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Un grupo de manifestantes que se acercó al Congreso para protestar contra la modalidad virtual parlamentaria y la reforma judicial intentó entrar al recinto tras forzar la puerta sobre la Avenida Rivadavia.

En un momento de la manifestación, unas 20 personas se acercó hasta la puerta y empezó empujarla para ingresar al Congreso. En medio de los empujones había quedado el diputado nacional Héctor «Toty» Flores, quien finalmente logró ingresar.

Luego de algunos minutos de tensión, alguien abrió la puerta desde adentro y salió personal de seguridad, que logró tranquilizar los ánimos.

Muchos de los manifestantes que hablaron con el canal América TV dijeron estar en contra de las medidas del Gobierno nacional, la reforma judicial y otros reclamos diversos.

Si bien la labor parlamentaria comenzó a las 11:40, la sesión se postergó tres veces. La oposición reclama un debate presencial.

La sesión convocada para este martes es para sancionar la Ley de Emergencia Turística -que ya tuvo luz verde del Senado- y un proyecto sobre la pesca ilegal en Malvinas, dos temas poco conflictivos.

Sin embargo, la pelea se generó por la continuidad del funcionamiento remoto. ​​El protocolo virtual venció semanas atrás y Juntos por el Cambio se niega a ratificar su continuidad si no hay un compromiso de que la Reforma Judicial no se debatirá bajo esa modalidad.

El bloque oficialista de diputados del Frente de Todos presentará este viernes por la tarde el proyecto que propone crear, por única vez, un impuesto a los patrimonios que superen los 200 millones de pesos. Serían alcanzadas unas 12 mil personas, a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5%. El objetivo es reforzar la recaudación que tuvo una fuerte caída por la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau confirmó la presentación de la iniciativa en diálogo con Radio con Vos y adelantó que la intención es comenzar a debatir el proyecto la próxima semana en comisión, según se acordó este viernes en una reunión del bloque oficialista encabezado por Máximo Kirchner.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados Carlos Heller había adelantado este jueves en declaraciones radiales que era “inminente” la presentación del proyecto para gravar las grandes fortunas. “La iniciativa nunca dejó de estar arriba de la mesa”, sostuvo.

El proyecto establece que las personas que tengan más de 200 millones de pesos pagarán una tasa del 2% y ese porcentaje será progresivo, con un tope del 3,5%. Se tomarán como base los bienes personales declarados hasta marzo de este año.

“Quiero aclarar que no habrá ningún aumento del impuesto. Esto no es un aumento, es un aporte extraordinario y solidario sobre grandes fortunas, que van de 200 millones de pesos para arriba en una escala creciente del 2% y termina en un 3,5% a los que tienen fortunas de alrededor de 3 millones de pesos”, indicó Moreau.

La intención del oficialismo es reforzar la recaudación, que tuvo una fuerte caída por la crisis que atraviesa la actividad económica a raíz de la pandemia de coronavirus. “El dinero tendrá asignaciones específicas como el financiamiento de programas para recuperar Pymes, para la construcción en barrios populares y generar mano de obra local y para financiamiento de desarrollo de producción de gas de YPF, entre otros”, precisó el diputado.

Además, destacó que una parte del dinero recaudado, que estiman que rondará entre los 300 y 400 mil millones de pesos, será destinado a fondos vinculados a la lucha contra la pandemia de coronavirus, como medicamentos y equipamientos para el personal médico.

Como referencia, el gasto público asociado a la contención de la crisis del coronavirus alcanzaba, a agosto, los $870.000 millones. Y la ampliación del Presupuesto 2020 contempló un déficit fiscal (intereses de deuda incluidos) del orden de los 3 billones de pesos, o el 10,5% del PBI. El impuesto, de ser efectivo, financiaría una décima parte de ese rojo.

La iniciativa afecta a las personas y no a las empresas, según aclararon fuentes citadas por la agencia Télam. “Estimamos que el número de personas humanas alcanzadas ronda las 12 mil, a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5%”, aseveraron.

