La cooperativa prestataria de servicios públicos alertó sobre el avance de proyectos de desalinización encarados por sectores industriales. Su presidente, Esteban Abel, sostuvo que la solución al desabastecimiento hídrico debe ser colectiva e integral, y advirtió sobre el impacto económico que sufriría la tarifa de los vecinos si los grandes consumidores se retiran del sistema público.
La Cooperativa Servicoop abrió un nuevo debate estratégico sobre el futuro del abastecimiento de agua potable en Puerto Madryn. En conferencia de prensa, el presidente del consejo de administración, Esteban Abel, expresó la preocupación de la entidad ante la proliferación de proyectos privados e industriales para la construcción de plantas desalinizadoras particulares, al margen del sistema solidario público.
Frente a esta situación, Servicoop giró notas formales a la Secretaría de Ambiente de Chubut, al Instituto Provincial del Agua (IPA), al Ministerio de Producción, al Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), al Concejo Deliberante y al Ejecutivo municipal madrynense para exigir información fehaciente sobre el estado de avance y el cumplimiento normativo de dichos emprendimientos.
“Nos preocupa que empiece a haber plantas desalinizadoras particulares o industriales que resuelvan de manera individual su provisión de agua. La solución tiene que ser para la ciudad y para todos los vecinos de Puerto Madryn”, remarcó Abel.
Peligro en el esquema tarifario y costos de bombeo
El titular de la prestataria puso el foco en el desequilibrio económico que provocaría la desconexión de los grandes clientes industriales de la red pública:
-
Subsidio cruzado en la tarifa: El cuadro tarifario vigente contempla alícuotas diferenciadas para el sector industrial, cuyos aportes contribuyen de manera directa a amortiguar el costo final del agua potable domiciliaria para las familias en situación de menor ingreso.
-
Costo de transporte hídrico: Abel recordó que impulsar el agua potable por acueducto desde Trelew hasta Puerto Madryn genera una erogación de entre $500 y $600 millones mensuales exclusivamente en concepto de energía eléctrica. Si las grandes industrias dejan de aportar al sistema, esa masa de costos fijos recaería directamente sobre la facturación de los usuarios residenciales.
Propuesta de un nuevo marco regulatorio
Desde la cooperativa aclararon que no buscan frenar la innovación tecnológica ni la inversión, sino encauzar el desarrollo dentro de un plan regulatorio integral conducido por el Estado provincial y municipal.
En ese sentido, Abel sugirió debatir normativas similares a las aplicadas en la generación distribuida de energías renovables, donde los privados que generen su propia agua realicen un canon o aporte compensatorio destinado a sostener la infraestructura pública y preservar la equidad en el servicio.
Cholila Online