El Poder Ejecutivo introdujo una fuerte reconfiguración en las cuentas públicas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial en Acuerdo General de Ministros.
La modificación del Presupuesto 2026 dispone una ampliación de gastos por $15,6 billones, eleva en $78,7 billones el margen autorizado para operaciones de crédito público a corto y mediano plazo, y reduce en cerca de $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del ejercicio, con el objetivo de sostener servicios esenciales, mejoras salariales, jubilaciones y auxilios financieros.
Refuerzos para ANSES, salud, discapacidad y fuerzas de seguridad
Uno de los pilares centrales de la readecuación apunta a cubrir las erogaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) derivadas de la movilidad previsional y las Asignaciones Familiares regidas por la Ley 26.417. En ese mismo esquema se incorporan partidas adicionales para afrontar el bono de refuerzo destinado a jubilados y pensionados, el programa Plan 1000 Días y el giro de haberes retenidos hacia el PAMI.
En materia laboral y sanitaria, el decreto actualiza los recursos para las prestaciones por desempleo atadas a las últimas subas del Salario Mínimo, Vital y Móvil y otorga un refuerzo a la Secretaría Nacional de Discapacidad para el programa Incluir Salud, con el propósito de cancelar pasivos acumulados con prestadores bajo la Emergencia Nacional en Discapacidad.
Asimismo, el DNU incrementa los créditos para gastos en personal de la Administración Pública Nacional para financiar recomposiciones salariales, funcionamiento operativo, equipamiento e inteligencia. Dentro de ese capítulo se incluyen transferencias hacia las cajas previsionales de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas (Caja de Retiros de la PFA e Instituto de Ayuda Financiera) para trasladar a retirados y pensionados las subas otorgadas al personal activo, además de destinar $543.205.555.376 en efectivo para cancelar deudas por sentencias judiciales firmes y levantar embargos sobre las cuentas de esos organismos.
Empresas públicas, fuentes de financiamiento y avales a provincias
La reasignación alcanza también a sociedades e instituciones estatales nucleadas en las Obligaciones a Cargo del Tesoro, entre las que figuran COVIARA, FAdeA, TANDANOR, Radio y Televisión Argentina (RTA), Contenidos Artísticos e Informativos, EDUC.AR, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Para respaldar estos desembolsos, el Gobierno proyecta mayores ingresos tributarios, aportes y contribuciones a la seguridad social, y rentas provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del SIPA.
Finalmente, la medida introduce cambios en el financiamiento subnacional: por un lado, reorienta un aval del Tesoro Nacional por US$100 millones otorgado a Córdoba, que deja el rubro de «Economía Circular» para destinarse a «Infraestructura Hídrica y de Saneamiento»; por otro, suma un aval para Santa Fe orientado a levantar defensas contra inundaciones en el departamento San Javier. Con este paquete de ajustes, la Casa Rosada busca garantizar el cierre operativo y financiero del último tramo del año.
