La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, junto a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, emitió dictamen de mayoría para un acuerdo internacional orientado a mejorar los mecanismos de control y protección de los recursos marítimos argentinos. Se trata de una iniciativa que busca reforzar las herramientas de fiscalización contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), una de las principales amenazas para la soberanía y la economía azul del país.
Soberanía y trabajo en juego
El presidente de la comisión, el diputado nacional César Treffinger, sostuvo que la medida busca «reforzar las herramientas de fiscalización, preservar los recursos pesqueros y contribuir a la defensa de la soberanía nacional y del trabajo vinculado a la actividad». La declaración no es menor: la pesca ilegal en el Mar Argentino no solo depreda recursos que pertenecen a todos los argentinos, sino que compite deslealmente con la flota nacional registrada y pone en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos, especialmente en las comunidades costeras de la Patagonia.
El dato de contexto es revelador: según organismos internacionales, la pesca INDNR representa entre el 11% y el 26% de las capturas mundiales, con un valor estimado de hasta 23.000 millones de dólares anuales. Para un país con una de las plataformas marítimas más extensas del planeta —casi 6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar patrimonial—, la capacidad de control y disuasión es tan estratégica como la defensa del territorio continental.
Un recorrido que articula con la agenda de control marítimo
La iniciativa no avanza en el vacío. En las últimas semanas, el Gobierno nacional presentó un plan de vigilancia conjunta con Estados Unidos en el Atlántico Sur, que incluye monitoreo satelital y coordinación de patrullajes para disuadir a la flota pesquera ilegal internacional que opera en la zona económica exclusiva argentina. Al mismo tiempo, en Rawson se reunió la Mesa de Desarrollo Pesquero bajo el reclamo de emergencia del sector, en un contexto de crisis por la caída de capturas y el aumento de costos operativos.
La convergencia entre el dictamen legislativo, la cooperación internacional y la agenda pesquera provincial sugiere que —al menos en el plano de los anuncios— el Mar Argentino empieza a ser tratado como lo que es: una frontera productiva que necesita reglas claras, control efectivo y una estrategia de largo plazo que trascienda los ciclos políticos.
Lo que falta
La iniciativa continúa su recorrido legislativo en el Congreso de la Nación. Sin embargo, la pregunta que flota es si el andamiaje institucional —con una Prefectura Naval con recursos limitados, una flota de control oceánico reducida y un presupuesto de ciencia y tecnología marina históricamente postergado— está a la altura de las ambiciones declarativas. La lucha contra la pesca ilegal no se gana solo con acuerdos internacionales: se gana con presencia en el mar, inteligencia satelital, coordinación interjurisdiccional y políticas de Estado que no dependan del humor de turno en el Palacio Legislativo.
El dictamen en comisiones es un paso necesario, pero el verdadero desafío estará en la implementación. El Mar Argentino no puede esperar.