El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una dura advertencia contra las políticas de congelamiento y subsidios a las tarifas de servicios públicos, afirmando que utilizarlas para frenar la inflación es una de las estrategias más costosas e ineficientes para el Estado.
Según un informe del organismo que evaluó intervenciones estatales en 76 países durante las últimas tres décadas, reprimir las tarifas descalabra las cuentas públicas sin lograr proteger adecuadamente a los sectores más vulnerables.
Subsidios a la energía: hasta 22 veces más caros que la ayuda directa
El estudio subraya que, si bien la reducción de aranceles o los controles de precios buscan aliviar el bolsillo en el corto plazo, representan un gasto desproporcionado. Proteger a las familias de menores ingresos mediante subsidios al consumo demanda entre tres y seis veces más recursos fiscales que otorgar transferencias directas. La brecha se vuelve abismal cuando se subsidia directamente a los productores de energía: este mecanismo resulta entre 14 y 22 veces más costoso para el presupuesto del Estado que transferir dinero a los sectores vulnerables.
Para graficar este desequilibrio, el FMI citó lo ocurrido en la crisis energética europea de 2022 y 2023: por cada euro gastado en frenar los precios de la luz, el gas y los combustibles, menos de 20 céntimos llegaron al 20% más pobre de la población. La situación es crítica, dado que los alimentos y la energía representan la mayor porción del gasto en las familias humildes, provocando que sufran un impacto inflacionario mucho más severo durante las crisis de costo de vida.
La propuesta del FMI: tarifas a precio real y asistencia focalizada
El informe advierte que mantener las tarifas congeladas distorsiona los hábitos de consumo, desincentiva el ahorro energético y dispara la deuda pública. En su lugar, el organismo recomienda que las tarifas de los servicios públicos reflejen los costos reales del mercado, mientras que el Estado compensa de manera directa, transparente y temporal a quienes verdaderamente lo necesitan.
Finalmente, el FMI sostiene que este tipo de asistencia debe dirigirse estrictamente a las familias de menores ingresos. Sin embargo, aclaró que en situaciones excepcionales de riesgo o tensión social, la cobertura puede ampliarse de forma transitoria hacia la clase media, siempre y cuando se fijen mecanismos claros de caducidad vinculados a la duración del shock tarifario.