El documento impulsado por la Iglesia propone 18 directrices para agilizar causas de sectores vulnerables.
En las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), la Pastoral Judicial presentó formalmente las Reglas «Papa Francisco».
Las 18 directrices para agilizar causas y garantizar un trato digno
Se trata de un histórico documento que reúne 18 directrices fundamentales diseñadas para transformar el sistema procesal argentino, buscando agilizar de manera prioritaria las causas judiciales de los sectores excluidos y construir una administración de justicia más humana, que resguarde la vida y la dignidad de las personas en situación de extrema vulnerabilidad.
El cuerpo normativo establece medidas concretas de aplicación inmediata, tales como garantizar el acceso a necesidades básicas (alimentación, abrigo y vivienda), habilitar certificados provisorios de identidad para quienes no posean DNI,atender de manera integral la situación psicosocial de los involucrados y permitir la presencia de acompañantes de confianza durante los procedimientos.
La apertura institucional del encuentro estuvo a cargo de la rectora de la UCALP,Rita Gajate, quien subrayó la urgencia de revisar las actitudes del sistema frente a quienes requieren contención más allá de un mero trámite formal.
El respaldo eclesial, las figuras judiciales y el debate de fondo
El impulso del proyecto contó con la palabra de monseñor Eduardo García, obispo de San Justo y referente de la iniciativa, quien enfatizó que una justicia equitativa no puede volcar todo su peso punitivo sobre los sectores más frágiles,instando a evaluar el contexto y la historia de vida de cada individuo.
Asimismo, la jornada académica reunió a destacadas figuras del ámbito penal y gubernamental, entre ellos el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand; y el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara.
Referentes eclesiales, jueces, fiscales y procuradores analizaron el trabajo comunitario que sustentó el documento y debatieron su futura implementación efectiva en los tribunales del país para revertir la postergación de los grupos vulnerables.