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El ministro de Economía y algo más, Sergio Massa, anunció una serie de medidas económicas con el fin de reducir el déficit fiscal y estabilizar el mercado cambiario.

En una conferencia de prensa, el nuevo titular del Palacio de Hacienda se refirió en reiteradas oportunidades a medidas que impactarán en la industria minera nacional. No se descartan reuniones con inversores mineros y con José Luis Gioja. Se profundizarán controles de exportación.

¿Qué paradoja la vida política de nuestro santo país? Ahora es uno de los más fervientes opositores al desarrollo minero, como es ministro, aparece en escena colocando a la industria dentro de las cuatro patas de su estrategia para revertir el pésimo panorama del país en fu faz institucional y económica.

Sergio Massa dejó atrás su anacrónico y fantasmal discurso antiminero para entender que, aun en el peor momento, la industria es un sector aliado a la nación, lícito y realmente necesario para romper con esa manía de que la clase dirigente rompa el país. Los más de esta nación queremos que al dirigente del Peronismo Renovador le vaya bien. Acierte con sus consensos y estrategias para sacar al país del pantano en que se encuentra. Por eso no es hora de antinomias, es una instancia de sumar más y más esfuerzos. Además una excelente oportunidad para demostrar una vez más a la sociedad que este sector es dinámica, transformadora y apuesto al futuro y la generación de oportunidades para el bienestar de los argentinos.

Regímenes especiales para minería, agroindustria e hidrocarburos:

Nadie sabe a ciencia cierta cómo logrará este objetivo. No obstante desde allegados a la industria hicieron saber que la intención del nuevo “hombre fuerte” del gobierno del Frente para Todos buscará más inversiones en sectores estratégicos de la economía, como minería, agroindustria e hidrocarburos (petróleo y gas). “Vamos a promover por DNU regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos por aumento de producción, y de economía del conocimiento”, dijo el flamante ministro.

Sobre este aspecto Prensa GeoMinera pudo conversar en “off” con quienes llevan adelante las ideas aún no determinadas por el gobierno, para llevar adelante. La intención es que quieren llevar a la práctica de un acuerdo similar al experimentado durante el año 2012 entre YPF y Chevron para focalizar ingreso de divisas en proyecto avanzados y con efecto a corto plazo, tal como ocurriera en Vaca Muerta en la oportunidad de enfocarse a los Hidrocarburos.

En primer término se dialogó con un experimentado geólogo que se desempeña actualmente en el área energética para que durante los próximos días acerque una agenda que se pueda compatibilizar con la minería tal como sucedió en la gestión de Cristina Fernández. Si bien el profesional consultado por esta redacción hizo hincapié que minería no es similar – operativamente – a los hidrocarburos, se entiende que los inversores en litio si podrían hacerlo en corto plazo, no obstante se hizo hincapié que se puede obtener ventajas con el inminente inicio de construcción del proyecto “Josemaría” del grupo Lundin.

Adelanto de exportaciones para agro, pesca y minería

Con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central, se les dará un beneficio especial a los sectores del agro, la pesca y la minería, que podría ser una ampliación del “dólar soja”, que presentó el Banco Central la semana pasada. El nuevo equipo económico apuesta a que se liquiden US$5.000 millones en los próximos 60 días. Además, Massa adelantó que habrá un desembolso de US$1.200 millones de organismos internacionales por programas vigentes y que se negoció un nuevo programa con la CAF, que implicará otro desembolso adicional de US$750 millones adicionales. Entienden que la minería, a 180 días podría efectuar importantes aportes y es de esperan que la presente semana del 8 al 13, convoquen a las empresas al palacio de Hacienda a expresar sus posibilidades. Para ello pedirán apoyo logístico a los gobernadores, Alicia Kirchner de Santa Cruz y Sergio Uñac, de San Juan.

Denunciará distorsiones de facturación de comercio exterior

Otro anuncio de Massa, no muy feliz para la industria es que Massa anunció un mayor control en la Aduana, a través de Guillermo Mitchell, un funcionario cercano a él que había sido designado en la gestión de Silvina Batakis. En concreto, el ministro indicó que se denunciará en la Justicia y ante la unidad antilavado de Estados Unidos casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Asimismo, indicó que pondrá en marcha “un sistema de trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones”.