Según el bloque del Frente de Todos, 6000 contribuyentes tienen fortunas de entre 200 y 400 millones (de acuerdo a sus declaraciones de Bienes Personales). Solo 300 personas tributarían la alícuota máxima. Además, los patrimonios en el exterior estarían alcanzados por un 50% más de tasa, sobre las alícuotas correspondientes.

“No va a caer en nadie que tenga un departamento de dos ambientes ni nada por el estilo como una casa de fin de semana”, aseguró Moreau, quien aclaró que aún “no hay ninguna negociación entablada con Cambiemos”. “Se le hará llegar a todos los bloques el texto del proyecto esta tarde”, concluyó.

Con un abrazo simbólico, la manifestación en contra de la reforma judicial retomó energía hoy en la periferia del Congreso, a horas de que comience a tratarse el proyecto de ley, sesión prevista para las 14.

Algunas personas cumplieron con el hashtag #26AVigiliaEnElCongreso -con el cual se convocó a a marchar a través de las redes sociales- y permanecieron durante la noche bajo el refugio de un gacebo. Otras, tras retirarse del banderazo de ayer, volvieron a dar el presente en avenida Entre Ríos este mediodía.

Ariel Viano es uno de los manifestantes que pernoctó en la plaza del Congreso. «No le podemos dar tregua a esto», dijo hoy a LA NACION, mientras comenzaba a desenrollar 150 metros lineales de bandera argentina para, con ayuda de sus compañeros, realizar el abrazo al perímetro del Congreso.

Según contó Viano, fueron muchas las personas que ayer les enviaron comida a él y otros 30 manifestantes que permanecieron, durante la noche, fuera del edifico parlamentario: «Fue muy emocionante. Entre los que nos quedamos, había una familia con dos menores. Nos llegaron pizzas, empanadas y otros alimentos. Incluso, un matrimonio de jubilados caminó más de ocho cuadras para acercarnos bebidas».

Las rejas de acceso al Congreso nacional fueron cubiertas con carteles y banderas celestes y blancas. «Exigimos justicia. Basta de impunidad. Mafia o República», dice una de las banderas más grandes.

Alrededor de las 12.45, los manifestantes que minutos antes habían detenido el tránsito de la avenida Entre Ríos se retiraron de la calle y comenzaron a rodear las veredas del Congreso, sosteniendo la larga bandera que facilitaron Viano y su gente, agrupados en la organización -apartidaria- Apertura Republicana.

«Recuerden que nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario hasta que termine el tratamiento de esta reforma corrupta. Nos están robando la República y tenemos que hacer este sacrificio para salvarla», clamó por megáfono una de las manifestantes.

Viviana, de 55 años, quien prefirió no dar su apellido, durante la realización del «abrazo» sostiene un tramo de la bandera sobre Avenida Hipólita Yrigoyen. La mujer llegó al Parlamento desde Pilar y aseguró que se quedará allí durante el transcurso de la sesión.

«Este Gobierno demostró que no es republicano ni democrático. Aprovecharon la pandemia para gobernar por decreto y no dejar funcionar a los poderes del Estado. Eso no lo vamos a permitir», afirmó la mujer quien, además de la bandera, tenía colgado del cuello un cartel que decía: «Legisladores: no traicionen a la Patria. No a esta falsa reforma».

«La reforma nos debe proteger a todos y no sólo armarse a gusto de la expresidenta para modificar Comodoro Py, en donde la cuidan. Quiere jueces amigos que la salven de sus causas. Queremos mejor justicia, sí. Pero no impunidad», concluyó.

La protesta en rechazo a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo se realizaba esta tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional, con manifestantes portando banderas argentinas y carteles con mensajes de rechazo a la iniciativa que mañana se debatirá en el Senado a partir de las 14.

Los manifestantes se apostaron desde las 16 frente al Parlamento. La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales con el#26AAcampeEnElCongreso, tal como ocurrió el 17 de agosto, cuando tuvo epicentro en el Obelisco.

Con el llamado a «abrazar» la sede del Poder Legislativo, en rechazo a la aprobación de la ley de Reforma Judicial, comenzó a las 16 la vigilia que se anunció que se prolongará durante la noche y hasta mañana cuando el Senado trate el proyecto en una sesión especial a partir de las 14.

