En un caso reciente en Comodoro Rivadavia, la justicia de Familia tuvo que intervenir para asegurar que una menor de edad recibiera las vacunas necesarias, superando la resistencia de sus padres antivacunas. La medida fue impuesta por el Juzgado número 1, liderado por la jueza de Familia Guillermina Sosa, quien actúo en defensa del principio de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
El incidente se desencadenó cuando el personal del Hospital Regional detectó que la niña no había completado el esquema vacunal debido a las creencias ideológicas de sus padres. Ante la negativa de los padres de acatar una primera orden judicial que mandaba completar la vacunación, el caso fue escalado y la situación fue nuevamente reportada a la justicia por los agentes de salud.
En respuesta, la jueza Jorgelina Castillo, del Juzgado número 2 y quien se encontraba de guardia en ese momento, ordenó la aplicación compulsiva de las vacunas necesarias para cumplir con el calendario oficial. Esta orden judicial no solo buscó asegurar la vacunación, sino también complementar el tratamiento médico de la menor, que incluía atención por quemaduras que había sufrido recientemente.
En este contexto, los médicos descubrieron que la menor solo había recibido las vacunas obligatorias al nacer, omitiendo el resto del esquema que es requerido por las normativas de salud pública.
La jueza Guillermina Sosa, al ser consultada por ADNSUR, indicó que no podía comentar sobre el caso específico, pero subrayó que, en situaciones similares, las preferencias ideológicas o el plan de vida familiar no deben prevalecer sobre el interés superior del niño, especialmente considerando su vulnerabilidad por edad y condición médica.
Este caso refleja la aplicación del criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia, que prioriza la protección de los derechos fundamentales de los niños en Argentina.