Funcionarios del Poder Ejecutivo exponen en la comisión de Presupuesto y Hacienda. El Gobierno propone una partida de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores reclaman $11 billones tras las recientes marchas de protesta.
En una jornada atravesada por la alta tensión política y el reclamo de la comunidad académica, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debate este martes el proyecto de Presupuesto Universitario 2027. La reunión cuenta con la exposición de funcionarios clave del Poder Ejecutivo, en medio del contrapunto por las partidas presupuestarias destinadas a las casas de altos estudios tras las masivas marchas de protesta en todo el país.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezan la presentación de las partidas educativas dentro del proyecto de ley de gastos e ingresos de la Administración Nacional para el próximo ejercicio.
La brecha presupuestaria y la postura del Gobierno
El centro del debate radica en la diferencia entre la propuesta oficial y las necesidades planteadas por el sistema universitario nacional:
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Propuesta del Poder Ejecutivo: Asignación de $7,3 billones para las universidades nacionales.
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Reclamo universitario: Asignación total de $11 billones solicitada por las casas de estudio.
Durante su intervención, los representantes del Ministerio de Capital Humano fundamentaron la postura oficial e insistieron ante los legisladores en que la gestión gubernamental actúa «a derecho» y cumple estrictamente con las leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera vigentes.
Al referirse al diferendo legal y la suspensión de fondos previamente aprobados por el Congreso, el subsecretario Alejandro Álvarez argumentó que los parlamentarios “votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria”.
En esa misma línea, el funcionario remarcó que la Casa Rosada cumplió con la norma que “obliga a promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados. Tras ello, también cumplimos la medida cautelar dictada. Al día de hoy, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y, por tanto, actuamos plenamente a derecho”.
Auditorías, salarios y recortes en becas
El proyecto oficial incorpora exigencias normativas directas para las instituciones académicas. El articulado obliga a las universidades a remitir la información necesaria al Ministerio de Capital Humano para auditar las transferencias financieras, otorgando al Poder Ejecutivo la potestad de congelar giros de fondos ante eventuales incumplimientos, al tiempo que fija un tope para las paritarias e incrementos salariales de 2027.
En términos globales, la partida para el área de Educación alcanzará los $9,8 billones. Sin embargo, la pauta presupuestaria incluye reducciones en programas clave como las becas Progresar, las obras de infraestructura universitaria y el programa de Educación Sexual Integral (ESI). En contraposición, la iniciativa contempla el destino de $773.000 millones para el Plan Nacional de Alfabetización y mantiene el mecanismo de reparto automático de recursos a las provincias.