La Cámara Alta abrió sus puertas este jueves para abordar una agenda parlamentaria cargada de iniciativas de alto impacto social, económico y patrimonial.
Con amplio consenso entre las distintas bancadas ante la inminente caducidad del régimen de emergencia en diciembre, el recinto se dispone a convertir en norma permanente un esquema integral de protección que trascienda a las administraciones de turno y garantice previsibilidad tanto para los beneficiarios como para los prestadores de salud.
El Senado de la Nación inició pasadas las 11 horas una sesión que tiene como eje central la sanción de la Ley de Discapacidad, junto con el tratamiento de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el proyecto de Propiedad Privada para restablecer la Ley de Tierras y la Ley Joaquín, entre otros asuntos.
Pensiones compatibles con empleo, nomenclador único y blindaje presupuestario
El primer punto del temario corresponde a la denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, una iniciativa que replica casi en su totalidad los beneficios de la Ley 27.793 pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad para transformarla en una legislación permanente y de orden público.
Entre sus ejes centrales, la propuesta permite sostener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y el ejercicio de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos totales no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles, alcanzando a quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Asimismo, resguarda el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles prestacionales mediante el índice de movilidad jubilatoria atado al IPC, asegura la cobertura básica del programa federal Incluir Salud y blinda las partidas del Ministerio de Salud para que no puedan ser inferiores en términos reales al presupuesto del año anterior.
Auditorías cruzadas, pago de deudas a prestadores y plazo de reglamentación
Con el objetivo de transparentar los recursos y garantizar el debido proceso inclusivo, el proyecto crea un mecanismo de auditorías periódicas que articulará el cruce de datos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Por último, tras las negociaciones con los bloques dialoguistas, se sumó una cláusula transitoria fundamental que fija un cronograma concreto para saldar las compensaciones económicas adeudadas a los prestadores y establece un plazo perentorio de 30 días para que el Poder Ejecutivo proceda a la reglamentación oficial de la ley una vez sancionada.