El tema de la “subfacturación de exportaciones” apareció en agenda a pedido José De Mendiguren quien habría sugerido una mayor precisión de la lupa hacia empresas que han sido “observada” por maniobras de fraude en los últimos cinco años. Para lo cual se puso de ejemplo los últimos sucesos experimentados en Catamarca con Livent.

Consultarán a José Luis Gioja sobre temas mineros:

El ex intendente de Tigre dialogó informalmente con el ex gobernador de San Juan tras conocerse el anuncio oficial de su ingreso al gobierno. En la oportunidad José Luis Gioja le habría expresado “Mirá Sergio la minería puede darte una gran ayuda a tu gestión y a nuestro presidente, tenemos que hablar urgente y por eso me pongo a tu disposición” le habría señalado el actual diputado nacional.

Según allegados al ex mandatario sanjuanino, la urgencia y delicada situación económica que padece el país “no tiene nombres a instalar pero sí necesita acciones contundentes, poner lo que hay que poner y congregar esfuerzos para beneficiar al país”. Sugieren que en los próximos días habrá un encuentro de Gioja con el equipo del “hombre fuerte” con la clara intención de ayudar y de logar “los objetivos que se han trazado desde la nueva autoridad” que asumió en estado de salvador de la presidencia y gestión de los Fernández.

Este jueves 4 de agosto los vecinos autoconvocados por el No a la Mina volvieron a marchar por las calles céntricas de Esquel. La concentración fue en la plaza San Martín.

Como ocurre todos los meses, este jueves 4 de agosto los vecinos autoconvocados por el No a la Mina volvieron a marchar por las calles céntricas de la ciudad de Esquel. La concentración fue en la plaza San Martín, donde se leyó el documento elaborado por la Asamblea.

En la convocatoria a esta marcha, desde el No a la Mina recordaron que la «plaza representa la historia de nuestra lucha porque no podemos detenernos, relajarnos u olvidarnos de que la voracidad extractivista nos acecha todos los días desde hace casi 20 años».

En el documento leído en la Plaza, previo a la Marcha, remarcaron que «nada cambió desde el Chubutazo, es más, se tornó más crítico para los defensores del agua porque la represión fue condecorada, ningún legislador levantó su voz para defender al pueblo y la justicia nos abandonó archivando una causa con innumerables pruebas sobre el abuso policial».

«Todo lo acontecido en este último tiempo demuestra lo que venimos denunciando hace casi 20 años. Cada gobierno que pasa es servil a los intereses de los emprendimientos mineros. La justicia brilla por su ausencia, desconociendo los violentos hechos ocurridos en diciembre», agrega el documetno.

Finalmente remarcan que «este pueblo tiene memoria, y la dignidad para seguir sosteniendo esta lucha en la calle. Seguiremos de pie, hasta lograr que aprueben nuestra ley por Iniciativa Popular. Con la dignidad en alto, con 20 años de resistencia, sigamos en la calle y sumemos voluntades».

La voraz búsqueda de oro en el sur de Venezuela, practicada por miles de mineros ilegales amparados por diversos grupos armados, representa la mayor amenaza actual para la vida de sus indígenas, su hábitat y sus culturas, coinciden en señalar sus organizaciones y defensores de los derechos humanos.

En ese territorio que forma parte de la Amazonia «la minería, la violencia, la destrucción del hábitat, la muerte por enfermedades y la migración forzosa conforman un contexto que ya los indígenas califican como genocidio silencioso», observó a IPS el investigador Aimé Tillet, con largos años de trabajo en el área.

Al otro extremo del país, en el noroeste fronterizo con Colombia, en el drama indígena destaca la delimitación pendiente de sus territorios, que les ha llevado a enfrentamientos y muertes en sus intentos por recuperar tierras ancestrales, mientras mueren de mengua y a menudo se ven reducidos a la indigencia.

Hay rasgos comunes en esa vida en regiones fronterizas que son hábitats indígenas, como el abandono por parte del Estado central, al incumplir sus deberes en salud, educación, seguridad, provisión de alimentos, combustible y transporte, insumos, comunicaciones y consultas debidas a los pueblos originarios.

El gobierno aúpa la actividad minera y decretó en 2016 como «Arco Minero del Orinoco», en la margen derecha del río, un área de 111 844 kilómetros cuadrados, más grande que Bulgaria, Cuba o Portugal. En paralelo estableció una empresa de la Fuerza Armada, Camimpeg, para liderar la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales convencionales y raros, de los que el país es especialmente rico.

