El Gobierno nacional dio un paso estratégico para potenciar la infraestructura productiva de la región cordillerana.
A través del Ministerio de Economía, se aprobó el nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de San Juan, un esquema adaptado de manera específica para responder a las exigencias logísticas e industriales de los grandes emprendimientos de cobre y oro que impulsan la economía provincial.
Un polo estratégico en Jáchal para abastecer la cadena minera
La medida fue formalizada mediante la Resolución 2000/2026, publicada en el Boletín Oficial. El texto oficial establece que el propósito central consiste en «adecuar el mencionado reglamento al perfil minero-industrial proyectado para dicha Zona Franca y a las necesidades logísticas de los proyectos de cobre y oro que gravitan sobre la economía de la provincia de San Juan».
El predio funcionará en el departamento de Jáchal, un enclave geográfico clave para la radicación de firmas industriales, comerciales y de servicios. Según precisa la normativa, la meta es «promover el desarrollo económico y productivo del norte de la provincia de San Juan mediante la radicación de actividades industriales, logísticas, comerciales y de servicios abasteciendo la cadena de valor minera».
En esa línea, el diseño operativo proyecta consolidar una «plataforma de almacenamiento, consolidación, acondicionamiento y distribución de insumos, equipos, repuestos y servicios destinados al abastecimiento de proyectos mineros», con el fin de atraer inversiones y dinamizar la generación de empleo local.
Operación continua 24×7, industrialización y control aduanero
Entre las herramientas operativas habilitadas por la cartera económica nacional, se autoriza a las compañías que desarrollen procesos ininterrumpidos a requerir un esquema de «operación continua (24×7)», pensado especialmente para cubrir actividades ligadas al «procesamiento de minerales» y al «abastecimiento de proyectos mineros con ventanas logísticas críticas».
Respecto al manejo y procesamiento de cargas, las firmas radicadas estarán facultadas para ejecutar tareas de «conservación, acondicionamiento, clasificación, fraccionamiento, mezcla, transformación, industrialización, ensamblado, manufactura y cualquier otro proceso que agregue valor».
Por último, la administración y el control interno del predio quedarán bajo la órbita del Comité de Vigilancia provincial, en tanto que la fiscalización del movimiento internacional de mercaderías estará en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA – DGA), que implementará «tecnologías no intrusivas y la simplificación de procedimientos» para garantizar agilidad en toda la cadena logística.
