Con el respaldo unánime de los 71 senadores presentes en el recinto.
La Cámara Alta convirtió en ley este jueves 19 de noviembre la norma permanente sobre discapacidad, una iniciativa que blinda y replica prácticamente todo el esquema de prestaciones vigente en la ley de emergencia que vence en diciembre.
La sanción marca un cambio rotundo de postura por parte del Gobierno Nacional: a exactamente un año de haber vetado y rechazado la emergencia en el sector en 2025 —y tras el fuerte respaldo que el papa León XIV expresó hacia los reclamos de los colectivos—, el oficialismo accedió a garantizar la continuidad de los derechos bajo un formato estable y definitivo.

Cruces en el recinto: entre el pedido de previsibilidad y los reclamos por la calle
El debate parlamentario expuso distintas miradas políticas, aunque todas confluyeron en la votación afirmativa. Al abrir la discusión, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, justificó por qué se optó por una norma fija en lugar de extender la emergencia como pedían las organizaciones: «La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo».
En la misma línea, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la sanción como «un acuerdo social y un acuerdo político» superior a «los parches» anteriores, reconociendo «las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas» durante los últimos dos años. «Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa», subrayó, destacando que ahora queda establecido de dónde saldrán los recursos.

Desde la oposición peronista, Alicia Kirchner advirtió que «ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida», mientras que la catamarqueña Lucía Corpacci apuntó directamente contra el presidente Javier Milei al afirmar que «no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado». «Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena», sentenció.
Por su parte, el radical Maximiliano Abad celebró dejar atrás las medidas transitorias tras años de «profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos». A su turno, el titular del bloque PRO, Martín Goerling Lara, remarcó que la tranquilidad de las familias «no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre», y la senadora de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, pidió acompañar a las provincias para garantizar los servicios.
Pensiones, empleo y aranceles: los puntos clave de la nueva ley
La flamante “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” toma la base de la Ley 27.793 pero elimina su carácter temporal para convertirla en una norma de orden público que trasciende a los gobiernos de turno. Entre sus ejes centrales se destacan:
-
Compatibilidad laboral y pensiones: Mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) y un trabajo formal o inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
-
Actualización automática y salud: Conserva el nomenclador único, ratifica el ajuste periódico de los aranceles según la movilidad jubilatoria atada al IPC y asegura la cobertura médica básica del programa federal Incluir Salud.
-
Blindaje presupuestario y deudas: Impide que la partida del Ministerio de Salud sea inferior en términos reales a la del año anterior, fija un cronograma de pago para compensaciones adeudadas a prestadores y otorga un plazo máximo de 30 días al Poder Ejecutivo para su reglamentación.
-
Control cruzado: Crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Una jornada cargada en la Cámara Alta
La sesión especial —que había arrancado pasadas las 11 de la mañana— también incluyó el ingreso formal de pliegos judiciales y la aprobación (por 59 votos positivos, 3 negativos y 1 abstención) del ascenso al grado inmediato superior del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de la Casa Militar, con retroactividad al 31 de diciembre de 2025.
Además, los legisladores aprobaron mociones de preferencia para debatir en la última sesión del 26 de noviembre expedientes sensibles como la prórroga del Estatuto del Periodista, la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la restitución de la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín.