Ya desde el inicio, la concentración de manifestantes obligó a interrumpir el tránsito sobre la Avenida Entre Ríos, donde muchos llegaron a pie y se manifestaron con el sonido de aplausos y cacerolas y otros participaron con bocinazos desde sus vehículos particulares, la mayoría portando banderas argentinas.

La protesta se desarrolló con total normalidad, hasta que un grupo de manifestantes comenzó a agredir con golpes de puño y patadas al periodista Ezequiel Guazzora, quien tuvo que ser auxiliado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Desde temprano, el Congreso estuvo vallado, sobre la avenida Entre Ríos, pero a las 15, por un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue retirado.

Frente al Congreso se pudieron ver desplegadas banderas vinculadas a distintas agrupaciones, como Apertura Republicana, Argentinosunidos.org, Fuerza Unitaria Argentina, Unión por la República y Juntos por la Democracia y la República.

Apenas iniciada la concentración, un grupo de personas intentó instalar una carpa para hacer una vigilia hasta mañana, pero la Policía de la Ciudad lo impidió.

Ya sin el vallado, los manifestantes, entre los que se pudo ver a Juan Carlos Blumberg, cruzaron hasta la puerta principal del Congreso, con cánticos en contra de la reforma, pero la policía les impidió colgar banderas sobre la amplia reja del acceso.

El proyecto tiene dictamen mayoritario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta y comenzará a ser debatido mañana a las 14.

Con la ley de moratoria aprobada en el Congreso y a la espera de su reglamentación, el abogado de Cristóbal López ya presentó un escrito ante la jueza en lo Civil y Comercial, Valeria Pérez Casado, que lleva adelante la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, señalando que tienen «la voluntad de lograr el avenimiento ante la AFIP adhiriendo a la misma (moratoria fiscal) una vez que resulte reglamentada y puedan cumplirse los requisitos formales respectivos».

Con dos medidas, el dueño del Grupo Indalo espera salvar a su empresa de la quiebra ya decretada y que comenzaba a transitar en el fuero Civil y Comercial, la instancia final para la liquidación de sus activos valuados en 100 millones de dólares. Cristóbal López buscaba por un lado, lograr un acuerdo con todos los acreedores -siendo el principal de ellos la AFIP-, y en segundo término -y quizás más importante- que el Congreso aprobase la nueva ley de moratoria fiscal.

Con esta última medida cumplimentada, ahora buscan que la petrolera pueda acogerse a un plan de facilidad de pagos y evitar así la liquidación final de sus activos. Es una carrera a contrarreloj, pero como la ley aprobada por el kirchnerismo en el Congreso aún no está reglamentada, a través de un escrito que lleva al firma del abogado Eduardo Favier Dubois anticiparon que buscan acogerse a la moratoria fiscal.

2003: Cristóbal López con Néstor y Cristina Kirchner en el casino de Río Gallegos.

La justicia en lo Civil y Comercial ya había rechazado uno de los reclamos de Cristóbal López, con el cual se pretendía que se suspendan los trámites que son inherentes a la conclusión del proceso de quiebra de Oil Combustibles. Esto es, informar vía Boletín Oficial que hay un proyecto de distribución de fondos entre los acreedores de la compañía y que tienen un plazo de diez días para realizar cualquier tiempo de observación.

En ese proceso está pendiente la distribución de 100 millones de dólares producto de la venta de los principales activos de la petrolera, que se realizó en el marco de la quiebra.

La defensa de Oil Combustibles -la firma bajo juicio oral en el fuero federal por no tributar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles generando una deuda de 8.000 millones de pesos-, sostuvo que ya habían hecho un reclamo anterior contra la resolución de la Jueza del 27 de julio. En la misma, Pérez Casado resolvió no esperar más a que la moratoria se convierta en ley ni al acuerdo con los acreedores para que acepten otra modalidad de pago (el avenimiento), y reactivó la quiebra. Esa pelea para evitar la liquidación sigue abierta.

