La ampliación de la denuncia penal presentada por Gregorio Dalbón alcanza a Luis Caputo, Santiago Bausili, Juan Curutchet y Nicolás Ferro. Se solicitó el secuestro de servidores y correos institucionales tras un informe de la AGN que reveló pérdidas por más de 1.000 millones de dólares en operaciones con derivados.
La causa judicial por la gestión de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. El abogado querellante Gregorio Dalbón presentó una ampliación de la denuncia penal por las operaciones con instrumentos derivados sobre el metal precioso realizadas durante 2025, solicitando el allanamiento del organismo y el secuestro forense de servidores y correos electrónicos.
La presentación judicial apunta de manera directa contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; e incorpora formalmente a la nómina de denunciados al subsuperintendente del área y director de la autoridad monetaria, Nicolás Marcelo Ferro.
El escrito requiere investigar si existió administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y la eventual conformación de una asociación ilícita.
La lupa sobre el Deutsche Bank y la sospecha por $60 millones de dólares en comisiones
Uno de los ejes centrales del reclamo radica en esclarecer la selección de las entidades financieras que actuaron como contrapartes y si se pagaron beneficios o márgenes indebidos. La denuncia pone especial foco en la presunta intervención del Deutsche Bank en los contratos sobre el oro argentino.
Según las versiones periodísticas incorporadas al expediente, las operaciones se habrían estructurado como una cobertura ante la eventual caída de la cotización, mediante la venta a terceros del derecho a comprar oro a un valor superior a los US$ 3.000 por onza, en momentos donde la cotización internacional superaba los US$ 4.000.
Asimismo, se cuestiona el hermetismo sobre las retribuciones a los intermediarios:
“No se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o márgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni quiénes los habrían cobrado”, advirtió Dalbón en el escrito, haciendo referencia a trascendidos que señalan comisiones superiores a los US$ 60 millones.
En la presentación se remarca además que el BCRA se habría negado a entregar las copias de dichos contratos a la Auditoría General de la Nación (AGN), impidiendo verificar las condiciones pactadas y las firmas autorizantes. A su vez, se solicitó investigar la eventual existencia de conflictos de interés, dado los antecedentes laborales previos de Caputo y Bausili en la citada entidad bancaria.
Pedido de allanamiento y acceso a los servidores del Central
Para garantizar la preservación de las pruebas, el denunciante solicitó medidas de prueba urgentes sobre la infraestructura tecnológica del Banco Central.
“La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados”, sostuvo el abogado para fundamentar la necesidad de la medida de fuerza.
El pedido abarca la inspección y copia de los correos institucionales emitidos y recibidos durante 2024 y 2025 desde la Presidencia, el Directorio y las áreas clave de Mercados, Reservas, Riesgos y Asuntos Jurídicos del BCRA, ante el riesgo de que la información digital pueda ser alterada o suprimida.
Pérdidas por US$ 1.023 millones según el informe oficial de la AGN
La causa original toma como base contable el informe de auditoría sobre los estados financieros del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, aprobado formalmente por la AGN mediante la Resolución 205/2026.
Aquel documento oficial detalló que las operaciones con opciones financieras sobre el oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones (equivalentes a US$ 1.023 millones con salida efectiva de divisas). El quebranto patrimonial se desglosa en US$ 960,2 millones por el resultado adverso del instrumento y US$ 62,8 millones desembolsados en concepto de primas.
En el tramo final del escrito, Dalbón solicitó que el juzgado disponga la citación a declaración indagatoria de los cuatro funcionarios señalados y el envío de exhortos a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El abogado sintetizó el objetivo de la investigación en determinar “cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”.