La opacidad es un lunar en el manejo de las empresas militares por parte de las autoridades, según organizaciones no gubernamentales como Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa

La prensa local ha mostrado unidades militares y policiales en la región involucradas en incidentes en torno a la actividad minera que han causado protestas de indígenas y defensores de los derechos humanos, y que van desde muertes de indígenas en altercados hasta masacres en las que «grupos desconocidos» han asesinado a decenas de personas.

La minería más artesanal y también ilegal, en centenares de espacios deforestados y junto a ríos contaminados con mercurio para la reducción del oro, es a menudo controlada por bandas delictivas que se autodenominan «sindicatos» y trafican con el metal, los insumos y también con las personas que van a trabajar en esas minas, muchas veces en forma forzosa.

Desde hace algunos años a los peligros se han sumado las guerrillas colombianas, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que participa de la minería y otras actividades ilegales en el sureño estado de Amazonas, así como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pacificadas en 2016, según destacan organizaciones de derechos humanos.

En la Sierra de Perijá, hábitat de tres pueblos originarios y que marca parte de la frontera norte entre Colombia y Venezuela, el ELN penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, cobra «vacunas (impuestos)» a ganaderos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas.

La empresa canadiense Consolidated Uranium anunció que este mismo mes iniciará un “agresivo programa de exploración” de uranio en el proyecto Laguna Salada, “si logra los permisos”. Se ubica cerca del embalse del dique Ameghino y fuera de la zona propuesta por la “Zonificación”. La empresa compró el proyecto el diciembre del año pasado, en medio de las masivas movilizaciones populares.

Mediante un comunicado oficial, la minera canadiense Consolidated Uranium anunció este lunes el inicio de un “Agresivo Plan de Exploración” para este 2022 en el proyecto uranífero denominado Laguna Salada, ubicado cerca del desaparecido Río Chico y cerca del embalse del Dique Florentino Ameghino.

Un dato no menor es que el proyecto se ubica en el departamento Mártires, por fuera de la zona que se proponía con la derogada “Zonificación”, y que el lobby minero aseguraba sería la “única” zona para la megaminería.

Además, la empresa comenzó las negociaciones para comprar el proyecto a la minera canadiense “U308” en diciembre de 2020, semanas después que el Gobierno presentara a la Legislatura el proyecto de “Zonificación” 128/20.

Finalmente, concretó la compra el 21 diciembre del 2021, cuando la ley ya había sido aprobada por la Legislatura (con el voto de 14 diputados) y mientras la comunidad chubutense se movilizaba en contra de la actividad.

En este contexto, este 11 de abril la firma Consolidated Uranium anunció que iniciará un nuevo programa de exploración de uranio en Laguna Salada, asegurando que lo hará si “logra los permisos necesarios”.

Además, remarcaron que tienen intenciones de iniciar este plan “este mismo mes de abril”, en el denominado objetivo ‘La Rosada’, que está dentro del proyecto Laguna Salada y se encuentra en el extremo norte de la zona.

El director ejecutivo de la empresa, Philip Williams, apuntó que “estamos emocionados por iniciar este programa en Laguna Salada, que representa el primer trabajo dentro del proyecto desde 2012”.

Según Williams, ‘La Rosada’ presenta una geología y una mineralización “similares a las zonas Guanaco y Lago Seco (también dentro del proyecto)” por lo que el nuevo objetivo “ofrece potencial”.

“Nuestro plan es definir sistemáticamente la amplitud de la posible mineralización de uranio y vanadio, que es el primer paso para avanzar hacia la posible perforación en el proyecto”, señaló.

Es importante recordar que Laguna Salada es un proyecto de “exploración avanzada” que ha venido siendo promocionado por el Gobierno nacional en las diferentes exposiciones internacionales, junto al ‘Suyai’ en Esquel (de Yamana Gold) y el ‘Navidad’ en la Meseta (de Pan American Silver); entre otros.

Asimismo, el anuncio se da en medio del impulso que pretende dar el Estado Nacional a la energía nuclear, para lo cual se demandará uranio.

Tal como sucede los 4 de cada mes, vecinos Autoconvocados por el No a la Mina marcharon ayer viernes por las calles céntricas de Esquel para renovar el repudio a la actividad minera.

La concentración fue como siempre en la Plaza General San Martín, alrededor de las 18 horas. Luego, se llevó adelante la movilización por el centro de la ciudad.

El documento elaborado por la Asamblea indicó que “hoy 4 de marzo de 2022 nos encontramos en esta plaza, unidos como hace 19 años y convencidos de que sólo el pueblo salva al pueblo”.

