La construcción en la Argentina atraviesa un escenario sumamente crítico marcado por el estancamiento, una pérdida masiva de puestos de trabajo y la desaparición de miles de empresas operativas. La actividad dejó de caer, pero se mantiene clavada un 25% por debajo de su último pico histórico.
En ese alarmante contexto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, lanzó una contundente advertencia sobre el impacto devastador de la falta de inversión estatal en obras públicas, asegurando que el deterioro de la infraestructura nacional se convirtió en un peligroso cuello de botella para el desarrollo económico del país.
120 mil empleos perdidos, 2.000 empresas menos y un mercado a pérdida
Las cifras reflejan la crudeza de la parálisis sectorial. Entre mediados de 2023 y mediados de 2024, el rubro perdió alrededor de 120.000 puestos de trabajo que aún no lograron recuperarse. A este panorama se le suma la caída del entramado empresarial: «Tenemos 2.000 empresas menos que antes», reveló Weiss, señalando que muchas firmas enfrentan convocatorias de acreedores o severas crisis financieras. Si bien existen polos dinámicos impulsados por Vaca Muerta en Neuquén y Río Negro, el directivo remarcó que ese avance no alcanza para compensar la recesión del resto de las provincias.
Las perspectivas a corto plazo no muestran signos de reactivación para la obra pública ni para la construcción de viviendas. En el mercado habitacional, el fuerte aumento de los costos medidos en dólares destruyó la rentabilidad de las inversiones: «El mercado hoy no convalida los precios; hoy los desarrollos son a pérdida», aseveró, señalando que si bien los nuevos créditos hipotecarios son positivos, su volumen resulta insuficiente para dinamizar al sector.
El rechazo al modelo 100% privado y la urgencia de la inversión estatal
Weiss cuestionó con firmeza la premisa del oficialismo de transferir la totalidad de la obra pública al sector privado, enfatizando que «el grueso de la inversión la tiene que hacer el Estado», ya que en todo el mundo la participación privada es minoritaria y existen proyectos clave —como rutas de bajo tránsito o redes ferroviarias— que no son rentables sin financiamiento público. De acuerdo con estudios del Consejo de Políticas de Infraestructura, Argentina necesitaría invertir el 25% del PBI por año para sostener un crecimiento económico anual del 3%, una cifra hoy irrealizable.
Sin poner en duda el equilibrio fiscal del Gobierno de Javier Milei —«no se puede gastar más de lo que se recauda», aclaró—, el titular de CAMARCO insistió en que el Ejecutivo debe diseñar herramientas de financiamiento compatibles para evitar que el deterioro de rutas, trenes y servicios condicione para siempre el potencial productivo de la Argentina.