El proceso comenzará este viernes ante el TOF 5 en los tribunales de Comodoro Py. Mientras se aguarda una resolución de la Cámara de Casación sobre la eventual unificación con la causa Hotesur, los imputados solicitaron seguir el debate a distancia.
A pocos días del inicio fijado para este viernes 23 de octubre a las 10:00, las defensas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, solicitaron formalmente ante el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) la autorización para no asistir de manera presencial a las audiencias del juicio oral en la causa Los Sauces, donde ambos se encuentran procesados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
La solicitud choca de frente con la resolución previa adoptada por el tribunal integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes determinaron de manera expresa que las audiencias se desarrollen bajo una modalidad exclusivamente presencial.
El proceso marca un hito judicial, ya que se trata del primer juicio por presuntos actos de corrupción en el que Máximo Kirchner ocupará el banquillo de los acusados, imputado como organizador de la presunta trama. Por su parte, la exmandataria figura procesada en la causa en calidad de jefa de la organización.
En paralelo a los preparativos organizativos, las partes intervinientes aguardan con expectativa la decisión de la Cámara de Casación, fuero que debe resolver si unifica el expediente de Los Sauces con la causa Hotesur para llevar a cabo un único debate oral integrador.
La hipótesis fiscal: contrataciones millonarias y la sombra del retorno
La investigación judicial sobre la inmobiliaria familiar Los Sauces S.A. sostiene que la firma no funcionó como una empresa operadora de mercado convencional. De acuerdo con las actuaciones de la fiscalía, la sociedad no contaba con sede comercial propia ni infraestructura operativa, y mantuvo la misma cantidad de propiedades en alquiler desde su constitución.
Entre los años 2009 y 2016, la firma facturó un total de $25.968.042,30, de los cuales aproximadamente el 88% provino de empresas pertenecientes a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López:
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Grupo Indalo (Cristóbal López y Fabián De Sousa): aportó cerca de $18,5 millones.
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Empresas de Lázaro Báez: desembolsaron un estimado de $7 millones.
Según la tesis acusatoria, estas contrataciones de alquileres habrían simulado el retorno de fondos públicos otorgados previamente mediante la concesión de obra pública vial. Asimismo, los fiscales señalan que los accionistas retiraron más de $10 millones en efectivo de la sociedad y utilizaron de manera gratuita diversos inmuebles bajo titularidad del grupo.
Uno de los activos emblemáticos del expediente es el dúplex ubicado en los pisos 8° y 9° del complejo Madero Center, en Puerto Madero, junto con sus respectivas cocheras. La propiedad fue ocupada por Cristóbal López a través de las firmas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia. Entre 2012 y 2017, dichas empresas abonaron alrededor de 1,7 millones de dólares, cifra que, según peritajes y tasaciones judiciales posteriores, duplicaba los valores reales del mercado inmobiliario de la época.
El esquema del debate en Comodoro Py
El TOF 5 diseñó un cronograma de debate intensivo que se llevará a cabo en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py —mismo recinto donde se sustancia el juicio por la causa Cuadernos—, con tres audiencias semanales fijadas para los días lunes, viernes y sábados:
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Regla general: Se mantendrá la modalidad presencial obligatoria para las declaraciones indagatorias de los imputados.
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Declaraciones testimoniales: Durante las rondas de testigos, los acusados podrán ser representados exclusivamente por sus letrados defensores.
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Conexión a distancia: Quienes fijen residencia fuera de la Capital Federal podrán solicitar su participación remota, caso que será analizado de forma individual por el tribunal.
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Fechas de reserva: El tribunal reservó días adicionales, incluyendo sábados de octubre y semanas de la feria judicial de enero de 2027, con el objetivo de evitar dilaciones en la tramitación.