Dejaron en claro que “no nos vamos a cansar de reclamar lo que para nosotros es la vida y el futuro de las generaciones venideras”.

“Lo demostramos durante 19 años en las calles y seguimos reclamando por 3ra vez con una nueva Iniciativa Popular ante una legislatura que debería, alguna vez, escuchar nuestros reclamos y dejar de esconderse detrás de los bastones de las fuerzas de seguridad”, expresaron.

Agregaron que “acá nadie se rinde a pesar de la soberbia y la falta de respeto, la voluntad popular continúa reclamando recomposición salarial para el personal de la administración pública, reconocimiento para el personal de salud que aún se debate frente a la pandemia y la generación de puestos de trabajo formales para el pueblo”.

Reclamaron que “la falta de gestión para el abordaje de una economía sustentable es materia pendiente de una dirigencia, que no hace otra cosa que mirar por sus bolsillos”.

“Los convocamos para redoblar los esfuerzos en esta juntada de firmas y para que de una vez y para siempre las mineras y su codicia se vayan definitivamente”, plantearon.

La “marcha de los 4” contra la megaminería sumará actividades festivas por los carnavales. También se podrá firmar la 3ª Iniciativa Popular.

Este viernes se realizará en Trelew la tradicional “marcha de los 4” contra la megaminería y en defensa del agua, que en esta ocasión sumará actividades festivas por los carnavales. La convocatoria es desde las 18 en la peatonal Gazin, desde donde partirá la movilización.

Allí también es desarrollará el “carnaval en defensa del agua” con el grupo Marimba. Habrá un taller de Circo a cargo de “Circanal” y se presentará la murga “La Descarcajada”, entre otras propuestas artísticas y recreativas.

En la ocasión también los vecinos podrán firmar la 3ª Iniciativa Popular contra la megaminería.

 

El mes pasado las asambleas comenzaron el proceso de recolección de abales para presentar por 3ª vez un proyecto de Ley para prohibir la minería metalífera a gran escala y de minerales nucleares. La 1ª fue convertida en el “fraude legislativo” que apoyaron 15 diputados y la 2ª fue desechada en tratamiento exprés por 13 legisladores.

Hace poco más de un mes en Chubut los vecinos y asambleas desarrollan el proceso de recolección de firmas para presentar por 3ª vez, mediante Iniciativa Popular, un proyecto de Ley para ampliar la 5.001 y prohibir la megaminería en la Provincia.

Para ello se ha fijado como meta reunir más de 100 firmas de adhesión al proyecto, con el objetivo de transformarlo en una suerte de “consulta popular” respecto al extractivismo minero a gran escala en la Provincia.

Vale recordar que la 1ª IP se presentó con más de 13 mil firmas en el 2014 y la por entonces conformación de la Legislatura la transformó de manera escandalosa, sobre el límite del plazo constitucional establecido, en un proyecto totalmente diferente al que habían presentado las asambleas.

En aquella ocasión votaron a favor del “fraude legislativo” los ex diputados Héctor Trotta; Juan Ale; Javier Cisneros; Eduardo Daniel; Mónica Gallego; Elba Willhuber (actual funcionaria de Provincia); Vicente Jara; Alejandra Johnson Taccari; Argentina Martínez; Adolfo Mariñanco; Exequiel Villagra; Gustavo Reyes; Félix Sotomayor (Frente para la Victoria), y Carlos Gómez (actual diputado provincial) y Gustavo Muñiz (PJ).

La 2ª IP, en tanto, fue presentada con el apoyo de más de 30 mil chubutenses que firmaron la iniciativa en medio de la pandemia. El proyecto ingresó en 2020, el mismo día que también ingresó la “Zonificación”. En este caso el proyecto fue “dormido” en comisión y en mayo, en menos de 24 horas, fue desechado en una sesión que se realizó de manera virtual.

En esta ocasión votaron en contra de la IP los actuales diputados Xenia Gabella; Miguel Antin; Emiliano Mongilardi; Roddy Ingram; Graciela Cigudosa; María Cativa; Mariela Williams; Carlos Gómez; Gabriela De Lucía; Pablo Nouveau y Juan Horacio Pais (Chubut al Frente), Sebastián López (Pro) y Carlos Eliceche (PJ); además de la abstención de Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera (Juntos por el Cambio).

