El acuerdo firmado entre la naviera chilena Easter Island y la corporación del archipiélago prevé reanudar los viajes marítimos suspendidos desde 2011. El Gobierno de José Antonio Kast defiende el trato como un «negocio entre privados», mientras en Buenos Aires crecen las advertencias por el soporte logístico al proyecto petrolero Sea Lion.
Un nuevo foco de conflicto diplomático y geopolítico se encendió en el Cono Sur tras confirmarse la reactivación del transporte marítimo comercial entre la ciudad chilena de Punta Arenas y Puerto Argentino (Puerto Stanley) en las Islas Malvinas. La operación, a cargo de la empresa Easter Island Naviera junto a la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC), tiene programado el zarpazo de la embarcación Danstar para mediados de noviembre.
El restablecimiento del enlace comercial —interrumpido desde el año 2011— ocurre en un escenario de elevada fricción, luego de que el gobierno argentino de Javier Milei acudiera al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
Respaldo chileno al libre comercio y cruces en la región
Frente a las objeciones que comenzaron a elevarse desde la Argentina, la administración del presidente chileno José Antonio Kast optó por no poner trabas administrativas al acuerdo, definiéndolo como una transacción comercial legítima:
“Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos; si se tiene que hacer con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga”, afirmó el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas.
A su vez, autoridades regionales como el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, respaldaron el restablecimiento de la ruta proyectando un intercambio de al menos 20 millones de dólares anuales en abastecimiento de víveres, insumos de construcción y repuestos, acortando a la mitad la distancia de navegación en comparación con la ruta actual que opera desde Montevideo.
La reacción y advertencias desde la Argentina
Desde el arco político y sectores vinculados a la defensa en la Argentina, la decisión chilena es vista como una asistencia logística directa a la presencia británica y a las actividades extractivas no autorizadas:
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Iniciativa legislativa: El diputado peronista Guillermo Michel impulsó un proyecto de ley para suspender exenciones impositivas a compañías chilenas en represalia.
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Alerta del sector de excombatientes: El Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) denunció que el enlace «es el cordón umbilical del proyecto Sea Lion para el abastecimiento del saqueo de hidrocarburos».
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Riesgos de navegación: Analistas navales advirtieron que la embarcación podría ser objeto de interceptación o inspección por parte de la Prefectura Naval Argentina bajo el concepto de «tránsito no inocente» al salir del Estrecho de Magallanes.
Ante el temor de que se generen incidentes marítimos o roces diplomáticos, comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores del Senado chileno han solicitado análisis de inteligencia y reuniones de carácter reservado para monitorear el primer viaje de la nave.