Con la petrolera en proceso de quiebra, apostar a una moratoria para saldar su deuda era impensado. Pero el oficialismo aprobó hace dos semanas el proyecto en el Congreso, lo que allanó el camino para Oil Combustibles: la nueva normativa incorporó como excepción que podrán acceder al beneficio fiscal aquellas empresas que estén en proceso de quiebra.

«Ante la nueva moratoria impositiva sancionada el pasado 13.08.2020 bajo la Ley Nº 27.562, la cual se encuentra en curso de promulgación por el Poder Ejecutivo Nacional, esta parte manifiesta la voluntad de lograr el avenimiento ante la AFIP adhiriendo a la misma una vez que resulte reglamentada y puedan cumplirse los requisitos formales respectivos», señaló el abogado de Oil en el escrito al que accedió Clarín.

Así, López busca que la deuda de Oil ingrese en la moratoria y obtener una plan de pagos que además proporciona una quita de intereses. El proceso no es inmediato y deberá cumplir con algunos requisitos excluyentes.

Al acogerse a la moratoria, lo hará provisoriamente, y la misma quedará efectivizada sólo si logra concluir su quiebra en un plazo de 90 días. Para hacerlo, requiere de la conformidad de al menos dos tercios de sus acreedores. En el caso de Oil, el principal damnificado es la propia AFIP, que conduce Mercedes Marcó del Pont.

Otra discusión se abre en este punto. El juicio se centra en el lapso de mayo de 2013 a agosto de 2015. En ese período, la deuda acumulada -según una pericia oficial- era de 4.200 millones de pesos, y los intereses calculados ascienden a poco más de 6.000 millones. Por eso, la AFIP de la anterior gestión iba a reclamar 10.000 millones de pesos en concepto del ITC impago.

Cristóbal López sostiene que a diciembre de 2015 sólo debían 600 millones de pesos, porque Oil se había acogido a dos planes de facilidades de pago otorgados por el controvertido Artículo 32, una potestad discrecional del Administrador de la AFIP.

Hay otro reclamo reciente por parte del fisco: le reclaman una deuda de 20 millones de pesos generada durante estos dos años de su proceso de quiebra. La cifra que Oil finalmente podría incorporar a la moratoria, abre así, otro gran interrogante.

Otra vía que no descarta la petrolera es al acuerdo con los acreedores para que acepten otra modalidad de pago. La jueza Pérez Casado decidió que, cumplidos 90 días y sin haber llegado a un acuerdo, no se debía esperar más y decidió reactivar la quiebra. A esto se opuso la defensa de López, y una vez más pidió que dicho proceso quede suspendido.

Sobre este punto, el escrito sostiene se encuentran «recopilando y analizando la documental» de la quiebra «que corresponde al legajo verificatorio de la AFIP y donde se detallan, mes por mes y concepto por concepto, las obligaciones fiscales a incluir en los planes de pago», Asimismo, indicaron que aún prevalece la feria fiscal «lo que impediría que corran los plazos para el dictado de resoluciones por el Organismo».

A días del banderazo por el #17A, usuarios afines a la oposición salieron a convocar a través de las redes sociales a una nueva protesta contra el proyecto de reforma judicial para la próxima semana, cuando el Senado intente darle sanción a la legislación, con la frase “Todos al Congreso”.

Bajo la consigna #26ATodosAlCongreso, la iniciativa comenzó a tomar fuerza ayer a la tarde, cuando el bloque del Frente de Todos se disponía a darle aprobación al dictamen del proyecto en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, para que luego sea tratado en el recinto.

Como reza el eslogan “Todos al Congreso”, la movilización está prevista para el próximo miércoles, pero podría modificarse en caso que la votación en el Poder Legislativo se defina en otra fecha.

En sintonía con la oposición de Juntos por el Cambio, los convocantes identificados con #Soydel41 se expresaron en su mayoría contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por eso, otros hashtags que circularon por las redes son #AlCongresoContraLaImpunidadDeCFK y #NoALaReformaJudicialK. Según pudo relevar este medio, el primer mensaje que impulsó la arenga virtual en Twitter fue la usuaria @josefinah05, y luego se desparramó por la red de microblogging.

