El bloque de La Libertad Avanza festejó la desregulación total con apoyo del PRO en la Legislatura.
En un avance legislativo de gran envergadura para el ecosistema económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) celebró en el recinto de la Legislatura porteña la aprobación definitiva de la Ley de Libertad Comercial.
Desregulación clave para comercios y la alianza con el PRO
La iniciativa, que cosechó un total de 32 votos afirmativos gracias al acompañamiento estratégico de la bancada del PRO, busca eliminar trabas burocráticas y agilizar la apertura de nuevos emprendimientos.
La presidenta del bloque libertario y principal impulsora del proyecto, Pilar Ramírez, festejó el resultado del debate parlamentario remarcando la necesidad de continuar reduciendo la injerencia del Estado en la actividad privada. «Hace tiempo que venimos trabajando en estos proyectos y hoy son una realidad», sostuvo la legisladora, al tiempo que agradeció a los bloques que acompañaron la votación para facilitarle la vida a los ciudadanos que invierten y trabajan diariamente en el ámbito porteño.
Habilitaciones automáticas, silencio positivo y fin a las clausuras directas
La nueva normativa introduce transformaciones de fondo en la relación entre los comerciantes y los organismos de control del Gobierno porteño. A partir de su promulgación, aquellos negocios considerados de bajo riesgo podrán comenzar a funcionar desde el primer día con una constancia provisoria obtenida mediante declaración jurada y presentación de documentación, sin requerir una inspección previa.
La primera verificación estatal se realizará con el comercio ya en marcha dentro de un plazo de 180 días; si la fiscalización no se concreta en ese período por razones ajenas al comerciante, la habilitación se transformará en definitiva de forma automática.
La ley incorpora el principio de «silencio administrativo positivo», el cual establece que todo trámite sin resolución oficial dentro de los plazos legales se considerará aprobado de pleno derecho. Asimismo, el texto garantiza la digitalización integral de los procesos administrativos, otorga el derecho a subsanar incumplimientos menores antes de recurrir a una clausura e impide que la Ciudad exija duplicar inscripciones a bienes o productos que ya hayan sido comercializados o confeccionados en otras provincias del país.