La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, expuso en la tercera reunión informativa de las comisiones en la Cámara baja. La Libertad Avanza apunta a dictaminar el próximo 14 de octubre y tratar el texto junto con iniciativas sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad.
En una jornada clave para el paquete de reformas en materia de seguridad y defensa, la Cámara de Diputados de la Nación retomó este miércoles el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía, impulsado por el Poder Ejecutivo. La actividad se desarrolló en el marco de un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que contó con la presentación de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy.
Con este encuentro concluyó la ronda de reuniones informativas antes de la firma de despachos. La hoja de ruta parlamentaria delineada por La Libertad Avanza (LLA) contempla obtener dictamen de comisión el próximo miércoles 14 de octubre, con la meta de convocar a una sesión especial el 21 de octubre para debatir el texto en el recinto, junto con un temario que incluiría proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Un itinerario con presencia de funcionarios y debate con la oposición
El proceso de debate del proyecto incluyó tres plenarios con diversos expositores del ámbito técnico, militar y político:
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Primera reunión: contó con los aportes de Paula Tadei (Secretaría Legal y Técnica), Juan Ignacio Strampalija (secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía) y Jorge Puebla (secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa).
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Segunda reunión: el plenario recibió a referentes e invitados propuestos por la oposición, entre los que expusieron Daniel Filmus, Guillermo Carmona, Jerónimo Guerrero Iraola y Paula Litvachky.
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Tercera reunión: el cierre de la etapa informativa estuvo encabezado por María Ibarzábal Murphy en representación del Gabinete nacional.
Endurecimiento de penas, Malvinas y el nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto del Gobierno plantea una reforma integral del marco legal soberano, sustituyendo la Ley 26.659 e introduciendo un régimen sancionatorio más severo contra la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes. La normativa amplia las penalidades a todos los recursos renovables y no renovables, fijando penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones comerciales y la creación de un registro público de infractores.
Entre los ejes salientes de la iniciativa destacan:
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Creación del Consejo de Seguridad Nacional: estará presidio por el Presidente de la Nación e integrado por ministros del área, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica. Tendrá facultades para coordinar estrategias diplomáticas, militares, cibernéticas, económicas y de inteligencia.
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Medidas ante amenazas inminentes: faculta al Ejecutivo a disponer bloqueos temporales de fondos, restricciones financieras y la suspensión de licencias o autorizaciones.
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Protocolo de defensa operativa: autoriza como último recurso el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques considerados hostiles dentro de un marco procedimental específico.
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Protección electoral e integridad soberana: fija restricciones estrictas al financiamiento extranjero de partidos y campañas electorales, al tiempo que tipifica nuevos delitos asociados al espionaje, operaciones clandestinas, desinformación, violencia y sabotaje.
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