Como contrapunto, hubo otros usuarios que confrontaron con el llamado a la protesta. «Millones de argentinos NO iremos a la convocatoria macrista #26ATodosAlCongreso, son el grupo minoritario inconsciente que existe en todo país y que ya perdieron en las urnas», señalaron.

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El debate llega al Congreso

El proyecto de Ley de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo este miércoles dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima sesión.

La iniciativa enviada por Alberto Fernández contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.

El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica. El oficialismo informó las modificaciones al proyecto del Ejecutivo. Finalmente, no se unificarán el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia.

En un principio, el proyecto del Gobierno planteaba, por un lado, la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con otros fueros penales de la Ciudad para crear un nuevo “fuero federal penal” y por otro lado, la fusión del fuero Contencioso Administrativo Federal y el Civil y Comercial Federal.

No obstante el proyecto que llevarán al recinto la semana que viene podría seguir siendo modificado hasta el momento de iniciar el debate.

En tanto, la oposición dijo que «la justicia se reforma en interés de la política», que «lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria y económica asfixiante» e hizo alusión a la movilización del lunes pasado interpretando que «la sociedad se manifestó por el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico y esto de ir de cuarentena en cuarentena».

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la cuestión del aborto «es un tema que la Argentina tiene que resolver» y adelantó que enviará al Congreso el proyecto de despenalización «en cuanto pueda»

«Es un tema que tenemos que resolver», respondió Fernández al ser consultado sobre una nota publicada ayer en Infobae que afirmaba que el Gobierno había postergado hasta el año próximo el envío del proyecto por la situación sanitaria a causa del coronavirus.

«Tengo muy en claro que cualquier argumento sirve para dividir a la sociedad en un momento en el que tenemos que estar muy unidos por la pandemia», dijo el mandatario en referencia a los medios, pero agregó que en lo personal tiene la «convicción» de que es necesario debatir el tema del aborto.

«Es una convicción que yo tengo y lo voy a mandar tan pronto como pueda», insistió en relación al proyecto que ya tiene elaborado el Poder Ejecutivo.

En tanto, el Presidente agregó que una vez enviada la iniciativa «habrá discusión parlamentaria», pero insistió en que «ese tema la Argentina lo debe resolver».

El fin de semana pasado se cumplieron dos años de que el proyecto del aborto legal fuera rechazado por el Senado, después que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados.

De las cuatro medidas anunciadas por Trump en conferencia de prensa desde su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey, tres eran cuestiones centrales del paquete de estímulo que se negocia en el Congreso.

El mandatario del país norteamericano justificó la firma de los decretos argumentado que la culpa del bloqueo de las conversaciones era de los demócratas que insistían en incluir cuestiones sin relación directa con la crisis del coronavirus.

También sostuvo que los demócratas trataban de impulsar políticas de «extrema izquierda», citado por la agencia de noticias EFE.

Entre las medidas reveladas hoy por Trump se incluyeron una para dar 400 dólares semanales (frente a los 600 iniciales) para desempleados, que será costeada en un 75% por el Gobierno, mientras que los estados deberán cubrir el 25% restante, y dos para extender la moratoria a los desalojos y posponer pagos de deuda por estudio.

La cuarta, que el presidente trataba de impulsar hace tiempo sin éxito, estableció la suspensión hasta fines de año del impuesto a las ganancias para quienes cobren salarios anuales inferiores a 100.000 dólares y prometió perdonar las cantidades pendientes si era reelegido en noviembre.

Además, afirmó que buscarán rebajas permanentes a ese impuesto, que se usa para financiar la seguridad social y programas de sanidad.

En total, desde el inicio de la pandemia, Estados Unidos registra 4.986.345 contagios de coronavirus y 162.244 decesos, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins.

Los estados con más casos de la Covid-19 son California, con 549.720; Florida, con 526.577; y Texas, con 491.452, mientras que reporta más decesos Nueva York, con 32.768; seguido de Nueva Jersey, con 15.869; y California, con 10.221.

