El Gobierno nacional avanzó con una reforma clave en el control de las contrataciones estatales.
A través de la Resolución 2001/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo reestructuró la Comisión de Redeterminación de Precios de Obra Pública y amplió sus facultades para supervisar los ajustes contractuales, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos del Estado y unificar los criterios técnicos de revisión.
Nueva conducción y suma de la Secretaría de Energía
La normativa modifica la integración de los miembros permanentes del cuerpo creado originalmente mediante la Resolución 542/2024. A partir de esta reorganización, la comisión pasa a estar presidida por la Secretaría Legal y Administrativa e integrada por los titulares de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Energía que se incorpora formalmente a la conducción y la Secretaría de Transporte.
Este rediseño responde a la supresión de la ex Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda dentro del organigrama ministerial. Además, el esquema contempla la intervención de miembros no permanentes pertenecientes a las subsecretarías, organismos descentralizados o empresas públicas en las que se gestione cada trámite específico de actualización de precios.
Más alcance sobre contratos especiales y unificación energética
Entre los cambios operativos más relevantes, la resolución extiende la competencia del organismo para intervenir en los procedimientos de redeterminación de precios tanto los que ya se encuentran en curso como los que se inicien a futuro que estén regidos por regímenes especiales o particulares.
Bajo esta nueva configuración, todos los expedientes de ajuste de precios del sector energético que demanden la intervención de una comisión técnica quedarán centralizados dentro de la estructura unificada de la Resolución 542/2024. Según los considerandos oficiales, esta unificación apunta a evitar la superposición de áreas técnicas dentro de la cartera económica y a asegurar principios de economía, sencillez y eficacia en la administración de las cuentas públicas.
