El Gobierno nacional presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte. Sin embargo, Londres habilitó a las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper a iniciar perforaciones en 2027.
La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur sumó este martes un capítulo de máxima tensión diplomática y jurídica. Mientras la gestión del presidente Javier Milei recurrió de urgencia a las instancias internacionales para frenar la actividad petrolera no autorizada, el Reino Unido confirmó formalmente la autorización para el avance del megaproyecto Sea Lion.
La habilitación británica fue atribuida al secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, e informada por la compañía israelí Navitas Petroleum, que encabeza la iniciativa junto a la británica Rockhopper Exploration. El cronograma trazado por las empresas prevé iniciar las perforaciones marítimas a principios de 2027 y comenzar con la extracción comercial de crudo para 2028.
La presentación de Argentina ante el Tribunal del Mar
Ante el avance unilateral de Londres, la Oficina del Presidente informó la presentación de un requerimiento de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). El objetivo del Estado argentino es preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental y evitar daños irreversibles al medio ambiente marino.
-
Paso judicial previo: La medida se fundamenta en el procedimiento arbitral iniciado por Buenos Aires el pasado 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
-
Agotamiento de plazos: Tras notificar formalmente al Gobierno británico, la Casa Rosada otorgó un plazo de dos semanas para detener las actividades. Ante el silencio y la posterior autorización concedida a Navitas y Rockhopper, Argentina accionó la vía judicial internacional.
-
Artículo 290 (inciso 5) de CONVEMAR: El articulado faculta al Tribunal a dictar medidas cautelares urgentes para congelar los trabajos mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo que resolverá la controversia de fondo.
Un conflicto geopolítico en escalada
La autorización concedida por la administración británica se produce en un marco de crecientes fricciones bilaterales, luego de que el Gobierno argentino implementara sanciones administrativas y judiciales contra firmas y directivos que operan sin venia de la Secretaría de Energía nacional en la plataforma continental.
Mientras que desde el Foreign Office defienden la legalidad de las licencias otorgadas por las autoridades coloniales isleñas, la Cancillería argentina reafirma que la explotación de recursos energéticos sin autorización de Buenos Aires vulnera flagrantemente el derecho internacional y la Resolución 2065 de la ONU, que insta a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en el área bajo disputa de soberanía.