Esta crisis sanitaria sin precedentes también trasladó sus efectos a la economía, que se hundió a un ritmo anual del 32,9 % en el segundo trimestre de 2020 y cayó el 9,5 % frente a los tres primeros meses del año, los mayores descensos de este indicador desde que se tienen registros.

El Departamento de Trabajo informó el viernes que la recuperación del mercado laboral se moderó en julio con la disminución del índice de desempleo del 11,1 % el mes previo al 10,2 %, mientras que se generaron 1,8 millones de puestos de trabajo.

Esta mejoría, aunque modesta, es el efecto de la gradual reapertura de la economía, golpeada por la pandemia, aunque 16,3 millones de estadounidenses siguen sin empleo.

Pero esta crisis, además, está teñida por las elecciones presidenciales de noviembre, donde el presidente Donald Trump buscará su reelección frente al demócrata Joe Biden, que lidera los sondeos de intención de voto.

Con este panorama, los parlamentarios demócratas y la Casa Blanca negociaron entre jueves y viernes para impulsar un nuevo paquete de estímulo económico, pero no llegaron a un acuerdo por la presión de una minoría de legisladores republicanos, favorables a la disciplina fiscal y que considera que el Gobierno federal no debe interferir en el libre mercado.

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista Distrito Chubut, en el marco de su competencia y por expreso mandato del Congreso partidario, ha resuelto la situación de algunos compañeros a quienes el Consejo y el Congreso Provincial les suspendió la afiliación, y que espontáneamente se presentaron ante las autoridades partidarias, planteando su voluntad de permanecer en el PJ, aceptando las condiciones impuestas por la Carta Orgánica, y respetando las decisiones y eventuales penalidades que se les pudieran imponer.

El Tribunal de Disciplina, presidido por la compañera Irene Vega e integrado por los compañeros Roberto Giménez, Tomás Otero, Marcela Morales, y Sandro Holmes (participación a distancia), se reunió el miércoles 5 de agosto en la sede central del Partido, y por unanimidad resolvió aplicar una suspensión temporaria de la afiliación a los compañeros que se presentaron espontáneamente, con vigencia de la suspensión mientras se mantengan en ejercicio las actuales autoridades partidarias.

En la práctica, el período de suspensión se cumpliría el próximo 2 de diciembre de 2020 como máximo, en correspondencia con la finalización del mandato de las autoridades partidarias, salvo disposiciones expresas de prórroga que pudieran surgir del Poder Ejecutivo o Poder Legislativo de la Nación, o de la Justicia Electoral Nacional, en función de la continuidad de la emergencia sanitaria.

Por mi parte, celebro tanto la decisión de los compañeros de retomar plenamente su militancia en las filas del Partido Justicialista, como la madurez e idoneidad de los órganos partidarios para resolver y cerrar la cuestión con inteligencia y sentido político.

El hecho tendrá indudables efectos en la política provincial, que esperamos sean beneficiosos para el conjunto de la comunidad chubutense. Se presentan también algunas dudas y confusiones, reflejadas en los medios de comunicación y redes, respecto a la aplicación de la decisión del Tribunal de Disciplina, por lo que opinaré sobre las que entiendo más relevantes.

¿Deben afiliarse nuevamente?

Los compañeros no deben reafiliarse, porque el Congreso de Trevelin del 7 de marzo de 2020, al ratificar sus suspensiones implícitamente también ratificó sus afiliaciones. Al ponerle un plazo a la suspensión, cumplido el mismo, retoman sus derechos plenos como afiliados, como máximo desde el 3 de diciembre de 2020, salvo las eventuales razones de fuerza mayor ya indicadas.

¿Pueden ser candidatos a cargos partidarios en las elecciones internas en curso?

Los sancionados no pueden ser autoridades partidarias en el período 2020-2023, porque las elecciones se realizarán durante la vigencia de la suspensión, lo que implica que en éstas no pueden elegir ni ser elegidos, pero el nuevo esquema de autoridades partidarias, debe contemplar sin tapujos, en mi opinión, esta novedosa y saludable realidad política.

