro terminó siendo el bloque de la UCR. De todos modos, ese número final termina siendo en parte mentiroso, y puede dar lugar a interpretaciones equivocadas, que ya vamos a explicar.

Hay mucho para analizar en torno a la sesión más caliente del año, y lo primero que hay que decir es que le resultó al oficialismo su estrategia de ganar de mano y apostar al efecto sorpresa, anticipando dos semanas el tratamiento del proyecto 129.

La Iniciativa Popular (IP), impulsada con más de 30 mil firmas por la Unión de Asambleas Ciudadanas, era un dolor de cabeza para un gobierno que está obsesionado con habilitar el desarrollo minero.

En sus 7 artículos que enumeran sustancias químicas que quedarían prohibidas, así como la inhabilitación de la minería metalífera y también de tipo nuclear, la IP significaba el cierre de toda posibilidad a este tipo de inversiones a futuro. Además, según sectores empresarios, se ponía en juego en desarrollo de otras actividades productivas en la provincia vinculadas al petróleo y el aluminio.

El artículo 263 de la Constitución de Chubut, sostiene que “mediante iniciativa popular, todo grupo de ciudadanos de la Provincia en un porcentaje no inferior al tres por ciento del padrón electoral, puede presentar proyectos de ley para el tratamiento en la Legislatura. Esta debe considerarlo en el término de seis meses contados a partir de su presentación”.

Cumplido el paso de la verificación de firmas por parte del Tribunal Electoral Provincial, el proyecto tomó estado parlamentario el 23 de noviembre de 2020. Por lo tanto, la propuesta debía ser considerada antes del 23 de mayo.

El tema estaba frenado desde que había ingresado, y se tejían todo tipo de especulaciones respecto a si iba a ser tratado o no.

Cuando la agenda parecía pasar por otras cuestiones, el último lunes, ADNSUR fue el único medio que informó que el tratamiento de la IP era inminente. Los movimientos previos indicaban que la comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, iba a sacar un despacho por el rechazo –algo lógico si se piensa que esos mismos diputados habían sacado dictamen a favor de la zonificación dos meses antes- lo que efectivamente ocurrió el último miércoles.

De este modo, después de tres intentos fallidos de parte del gobierno (en diciembre, febrero y marzo) para tratar el proyecto 128 de zonificación, llegó el día en que la Legislatura se abocó a tratar un tema vinculado a la minería. Por fin se daba la oportunidad de presenciar un debate público -que es cierto no se dio en la comisión, pero que nada impedía que se genere en el recinto-, para saber de qué lado está parado cada legislador, si a favor o en contra de la minería. Y si bien hubo cruces interesantes, quedó sabor a poco, porque muchos diputados no terminaron de fijar una postura.

VOTACION ENGAÑOSA

El título de este apartado alude al resultado final, que merece una serie de explicaciones. Lo primero para decir es que el último jueves, solamente se trató el rechazo al proyecto 129/20, pero nadie propuso que se vote un dictamen a favor de la IP. Esto quiere decir que ninguno de los 27 legisladores integrados en 7 bloques (aunque suene increíble, las siete bancadas están representadas en los 9 diputados de la comisión de Recursos Naturales), elaboró una fundamentación a favor de aprobar la Iniciativa Popular.

Si esto hubiera ocurrido, hubiera sido mucho más claro el posicionamiento de los diputados. Porque lo que hoy sabemos, es quiénes están en contra de la IP (el bloque de Chubut al Frente con sus aliados Eliceche y López), quiénes no querían rechazarla de plano (los bloques de Chubut Unido y Frente de Todos), y quiénes eligieron no opinar (la UCR), pero no conocemos quiénes estaban dispuestos a sancionar esa ley, porque no quisieron decirlo.

Tres puntos a tener en cuenta: 1) con sus abstenciones, los diputados radicales permitieron que la IP fuera rechazada, como quería el gobierno; 2) terminó jugando un rol clave el oficialista Pablo Nouveau –cordillerano de la Ramón Carrillo- quien ya ha declarado que está en contra de la zonificación, pero dio su voto para rechazar la IP; 3) y a la inversa, la diputada de Camioneros, Tatiana Goic, está en contra del proyecto 129 y a favor de la zonificación, pero el otro día votó con el grupo que no quería rechazarla, una postura difícil de explicar.

Esto demuestra que es un error llegar a la conclusión, según lo visto el jueves, de que hay 13 diputados a favor de la minería, 12 diputados en contra, y dos que no quieren opinar. Lo único cierto es que hubo una mayoría ajustadísima y conseguida a último momento, que logró archivar en la Legislatura -para que no tenga más posibilidad de ser abordada-, una propuesta que buscaba impedir definitivamente la actividad minera, con el argumento de que esto sería inconstitucional.

