Tras casi treinta años de discusiones y resistencias sectoriales, el Senado aprobó la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque con reserva sobre su capítulo II. Especialistas y actores de la industria analizan sus efectos reales sobre los precios y la llegada de nuevos remedios.
El Senado de la Nación votó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación Internacional en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) que reúne a cerca de 160 países y que llevaba casi tres décadas esperando su tratamiento definitivo en el Congreso. La aprobación se concretó con una salvedad clave: la exclusión del capítulo II del convenio.
Frente a la sanción, la principal inquietud para los pacientes y consumidores radica en cómo repercutirá en los mostradores de las farmacias. En el corto plazo, el impacto será moderado y gradual, ya que los medicamentos que ingresen o se soliciten bajo este esquema deberán seguir cumpliendo con la aprobación sanitaria de la ANMAT y con el análisis de patentabilidad que realiza el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial).
Posturas contrapuestas en la industria farmacéutica
La sanción del PCT reavivó las diferencias históricas entre los distintos actores del mercado de medicamentos en el país:
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Laboratorios multinacionales y postura oficial: Sostienen que el mecanismo agiliza y abarata los trámites internacionales de patentes, lo que podría facilitar y acortar los plazos para que tratamientos innovadores —aún no disponibles en el país— lleguen al mercado local.
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Laboratorios de capital nacional: Advirtieron que una mayor protección de patentes durante 20 años podría demorar o desincentivar el desarrollo de copias y biosimilares locales —que representan buena parte de las unidades dispensadas en el país a menor costo—, generando presiones alcistas en los precios a mediano y largo plazo.
El rol del INPI y el alcance de la reserva del capítulo II
Más allá de las expectativas y temores, el alcance real del tratado estará condicionado por la aplicación práctica que haga el Estado argentino a través del INPI, organismo que conserva la facultad de otorgar o denegar patentes según la normativa local y el alcance de cada solicitud.
A su vez, el hecho de que el Congreso no haya adherido al capítulo II limita el peso de los informes técnicos de examen preliminar más detallados previstos en ese apartado. En definitiva, el efecto sobre la disponibilidad y el costo de los remedios no será automático ni lineal, sino que dependerá de los criterios técnicos de aprobación, de la competencia de biosimilares y de cómo evolucione la regulación del sector.
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