Con la ley de moratoria aprobada en el Congreso y a la espera de su reglamentación, el abogado de Cristóbal López ya presentó un escrito ante la jueza en lo Civil y Comercial, Valeria Pérez Casado, que lleva adelante la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, señalando que tienen «la voluntad de lograr el avenimiento ante la AFIP adhiriendo a la misma (moratoria fiscal) una vez que resulte reglamentada y puedan cumplirse los requisitos formales respectivos».
Con dos medidas, el dueño del Grupo Indalo espera salvar a su empresa de la quiebra ya decretada y que comenzaba a transitar en el fuero Civil y Comercial, la instancia final para la liquidación de sus activos valuados en 100 millones de dólares. Cristóbal López buscaba por un lado, lograr un acuerdo con todos los acreedores -siendo el principal de ellos la AFIP-, y en segundo término -y quizás más importante- que el Congreso aprobase la nueva ley de moratoria fiscal.
Con esta última medida cumplimentada, ahora buscan que la petrolera pueda acogerse a un plan de facilidad de pagos y evitar así la liquidación final de sus activos. Es una carrera a contrarreloj, pero como la ley aprobada por el kirchnerismo en el Congreso aún no está reglamentada, a través de un escrito que lleva al firma del abogado Eduardo Favier Dubois anticiparon que buscan acogerse a la moratoria fiscal.
La justicia en lo Civil y Comercial ya había rechazado uno de los reclamos de Cristóbal López, con el cual se pretendía que se suspendan los trámites que son inherentes a la conclusión del proceso de quiebra de Oil Combustibles. Esto es, informar vía Boletín Oficial que hay un proyecto de distribución de fondos entre los acreedores de la compañía y que tienen un plazo de diez días para realizar cualquier tiempo de observación.
En ese proceso está pendiente la distribución de 100 millones de dólares producto de la venta de los principales activos de la petrolera, que se realizó en el marco de la quiebra.
La defensa de Oil Combustibles -la firma bajo juicio oral en el fuero federal por no tributar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles generando una deuda de 8.000 millones de pesos-, sostuvo que ya habían hecho un reclamo anterior contra la resolución de la Jueza del 27 de julio. En la misma, Pérez Casado resolvió no esperar más a que la moratoria se convierta en ley ni al acuerdo con los acreedores para que acepten otra modalidad de pago (el avenimiento), y reactivó la quiebra. Esa pelea para evitar la liquidación sigue abierta.
Con la petrolera en proceso de quiebra, apostar a una moratoria para saldar su deuda era impensado. Pero el oficialismo aprobó hace dos semanas el proyecto en el Congreso, lo que allanó el camino para Oil Combustibles: la nueva normativa incorporó como excepción que podrán acceder al beneficio fiscal aquellas empresas que estén en proceso de quiebra.
«Ante la nueva moratoria impositiva sancionada el pasado 13.08.2020 bajo la Ley Nº 27.562, la cual se encuentra en curso de promulgación por el Poder Ejecutivo Nacional, esta parte manifiesta la voluntad de lograr el avenimiento ante la AFIP adhiriendo a la misma una vez que resulte reglamentada y puedan cumplirse los requisitos formales respectivos», señaló el abogado de Oil en el escrito al que accedió Clarín.
Así, López busca que la deuda de Oil ingrese en la moratoria y obtener una plan de pagos que además proporciona una quita de intereses. El proceso no es inmediato y deberá cumplir con algunos requisitos excluyentes.
Al acogerse a la moratoria, lo hará provisoriamente, y la misma quedará efectivizada sólo si logra concluir su quiebra en un plazo de 90 días. Para hacerlo, requiere de la conformidad de al menos dos tercios de sus acreedores. En el caso de Oil, el principal damnificado es la propia AFIP, que conduce Mercedes Marcó del Pont.
Otra discusión se abre en este punto. El juicio se centra en el lapso de mayo de 2013 a agosto de 2015. En ese período, la deuda acumulada -según una pericia oficial- era de 4.200 millones de pesos, y los intereses calculados ascienden a poco más de 6.000 millones. Por eso, la AFIP de la anterior gestión iba a reclamar 10.000 millones de pesos en concepto del ITC impago.
Cristóbal López sostiene que a diciembre de 2015 sólo debían 600 millones de pesos, porque Oil se había acogido a dos planes de facilidades de pago otorgados por el controvertido Artículo 32, una potestad discrecional del Administrador de la AFIP.
Hay otro reclamo reciente por parte del fisco: le reclaman una deuda de 20 millones de pesos generada durante estos dos años de su proceso de quiebra. La cifra que Oil finalmente podría incorporar a la moratoria, abre así, otro gran interrogante.
Otra vía que no descarta la petrolera es al acuerdo con los acreedores para que acepten otra modalidad de pago. La jueza Pérez Casado decidió que, cumplidos 90 días y sin haber llegado a un acuerdo, no se debía esperar más y decidió reactivar la quiebra. A esto se opuso la defensa de López, y una vez más pidió que dicho proceso quede suspendido.
Sobre este punto, el escrito sostiene se encuentran «recopilando y analizando la documental» de la quiebra «que corresponde al legajo verificatorio de la AFIP y donde se detallan, mes por mes y concepto por concepto, las obligaciones fiscales a incluir en los planes de pago», Asimismo, indicaron que aún prevalece la feria fiscal «lo que impediría que corran los plazos para el dictado de resoluciones por el Organismo».