Y en este punto es que se puede afirmar que, a pesar de toda la presión para que se trate el proyecto 128 de zonificación -que incluso ya tiene dictamen favorable-, la razón por la que aún no fue puesto a consideración en el Orden del Día, es sencilla: no están los votos para aprobarlo. Nuestro relevamiento indica que, si el oficialismo lo intentara, sólo contaría con 12 votos garantizados. Y este número surge, si miramos la votación de hace cuatro días, en que a favor de la zonificación habría que sumar el voto de Goic, pero se debería restar a Nouveau y poner en duda a alguna legisladora madrynense del sastrismo.

Es decir que si el gobierno llegara a forzar esa votación por el proyecto 128/20, correría un enorme riesgo: con los 6 votos del PJ, los 4 de Chubut Unido, los 2 de la UCR, más el aporte de los votos oficialistas de Andén y Nouveau, la oposición podría alcanzar las 14 manos para archivar la zonificación. Por eso la estrategia es simple: dejarlo “stand by” –de ninguna manera el Ejecutivo lo va a retirar como están pidiendo algunos intendentes cordilleranos, caso Ongarato e Ingram- a la espera de que cambien las condiciones, quizás después de las elecciones.

Por ello hablamos de un resultado engañoso, que no es fácil explicar: la Iniciativa Popular fue rechazada con 13 votos, pero a su vez la zonificación también podría ser rechazada con 14 votos. Ni una cosa, ni la otra. Así de extraño es el escenario político, donde la mayoría especula con salir lo más airoso posible ante un asunto de extrema sensibilidad social, pagando el menor costo político, de cara a las elecciones que se avecinan. Pero, ¿es eso posible?

EL COSTO POLITICO

Fueron significativas algunas declaraciones mediáticas luego de la votación, donde se expresan las lecturas desde cada sector político para tratar de salir parado lo mejor posible, asignando a sus rivales la mayor carga negativa de responsabilidad. En principio, da la impresión de que sería el oficialismo el que podría pagar el costo más alto por impedir una ley que lleva la firma de 31 mil vecinos (una cifra que, de acuerdo a los últimos resultados electorales, sería la cuarta fuerza más votada, y que puede torcer el rumbo de una elección).

Sin embargo, en las declaraciones respecto a lo votado por la Legislatura, algunos se mostraron más cómodos que otros. Por caso el vicegobernador Ricardo Sastre, defendió lo actuado por el oficialismo en una ley que a su entender ponía en riesgo miles de puestos de trabajo del sector aluminio y la industria petrolera.

Y a su vez, cuestionó a la dirigencia que dijo, “hace demagogia para la tribuna”, pero que en los hechos no se la juega.

De este modo, apuntó especialmente al bloque del PJ, cuyos integrantes fueron cuestionados en la sesión por las diputadas Tatiana Goic y Gabriela De Lucía, por considerar que -al no haber propuesto un dictamen por la aprobación de la IP-, se sacaron el tema de encima sin dar una opinión de fondo, y jugando a la especulación.

Menos cómodo se lo notó al declarar, al intendente comodorense, Juan Pablo Luque, quien dijo que en la sesión se puso en riesgo la actividad de la industria petrolera y miles de puestos de trabajo. Justamente ése había sido el argumento del arcionismo, de diputados como Carlos Gómez y Juan Pais, para votar en contra de la Iniciativa Popular. ¿A quién iba dirigida la crítica del intendente?.

Como era de esperar, el trelewense Adrián Maderna salió a respaldar a sus diputados del bloque Chubut Unido por no votar en contra de la IP. Una postura lógica, ya que desde el sector político de esa ciudad, hasta el mismo Concejo Deliberante se expresó en contra de la minería. No parece haber habido costo político para ese sector, aunque sus legisladores perdieron la votación y no supieron contrarrestar la estrategia del oficialismo,

Pero sin dudas, lo que despertó una repercusión enorme hacia adentro de la UCR fue el posicionamiento de Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera, quienes fueron acusados por muchos de sus correligionarios de “tibios” por abstenerse de votar.

En un año electoral, dirigentes como Mario Cimadevilla y Orlando Vera aprovecharon a criticar a sus “enemigos” internos, mientras que la presidenta del partido, Jaqueline Caminoa –histórica anti minera- no dijo nada públicamente. Uno de los más expuestos en estas horas fue el intendente radical de Esquel, Sergio Ongarato, quien se puso a la cabeza del reclamo de sus vecinos y trató de interceder ante el vicegobernador para que no se trate el tema, y ante sus diputados para que cambien su voto, pero no tuvo mayor éxito en sus gestiones.

