La Libertad Avanza reunió 60 firmas con el respaldo del PRO, la UCR y bloques aliados en un plenario de comisiones. La iniciativa contempla un régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos en Malvinas, cambios en seguridad nacional y ajustes en la figura de injerencia extranjera. El recinto debatirá el proyecto el próximo 12 de noviembre.
En una jornada atravesada por fuertes cruces entre las bancadas, el oficialismo logró dar un paso clave en la Cámara de Diputados de la Nación. La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario integrado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.
La iniciativa cosechó 60 firmas sobre un total de 104 legisladores presentes, sustentada en el acompañamiento del PRO, la UCR, sectores de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires y Argentina Federal, este último con disidencia parcial. En contraste, Unión por la Patria (UP) presentó un dictamen de minoría con 38 firmas, mientras que Provincias Unidas sumó un texto propio con cuatro firmas y el Frente de Izquierda rechazó plenamente la propuesta. El Gobierno apunta a llevar la discusión al recinto el próximo 12 de noviembre.
El plenario de comisiones estuvo encabezado por los diputados libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. Previo a la firma, y por iniciativa de la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), expusieron representantes de la Fundación Poder Ciudadano, bajo la coordinación de Martín D’Alessandro.
Sanciones por explotación de recursos en Malvinas y seguridad nacional
El eje medular de la propuesta legislativa establece un régimen sancionatorio duro contra la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. El texto fija penas de prisión, inhabilitaciones y multas económicas calculadas en equivalencia a barriles de petróleo para las compañías o particulares que ejecuten actividades extractivas sin el aval de las autoridades argentinas.
Asimismo, quienes incurran en estas infracciones quedarán inhabilitados para contratar con el Estado nacional, operar comercialmente en el país o acceder a beneficios fiscales y previsionales. A la par, el texto introduce reformas en la estructura de seguridad nacional y en la normativa vigente de inteligencia.
En relación al valor estratégico de la medida, fuentes oficiales fundamentaron la centralidad del proyecto en la agenda parlamentaria:
«La ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno porque la causa Malvinas, como ya ha dicho el Presidente, es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro Gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro», afirmó el vocero presidencial tras las reuniones preparatorias en Casa Rosada.
Tensión en el plenario: duras críticas de la oposición
Durante la discusión en comisiones, legisladores de la oposición cuestionaron la celeridad del tratamiento y acusaron al oficialismo de no poner a disposición el texto definitivo previo a la firma.
Desde la bancada de Unión por la Patria expresaron duras objeciones al procedimiento:
«Es un dictamen entre gallos y medianoche. No sabemos qué dictamen se está firmando. Hay obscenos abusos de poder y lo vamos a rechazar», aseveró la diputada Agustina Propato.
En la misma línea, el diputado Juan Marino cuestionó la falta del documento oficial durante la deliberación:
«No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando», sostuvo Marino, quien además solicitó la renuncia del canciller Pablo Quirno.
Por su parte, el dirigente Juan Grabois interpeló de forma directa al titular del plenario, Carlos Zapata, respecto de los cambios incorporados a la letra del proyecto:
«¿Los norteamericanos le pidieron modificaciones?», interrogó Grabois. «No le puedo contestar», replicó el legislador libertario.
Asimismo, el titular del bloque de UP, Germán Martínez, reclamó el tratamiento de las propuestas de su bancada, al tiempo que desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman fustigó la metodología del oficialismo:
«Siempre nos enteramos por la prensa la firma de los dictámenes», recriminó Bregman al ratificar el rechazo de su espacio.
En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón adelantó el dictamen de minoría de su sector y tildó de «invotable» el texto impulsado por el Gobierno. La defensa técnica del proyecto estuvo a cargo de los legisladores oficialistas Federico Pelli, Laura Rodríguez Machado y Damián Arabia.
Cambios negociados, el Consejo de Seguridad y la figura de injerencia extranjera
Las negociaciones llevadas adelante por la diputada libertaria Silvana Giudici con las bancadas aliadas permitieron adecuar aspectos técnicos del dictamen. Entre las modificaciones sobresale la reformulada actuación del Consejo de Seguridad, que tendrá una prohibición expresa para intervenir en cuestiones de seguridad interior, salvo excepciones operativas ligadas a la protección marítima e infraestructura crítica, según lo planteado por el bloque del MID.
En términos de integración, el Consejo sumará al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente provisional del Senado, excluyendo a la titular de la Cámara alta, cargo que ocupa la vicepresidenta Victoria Villarruel. A nivel de fiscalización, las medidas urgentes, sanciones, impedimentos de vuelos o decisiones sobre hundimientos deberán notificarse a la Comisión Bicameral del Congreso en un plazo máximo de 48 horas. El organismo de control legislativo estará compuesto por cuatro senadores y cuatro diputados, bajo deber de secreto.
Por otra parte, se reformuló el tipo penal sobre «desinformación masiva», reemplazándolo por la figura de «campaña de injerencia extranjera». Esta tipificación exige comprobar actuaciones planificadas o clandestinas vinculadas a un agente externo, excluyendo explícitamente a la actividad periodística, la labor diplomática, la investigación académica y la representación abierta de intereses. Pese a las exenciones, la figura mantiene una pena general de 5 a 12 años de prisión.
Geopolítica y gestiones diplomáticas con Estados Unidos
Las modificaciones sobre el alcance sancionatorio se introdujeron tras las reuniones en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, acompañadas por las gestiones del embajador Peter Lamelas. La administración estadounidense advirtió sobre las contingencias de aplicar sanciones a empresas de ese país vinculadas indirectamente al proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas (impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas).
Ante este escenario, las partes acordaron precisar el marco punitivo para acotarlo a operadoras directas, licenciatarias o proveedoras inmediatas de los emprendimientos considerados ilegales por la Argentina, logrando consolidar el dictamen que ahora aguarda su tratamiento en el recinto.