El conflicto geopolítico por la soberanía del archipiélago atlántico sumó un nuevo capítulo de máxima tensión parlamentaria.
El diputado nacional por el peronismo entrerriano, Guillermo Michel, presentó un contundente proyecto de ley que le exige al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Cancillería, la denuncia inmediata de los tratados bilaterales que otorgan importantes ventajas económicas y beneficios impositivos a empresas chilenas que invierten en la Argentina. La medida surge como respuesta directa ante la restitución de una ruta marítima comercial entre el puerto trasandino de Punta Arenas y Puerto Argentino.
La polémica ruta Punta Arenas-Malvinas y el golpe a las inversiones trasandinas
El desencadenante del reclamo es la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y perteneciente a la compañía Easter Island Naviera, programada para el mes de noviembre con el objetivo de abastecer a los pobladores de las islas y restablecer una conexión comercial regular. Michel fustigó duramente esta operación al calificarla como «una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas», criticando la colaboración logística brindada a empresas que operan de forma ilegítima en el territorio insular argentino.
La iniciativa parlamentaria busca dar de baja el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (aprobado por Ley 24.342) y el Convenio de Doble Imposición Fiscal (Ley 27.274). Ambos marcos jurídicos otorgan en la actualidad alivios y topes a las retenciones del Impuesto a las Ganancias sobre dividendos, intereses y regalías producidas por firmas chilenas en suelo nacional.
«Si hacen negocios en Malvinas, no pueden tener ventajas en Argentina»
El legislador remarcó que el Estado tiene la obligación de defender los recursos naturales y la soberanía del país, instando a las autoridades de la nación vecina a definir su postura internacional de manera urgente frente a este escenario.
«Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas», aseveró Michel al fundamentar los alcances del proyecto.