PASE DE FACTURA GENERAL

Está claro que, en un año de elecciones, todo se lee en clave de campaña. Y más aún con un tema como el de la minería, de los pocos que despierta interés en una opinión pública que está generalmente alejada de la vida política. ¿Puede algún sector decir que sale fortalecido de la discusión de este tema? No da la impresión, y para muestra, citemos el comunicado de la asamblea de autoconvocados en la ruta 3 en el acceso a Trelew: allí denunciaron “el nuevo pacto sin grieta de todos los bloques legislativos para pisotear la voluntad expresada en la IP”.

Y por si quedaban dudas, en el cierre de su comunicado, afirmaron que “responsabilizamos al gobierno provincial y nacional” de la permanencia en la ruta de los vecinos y de su integridad física. Es decir, si alguien quería sacar rédito político al menos con este sector importante de la sociedad que apoyó la propuesta antiminera, la respuesta es que para estos vecinos, toda la clase política es lo mismo.

La minería sigue siendo, por lejos, el tema más incómodo para los políticos de Chubut. Lo resuelto esta semana –decisión tomada que no tiene marcha atrás desde lo legal- no acaba con la discusión, sino que la exacerba aún más. En una cuestión que no admite medias tintas, las elecciones inminentes ponen a la orden del día las estrategias especulativas, que juegan con la esperanza genuina de vecinos que pretendían un tratamiento serio.

El riesgo, como ya lo hemos expresado más de una vez, es que un tema tan sensible continúe trabando e interfiriendo en los acuerdos que hacen falta para abordar otros temas de interés público, y que también son importantes. Lo único positivo, si pensamos en nuestra columna de opinión de hace dos semanas en la que cuestionábamos el rol intrascendente de la Legislatura, es que por fin pudimos asistir a un debate parlamentario sobre un tema de interés general. Lo que ahora queda reclamar, es que los diputados se la jueguen en serio con sus opiniones.

POR PABLO VERNAZZA

El pueblo chubutense viene reclamando sea tratada la Iniciativa Popular en el parlamento contra la megaminería y en defensa del Medio ambiente. Los vecinos denuncian que el secretario de seguridad de Chubut se encuentra cerca del lugar organizando una patota para romper el corte.

Desde el Gobierno provincial vienen ignorando los reclamos, Chubut resiste, quieren amedrentar al pueblo trabajador con patotas de la burocracia sindical, amenazas y persecuciones, llenemos de apoyo y solidaridad las rutas de Chubut.

Pese al buen diálogo que existe entre asambleístas y trabajadores camioneros, en estos momentos los ambientalistas denuncian que están siendo amedrentados por un grupo de la burocracia de Camioneros que están apostados cerca de la ruta. Que Pablo Moyano salga a dar su apoyo a todo el pueblo chubutense repudiando el accionar de las patotas que defienden los intereses de la megaminería al igual que el gobierno provincial.

Desde la asamblea conformada en el corte de la Ruta Nacional Nro 3, informamos que continuamos sosteniendo este corte ante la indiferencia de las autoridades del gobierno provincial, frente al reclamo de que se trate de manera seria y profunda el proyecto de ley presentado por iniciativa popular con el apoyo de más de 30000 firmas de vecines de toda la provincia.

Pese a lo legítimo del reclamo, hasta el momento ninguna representante del gobierno se ha acercado a la manifestación.

Asimismo, hemos tomado conocimiento que hay un grupo de personas organizadas por la burocracia sindical de camioneros que planean junto con el aval del ministro de seguridad de la provincia, Federico Massoni, romper este corte.

Esto lo sabemos, porque el mismo Massoni está presente en las inmediaciones del lugar organizando las patotas en connivencia con la Policía y Gendarmería dependientes del Gobierno nacional.

Queremos dejar en claro que en estás más de 48 hs de corte, con la mayoría de los trabajadores camioneros hemos podido sostener un diálogo y mutuo entendimiento.

Lo que hoy se está organizado es una patota que no representa a lxs trabajadores, sino los intereses del gobierno y de las mineras.

Hacemos responsable al gobierno de Mariano Arcioni, Ricardo Sastre y el gobierno nacional en caso de que se vea vulnerada la integridad física de todes y cada une de lxs vecinxs que nos manifestamos pacíficamente en la ruta.

Pedimos a todes aquelles que puedan, se acerquen a apoyar el corte, para sostener en alto está lucha, que es por el agua y por la vida. Llamamos a todas las asambleas de los territorios e lucha a acompañar y difundir esta situación para saltar cerco mediático.