Por lo sucedido con las anteriores, y con las recientes movilizaciones populares de diciembre, es que esta 3ª IP se ha propuesto reunir como piso 100 mil firmas para de esta forma buscar que la Legislatura (la misma que desechó la 2ª en 2021) dé un verdadero tratamiento al proyecto de Ley.

El proyecto se puede leer en leymineriachubut.com.ar y es importante recordar que pueden firmar las personas que se encuentran en el padrón electoral. Al momento de suscribir también se debe colocar el domicilio que figura en el DNI.

La tarea la realizan en toda la Provincia las diferentes asambleas y los propios vecinos. En algunos casos hay puntos fijos donde se puede firmar pero también se instalan mesas en diferentes puntos y eventos que se desarrollan en el territorio.

Por último, es importante advertir que mientras la comunidad se moviliza, a nivel nacional ha vuelto a operar el lobby que busca habilitar la megaminería en la Provincia y han comenzado una campaña en la cual se esboza que los vecinos rechazan la actividad por “falta de conocimiento”.

Precisamente esta semana altos funcionarios del Gobierno nacional han salido a hacer estas manifestaciones, anticipando incluso una “mesa abierta” para intentar convencer a la comunidad.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que la visión de la minería que tiene el Gobierno nacional es una que “cuide el ambiente, desarrolle las comunidades, genere desarrollo productivo, y estimule el desarrollo nacional”, en contraposición a una extractivista.

El titular de la cartera productiva expresó esta mañana en declaraciones radiales que “la actividad minera es una actividad que genera más de 30.000 puestos de trabajo de forma directa y 80.000 considerando los indirectos, y un sector que genera muchas divisas”.

Sin embargo, remarcó que “una minería que destruye el ambiente es extractivista, mientras que una que lo cuida, desarrolla las comunidades y genera desarrollo productivo es una actividad que estimula el desarrollo nacional”.

“Minería para nosotros es sinónimo de trabajo, de exportaciones, de desarrollo federal”, aseguró, y destacó que para el Gobierno nacional “la minería que queremos es una que cuide el ambiente, que involucre a la comunidad, que mejore las comunidades donde se inserta, que genere desarrollo productivo, y que haya industrias y pymes que trabajen con eso, si estas condiciones no se dan, es extractivista”.

En esa línea, afirmó que “hoy parte de la sociedad duda respecto de la actividad minera y su impacto ambiental”, por lo que se está “buscando un espacio de trabajo donde esto pueda ser presentado y debatido con datos de la realidad y con los actores reales: el sector empresario, el sector sindical, y estamos invitando a otros ministerios también, como el de Ciencia y Tecnología, el de Ambiente, el Ministerio de Salud de la Nación”.

“Hay que analizar todo esto con detalle, con datos de la realidad, no con intuiciones o con consignas ideologizadas”, sostuvo.

En ese sentido, puntualizó que “la mesa de trabajo apunta a construir confianza sobre información fidedigna”.

Silvina Borgia, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, en declaraciones a La Portada informó que además del localito de Avenida Fontana y Alvear se cuenta con otro espacio fijo al que la comunidad se puede acercar para firmar la Tercera Iniciativa Popular.

“Ese espacio fijo es la Biblioteca Tolkeyèn los días martes, miércoles y jueves de 10 a 12 y de 17 a 20 horas”, indicó. Y agregó que se prevé continuar con la recolección de firmas “en la puerta del supermercado La Anónima los días que hacen descuentos a los estatales”.

La vecina mencionó que “los puntos itinerantes dependen mucho de la disponibilidad de tiempo”. Y confirmó que durante los festejos de aniversario de la ciudad “estaremos en la Expo Esquel y otros espacios”. “La juntada de firmas viene muy bien no sólo en Esquel, sino en otras ciudades de la provincia de acuerdo a lo que señalan las otras asambleas”, expresó. “Se está haciendo la juntada en localidades como Epuyèn, El Hoyo, Lago Puelo, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn y en varios puntos de la meseta”, explicó.

Borgia, al ser consultada respecto de si es factible realizar la firma de la IP en forma virtual manifestó que no está dentro de lo permitido. “No es posible porque se tiene que hacer la recolección de firmas de la manera en la que la estamos haciendo. Hay estudiantes que vuelven a Córdoba y se llevan planillas, En la Casa del Chubut, en Buenos Aires, hay planillas como así también en La Plata”, remarcó.

