Stericycle pagó 56 millones de dólares en EE.UU. por graves irregularidades y robo de fármacos.
La firma multinacional Stericycle acordó el pago de más de 56 millones de dólares en Estados Unidos para resolver graves investigaciones penales y civiles vinculadas al manejo irregular y la falta de custodia de sustancias controladas destinadas a su destrucción.
Multa millonaria y nexos societarios con la Argentina
El expediente judicial expuso maniobras de almacenamiento en predios sin registro, fallas severas en los sistemas de seguridad y omisiones deliberadas al momento de notificar robos o pérdidas de medicamentos recolectados en hospitales y farmacias entre 2015 y 2020.
El caso adquiere una resonancia particular en la Argentina debido al historial de operaciones societarias de Stericycle con los empresarios locales Gustavo Gabriel Mauro, Fernando Javier Mauro y Gustavo Osvaldo Solari. Los empresarios le vendieron la firma TRI-ECO al grupo en 2013 y, siete años después, adquirieron conjuntamente el 90% de la compañía MEDAM B.A. S.R.L.
Si bien el acuerdo suscripto ante la Fiscalía Federal del Distrito Este de California —que incluyó 19,08 millones de dólares de multa penal y 37,81 millones en el fuero civil— no atribuyó responsabilidad directa a los Mauro ni a Solari por las faltas cometidas en EE.UU., el antecedente reabrió el debate sobre el control y la transparencia en el negocio de los residuos especiales en territorio patagónico.
Sin trazabilidad, robo de drogas y alerta por licitaciones en 2027
La investigación conducida por la agencia antidrogas norteamericana (DEA) desnudó que Stericycle utilizaba remolques sin cerradura ni llave para acopiar narcóticos vencidos y mantenía cámaras de vigilancia fuera de servicio.
Asimismo, se determinó que en al menos cuatro oportunidades la empresa presentó justificaciones infundadas para no reportar la pérdida o sustracción de sustancias de alto riesgo, lo que derivó en la filtración y desvío de drogas hacia el mercado ilegal.La compañía tampoco contaba con un sistema confiable de seguimiento para auditar los paquetes recibidos en su planta central de Indianápolis, apelando a documentos internos ficticios para dar por destruidos insumos de los que se ignoraba el paradero.
La resolución judicial exige a la corporación mantener su cooperación plena con las autoridades y remarca que el acuerdo no exime de responsabilidad penal a las personas físicas involucradas. En la decisión pesó que Stericycle vendió en abril de 2020 el segmento del negocio afectado a un tercero que regularizó la actividad.
El escándalo encendió las luces de alarma de los organismos reguladores locales de cara al calendario electoral de 2027, momento en el que diversas provincias y municipios deberán renovar contratos millonarios para la recolección y tratamiento de residuos patogénicos.