La Izquierda Diario dialogó con algunos de los vecinos que se encuentran por tercer día consecutivo cortando la Ruta 3 exigiendo que sea ley la Iniciativa Popular

Fuente: La Izquierda Diario

El día miércoles 5 de mayo, la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura del Chubut emitió dictamen negativo para el Proyecto 129/20. El proyecto busca prohibir la minería metalífera a gran escala con uso de sustancias tóxicas (megaminería) y fue presentado por Iniciativa Popular acompañado de 30.916 firmas chubutenses. Toda la información aquí https://leymineriachubut.com.

El mismo día, la Legislatura de la Provincia del Chubut elabora el orden del día para la sesión del jueves 6 e incluye en ella el tratamiento del Dictamen emitido por aquella Comisión. En una sesión vergonzosa, 13 diputados rechazaron el tratamiento de la Iniciativa mientras que 12 lo aprobaron y 2 se abstuvieron.

El resultado de la votación pone en evidencia la falta de compromiso de los legisladores con la voluntad popular y su posicionamiento servil con las corporaciones mineras y su cómplice, el Gobernador Mariano Arcioni.

La propuesta para la votación fue la de aprobar o rechazar el dictamen de Comisión. En la columna A la lista de traidores al pueblo. En la columna C, los votos de diputados de la oposición al gobierno actual que solo reafirmaron con su indecisión el voto de los traidores.

Una vez más, la democracia chubutense expone su decadencia.

Fuente: No a la Mina

Este jueves a través de su cuenta personal en la red social de Twitter el abogado ambientalista Enrique Viale se pronunció sobre la decisión tomada por los diputados con respecto al proyecto de la Iniciativa Popular.

Expresó “en Chubut los ciudadanos consiguieron, durante meses, 30.000 firmas reales para una Iniciativa Popular para proteger el agua y prohibir tóxicos en minería”.

Sin embargo, “la Legislatura de Chubut, en un trámite express, vía remota, sin siquiera una audiencia, la rechazó. Hablemos de Democracia”.

Declaraciones

La Legislatura de Chubut rechazó este jueves, por 13 votos contra 12 y dos abstenciones, el proyecto que buscaba prohibir la actividad minera en todo el territorio provincial. El mismo tenía el aval de 30.000 ciudadanos que firmaron a favor de la iniciativa.

Lo curioso es que este proyecto para directamente prohibir la minería en Chubut se trató después de poner en stand by una iniciativa del gobernador Mariano Arcioni de «zonificación», habilitando el proyecto Navidad, considerado el mayor yacimiento del plata del mundo sin explotar.

Meses atrás, cuando el oficialismo chubutense tenía los votos necesarios para sacar esa ley de zonificación y el acompañamiento del presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Kirchner ordenó a sus diputados abstenerse de la votación, al menos hasta que se realicen las elecciones legislativas.

En la sesión de este jueves a la mañana, que se realizó vía zoom, se trató el proyecto que impulsaba prohibir la minería en toda la provincia y que había llegado al recinto bajo la forma de «iniciativa popular». Sin embargo, fue rechazado con un margen de un voto.

Por otra parte, el proyecto oficial de zonificación, que ahora sería reflotado, pretende definir zonas en las que se pueda desarrollar la actividad, mientras que en otras, como los proyectos metalíferos de Esquel y otras ciudades de la cordillera, se mantendría la prohibición.

Fuente: Memo

Inician una toma de las instalaciones del Municipio de Esquel por el rechazo a la Iniciativa, otro dolor de cabeza para el gobernador Arcioni.

La Legislatura de Chubut rechazó este jueves, por 13 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, una iniciativa popular que buscaba prohibir la megaminería en la provincia y que contaba con 30.000 firmas de adhesión.

Una vez conocida la definición de la Legislatura de Chubut que echó por tierra con la Iniciativa Popular integrantes de la Asamblea de vecinos autoconvocados del NO a la Mina ingresaron en el hall del municipio de Esquel. La postura es no moverse del lugar hasta que se modifique la situación.

Entre 30 y 40 personas ingresaron al edificio municipal esta mañana y se ubicaron en el hall de entrada en rechazo con lo sucedido en las últimas horas. Aclararon que se trata de una medida pacífica pero fueron firmes en sostener que no van a salir del lugar en rechazo a lo aprobado por los diputados. El reproche a Ongarato también está dirigido los legisladores del radicalismo que definieron abstenerse.

«Les pido que no tomen el lugar» les dijo el Intendente Ongarato a la gente que desde la madrugada permanecían en el exterior del edificio.

Los legisladores que votaron en contra del proyecto fueron: Xenia Adriana, Gabella Monglardi, Emiliano Roddy, Ingram Graciela Cigudosa, María Magdalena Cativa, Claudia Mariela Williams, Carlos Gómez, Gabriela de Lucia, Juan Horacio País, Sebastián López, Pablo Sebastián Nouveau, Carlos Eliceche y Miguel Agustín.

Fuente: Visión Política