Para finalizar recordó que la IP sólo puede ser firmada por residentes de la provincia del Chubut “nos consultan de otras provincias si pueden firmar, pero al tratarse de un proyecto de ley provincial sólo la pueden firmar los ciudadanos de Chubut”.

El pasado viernes 21 de enero la UACCh dio a conocer un documento en el que da los fundamentos para impulsar en este 2022 la tercera Iniciativa Popular contra la megaminería. Es el mismo proyecto que se presentó en 2021 y consiguió 7% de firmas del padrón electoral, 4% que el solicitado para su presentación. En esta campaña las asambleas se proponen presentar al tribunal electoral y a la legislatura 100 mil firmas de toda la provincia. En este sentido, el docente y referente del PTS-FITU, Martin Sáez, adelanta que «el reclamo contra la megaminería será uno de los temas protagónicos del 2022».

«Esa marea juvenil-obrera y popular de diciembre logró obtener, por primera vez, un triunfo en las calles, continuando el triunfo de Mendoza en 2019», agregó el referente, en diálogo con La Izquierda Diario.

«Esta es una de las razones por las que es necesario impulsar asambleas masivas en cada ciudad que se coordine una movilización provincial que retome esa unidad entre jóvenes, trabajadores y sectores populares que en la semana que cambió la historia de Chubut vuelva a ganar las calles y mostrar así que la lucha contra la megaminería sigue más fuerte que nunca», añadió.

Apuntó contra los legisladores peronistas (tanto los vinculados a Arcioni como al Frente de Todos) y contra la «oposición» de Juntos por el Cambio, quienes «ya han demostrado su sumisión a las políticas extractivistas y antipopulares, ayer con Macri en el gobierno, hoy con el Frente de Todos. Son todos megamineros y extractivistas. Solo rodeados por la movilización popular, los piquetes en las rutas y el paro de sectores estratégicos de la clase trabajadora, como los trabajadores del puerto, la marina y la alimentación y luego de 7 días de una lucha histórica los legisladores y el gobierno derogaron la misma ley que habían votado».

Remarcó el acompañamiento histórico de la izquierda a las iniciativas populares y la lucha contra la megaminería. «El Frente de Izquierda sostiene la lucha contra la megaminería y el saqueo de manera coherente y unánime desde siempre, y una vez más fue público y notorio en la campaña electoral de 2021 y también durante la rebelión popular, la única fuerza política que estuvo en la calle fue el Frente de Izquierda».

Sobre las negociaciones con el FMI y la ofensiva extractivista latente en todo el país, analizó: «Esta semana se conoció el nuevo acuerdo que propone el fondo. Propone supervisar cada tres meses la gestión del gobierno antes de cada pago de cuota, es decir el mando del gobierno quedará en manos del FMI. Esto no es un hecho aislado sino que va en sintonía con lo que venimos denunciando: El gobierno acentuará sus políticas extractivistas para juntar dólar por dólar para pagar esa deuda ilegítima. ¿Qué confianza podemos tener en un gobierno y sus aliados provinciales que ayer levantaron la mano o dieron quórum? ¿Qué confianza podemos tener en un gobierno que quiere a multinacionales saqueando nuestros mares o volando nuestra meseta? Todo esto, como venimos denunciando, para cumplir con la deuda».

«Esta ofensiva en pos del ‘desarrollo’ que vociferan los economistas del gobierno y la oposición, es puro verso. Si no, ¿por qué hay 50% de pobres en Argentina si somos un país que exporta materias primas desde fines del siglo XIX y que ha reforzado esa matriz en los últimos 40-45 años?», cuestiona Sáez.

Como ejemplo del avance capitalista, citó los fenómenos profundizados en pandemia: «Los ricos son cada vez más ricos y el pueblo trabajador es cada día más pobre, el gobierno nacional y provincial privilegia pagar y acordar con el FMI y los acreedores internacionales el pago de la deuda externa y no invertir en una renovación de las energías, en desarrollar un plan de obras públicas y en repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores para acabar con la desocupación, la precarización y la pobreza».

«Si esta legislatura aprueba la iniciativa popular, será por la fuerza, por la lucha y la persistencia de un movimiento ambiental que lleva décadas en esta lucha y que ha encontrado un renovado impulso, en las nuevas generaciones que lo transformaron en una marea en el mundo, en Argentina y en la provincia. De nuestra movilización dependerá cuál es el futuro de este proyecto de ley, respaldado por una historia de lucha del movimiento ambiental», concluyó.