La Fiscalía exigió procesar al financista vinculado a la AFA tras acusarlo de lavar fortunas.
Un verdadero terremoto judicial sacude al ámbito financiero y deportivo tras el dictamen presentado por la fiscal Cecilia Incardona en el marco del expediente Sur Finanzas.
Mega causa por lavado de dinero, evasión millonaria y riesgo de fuga
La funcionaria del Ministerio Público solicitó de manera formal el procesamiento con prisión preventiva para el financista Ariel Vallejo —quien posee estrechos lazos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— argumentando un peligro inminente de fuga y un persistente incumplimiento de las reglas impuestas por la Justicia para mantener su libertad condicional.
El requerimiento fue elevado en un escrito de 249 páginas ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte. El documento insta a procesar además a 13 personas del entorno operativo y familiar del empresario, como así también a seis empresas del conglomerado.
La fiscalía fundamentó la prisión preventiva debido a que Vallejo no se presentó a los controles mensuales ante la Policía Federal, omitió residir en su domicilio fijado y no entregó los vehículos secuestrados. Incardona sostuvo que Vallejo encabezó una asociación ilícita donde el lavado de activos de origen ilícito, la intermediación no autorizada, la evasión impositiva y el juego ilegal fueron una práctica habitual estructurada entre 2020 y 2025.
El entramado de sociedades vaciadas, billeteras virtuales y retención de aportes
La investigación fiscal determinó que el esquema criminal se inició con la firma Centro de Inversiones Concordia S.R.L.,adquirida junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo y Silvia Torrado. Al ser sancionada esta operadora de cambio, fue vaciada transfiriendo fondos a cuentas personales para luego fundar Sur Finanzas Group S.A. y adquirir Neblockchain S.A. (transformada en Sur Finanzas PSP S.A.).
Esta última compañía funcionó como la principal caja receptora mediante la apertura masiva de billeteras virtuales a nombre de personas sin capacidad económica y el depósito de divisas en efectivo transportadas en camiones de caudales.
Asimismo, la imputación sostiene que la organización retuvo indebidamente los aportes previsionales de sus empleados para mezclarlos con el circuito ilegal y evadió el impuesto a los créditos y débitos bancarios por una suma astronómica de $10.325.971.474,97.
Entre los imputados figuran también María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis,Gerardo Salvador Carrozza, Jonathan Leonardo Ledesma, Maite Sofía Lorenzo, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira, Rolando Esteban Soloaga, Daniela Eliana Sánchez, Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra. Las personas jurídicas involucradas comprenden a Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A.,Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Gestiones San Miguel S.A.