¿Los afiliados funcionarios de los municipios de Madryn y Trelew, podrían presentarse en estas elecciones internas?

Sí, pueden hacerlo porque dichos gobiernos municipales dejarían de ser gobiernos de otros partidos. Por supuesto, cada uno debe cumplir con los requisitos generales establecidos por la Carta Orgánica para ser candidatos, como los de antigüedad y el estar al día con el pago del diezmo.

¿Los sancionados, podrían ser candidatos por el PJ o el frente que integre el PJ en las elecciones del 2021 y 2023?

Si, por supuesto. Las normas de la Carta Orgánica son de aplicación estricta para la organización interna partidaria. Para las elecciones generales estarán en pleno ejercicio de sus derechos como afiliados, y en un marco reglamentario específico que el Congreso resuelve para cada elección general.

¿Cambia la relación de fuerzas en la política provincial?

En principio sí, con la aclaración de que la política y las matemáticas van por caminos separados. El Partido Justicialista, a través de su Presidente Ricardo Mutio, de la Mesa Ejecutiva, y de numerosos dirigentes provinciales, ha desplegado desde hace mucho tiempo una estrategia tendiente a ampliar nuestra fuerza electoral y política, con la premisa de sumar a todos los que se sientan peronistas y tengan la voluntad de integrar el Partido, bajo las normas que nos rigen, y con la premisa básica de que no tienen que salir unos para que entren otros, se trata de agregar sin quitar.

¿Cómo funcionarán los bloques de diputados y concejales?

De la manera que lo decidan en cada ámbito, sin urgencias, generando confianzas mutuas en el trabajo, y bajo el paraguas del Partido Justicialista.

Creo que se trata no solo de un paso importante para la vida interna del peronismo, sino la consolidación de una herramienta importante para aportar al crecimiento provincial, al ordenamiento territorial ecológico, al desarrollo estratégico, y a la asignación solidaria y equitativa de los recursos.

El Senado de la Nación comenzará esta semana a estudiar el proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.

El primer paso será el plenario que las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales organizarán el martes 4 de agosto con la presencia de la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo.

Los senadores fueron convocados a sumarse a la videoconferencia que se iniciará desde las 16 y en la que la funcionaria nacional saldará las dudas que surjan desde el Senado.

Fuentes del oficialismo adelantaron que la audiencia de Losardo no será la única y que se abrirá la discusión a más invitados, por lo que el tema continuará siendo debatido en algunas otras reuniones.

El proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal crea la nueva «justicia federal penal, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional penal y penal económica».

Cada uno de los juzgados actuará con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de otros 23 nuevos tribunales que se sumarán.

Habrá un sistema de subrogancias con máxima transparencia en la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, indicó, cuando presentó la iniciativa de manera pública, que «la nueva estructura en nada afecta el criterio del juez natural» en las causas que ya se estén sustanciando.

El proyecto también prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales.

Por otro lado, los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes en los nuevos juzgados deberán realizarse por prueba de oposición oral y pública.

Asimismo, se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales que se cometan en su territorio.

El proyecto unifica plenamente la materia Civil y Comercial Federal con la del Contencioso Administrativo. Con la iniciativa se buscará el fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.

En otro aspecto, el proyecto repondrá las reglas de actuación que deberán los jueces federales como: «mantener un trato equivalente con las partes, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o prejuicio, garantizar que las personas tengan un trato digno e igualitario y comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos.

También se pretende «evitar que el clamor público y el miedo a las críticas incidan en sus decisiones judiciales», así como desalentar que los magistrados se valgan de su cargo para promover intereses privados.

Durante la presentación del proyecto, el Presidente también anunció la creación de un Consejo Consultivo, conformado por especialistas en derecho que deberán elevar a consideración del Poder Ejecutivo propuestas concretas sobre una mejora en el sistema de justicia, el mejor funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Los miembros de este cuerpo tendrán plena autonomía para recomendar al Presidente de la Nación lo que crean conveniente y, de esas recomendaciones, saldrán futuros proyectos de Ley que serán elevados al Congreso de la Nación.