El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, dio luz verde al proyecto «Sea Lion». La decisión del gobierno del primer ministro Andy Burnham se conoció pocas horas después de que la Casa Rosada recurriera al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar la paralización de las obras.
En una medida que profundiza el diferendo diplomático entre ambas naciones, la administración británica otorgó la autorización formal para iniciar las perforaciones petroleras en las Islas Malvinas. La aprobación fue dispuesta por el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, e implica la habilitación directa para el desarrollo del polémico proyecto «Sea Lion», ubicado en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La confirmación del aval gubernamental fue difundida por la compañía israelí Navitas, firma que opera el yacimiento junto a la sociedad británica Rockhopper. Según precisaron desde el consorcio energético, el cronograma oficial prevé comenzar las tareas de perforación a principios de 2027.
La decisión de Londres trascendió a través de la prensa británica, que adelantó que el Ejecutivo comunicará formalmente la resolución de Miliband a los miembros del Parlamento en los próximos días, desafiando el reclamo formal presentado por la diplomacia argentina.
Cuestionamientos internos en Londres y acusaciones de hipocresía
El anuncio británico generó repercusiones inmediatas dentro del escenario político del Reino Unido. Desde la oposición, el vocero de energía del Partido Conservador, Andrew Bowie, cuestionó severamente la postura adoptada por la gestión del primer ministro Andy Burnham y la figura de Miliband:
“Hay una absoluta hipocresía que no tiene límites. Sí, es una decisión muy positiva, pero plantea la pregunta: ¿por qué el Partido Laborista considera aceptable la extracción de petróleo y gas frente a las Islas Malvinas, pero no en nuestro Mar del Norte?”, criticó el dirigente conservador.
La medida del gabinete británico responde al criterio fijado en septiembre, cuando la administración central estableció que cualquier concesión para la exploración o explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos del archipiélago requería el aval explícito de la secretaría de Exteriores.
La respuesta internacional de la Argentina ante el Tribunal de la CONVEMAR
La decisión de Gran Bretaña se contrapone con la ofensiva judicial lanzada por el Poder Ejecutivo nacional. Horas antes, el gobierno argentino había anunciado, mediante un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, la presentación formal de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania.
La acción ante el tribunal internacional se concretó tras el vencimiento del plazo de intimación diplomática que la Argentina le había fijado al gobierno británico para detener el proyecto. Desde el Poder Ejecutivo explicaron que el pedido judicial se enmarca en las disposiciones del Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR:
“Busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”, sostuvieron desde la Casa Rosada.
El proceso ante la corte internacional forma parte del procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de la ONU, con la finalidad de resguardar la soberanía nacional y proteger los recursos naturales del Atlántico Sur ante eventuales daños ambientales irreparables.