La tensión política alcanzó su punto máximo en la Cámara de Diputados tras el pedido de la oposición para convocar a una sesión especial el próximo 15 de octubre.
El objetivo principal de los bloques opositores es derogar en su totalidad el DNU 70/23, impulsado por el Poder Ejecutivo. Frente a este escenario, la Casa Rosada activó una estrategia de contención para desalentar el quórum y neutralizar la avanzada de los sectores adversarios.
Desregulación en juego y la contrapropuesta oficialista
El intento de voltear el mega decreto cobró fuerza tras un fallo de la Corte Suprema relacionado con el artículo 154 de la Ley de Tierras. El DNU 70/23 abarca un amplio abanico de medidas de desregulación económica, entre las que se encuentran la derogación de las leyes de Alquileres, Góndolas, Abastecimiento y Compre Nacional, la eliminación de controles a las prepagas, la supresión de la ANLAP y del INYM, la política de «cielos abiertos» y la autorización para la eventual cesión accionaria de Aerolíneas Argentinas.
Para contrarrestar la convocatoria, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, transmitió a los bloques aliados la intención de realizar una sesión el 21 de octubre. En esa fecha se propondría discutir proyectos sobre Discapacidad y Endeudamiento Familiar, dos temas que la oposición también incluyó en su temario del 15 de octubre para atraer a sectores dialoguistas.
Negociaciones con gobernadores y panorama legislativo
El oficialismo evalúa que los bloques opositores aún se encuentran lejos de alcanzar los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión del 15 de octubre. En paralelo, durante la gira de inversiones «Argentina Week» en París, el Poder Ejecutivo entabló conversaciones con gobernadores provinciales —entre ellos Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Raúl Jalil— cuyos legisladores podrían resultar clave para la definición del número en el recinto.
Por su parte, dirigentes de Unión por la Patria y espacios aliados señalaron que mantendrán la presión de cara a la fecha fijada, confiando en el respaldo de movilizaciones sociales y en el debate sobre la soberanía territorial y los derechos de los sectores afectados.