Las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido atraviesan un momento de altísima tirantez diplomática.
En medio del avance británico sobre los recursos del Atlántico Sur, el Gobierno británico solicitó formalmente a la organización internacional de policía (Interpol) que rechace de manera categórica las peticiones presentadas por la Argentina para detener a los ejecutivos e inversores involucrados en el polémico proyecto petrolero León Marino (Sea Lion), desarrollado frente a las costas de las Islas Malvinas.
La carta a Lyon, el fantasma de 1982 y la «estrategia de criminalizar»
Funcionarios del Reino Unido enviaron una carta urgente a la sede central de Interpol en Lyon, Francia. En el escrito, Londres argumentó que las solicitudes de «notificación roja» enviadas por la Justicia argentina para la captura de ciudadanos británicos e internacionales tienen una clara «motivación política». El reporte periodístico del medio londinense llegó a comparar la escalada geopolítica actual con los niveles de conflicto registrados en 1982 durante la dictadura del general Leopoldo Galtieri.
Desde el Reino Unido sostienen que la estrategia de la Argentina busca «criminalizar» a las personas ligadas al desarrollo hidrocarburífero para ahuyentar a futuros inversores en la cuenca Malvinas. Frente a estas acciones, Andrea Clausen, jefa del gobierno ilegítimo de las islas, catalogó el accionar argentino como «una amenaza», agregando: «Cabe esperar que Interpol no necesariamente tome medidas. Sin duda, quienes tenemos interés en el tema hemos examinado ciertas secciones de la constitución de Interpol para ver qué creemos que podría significar».
Cómo funcionan las notificaciones rojas y el rol de los países miembros
Las notificaciones rojas de Interpol consisten en solicitudes formales destinadas a localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de un proceso de extradición. Ante un pedido de esta índole, los equipos técnicos del organismo policial examinan minuciosamente si el requerimiento cumple con las normativas internacionales y su constitución estatutaria.
En caso de que Interpol valide y distribuya las alertas rojas a los organismos de seguridad de las naciones integrantes, queda a exclusivo criterio de cada Estado miembro decidir si ejecuta las detenciones dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.