Un insólito y peligroso entramado criminal pergeñado desde las sombras de un pabellón carcelario quedó al descubierto tras una contundente resolución en los tribunales federales de la Capital Federal.
La sofisticada red delictiva montó un falso andamiaje institucional operando con impunidad telefónica para engañar a dependencias policiales, arruinar familias de reclusos y estafar a ciudadanos desprevenidos mediante extorsiones de elevadas sumas de dinero.
Inquilinos del penal de Jujuy imputados por asociación ilícita
El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento con prisión preventiva para cuatro reclusos alojados en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Salvador de Jujuy, imputados por integrar una asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.
Los acusados Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos montaron un ardid entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Utilizando chips, billeteras virtuales y perfiles de WhatsApp con fotos del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, o del edificio de Tribunales, se hacían pasar por el magistrado para exigir a las fuerzas de seguridad listados de detenidos y teléfonos de sus familiares.
Millonarias estafas, falsas fianzas y embargos de $5.000.000
Con los datos en su poder, los reos extorsionaban a los allegados prometiendo falsas liberaciones o cauciones a cambio de dinero. Entre los damnificados figura Claudio Ariel Sarmiento, quien transfirió $450.000 al alias «poderjudicial.mp» creyendo pagar la fianza de su hijastro alojado en Ezeiza.
Además, la banda aplicaba engaños con falsos premios: Fernando Bautista Casimiro perdió $429.500 esperando un vehículo y Camilo Vallejos denunció un perjuicio de entre 9 y 10 millones de pesos tras ser contactado por supuesta «telefonía satelital 4G». La investigación, iniciada en noviembre de 2024 tras un llamado sospechoso a la Policía Federal, permitió secuestrar en las celdas celulares, chips y cuadernos con anotaciones de CBU. Ante la gravedad de los hechos, Ercolini trabó un embargo de $5.000.000 sobre los bienes de cada procesado.