Mientras avanza en EE.UU. una investigación por el supuesto pago de coimas.El senador radical Cimadevilla dijo que la certificación de reservas que se usó para aprobarlo carece de la firma de los expertos

Mientras avanza en EE.UU. la investigación por la autodenuncia de la British Petroleum (BP) sobre el supuesto pago de coimas en la Argentina para la obtención de la prórroga por 40 años de la concesión del Cerro Dragón, se denunciaron nuevas irregularidades en el contrato del área petrolera más rentable de la Argentina hasta ahora.

El senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) dijo a Clarín que «resulta altamente dudosa» la certificación de reservas del Cerro Dragón que hizo la Universidad Nacional de Cuyo y usó la legislatura de Chubut para prorrogar en el 2006 la concesión por 40 años. Lo usual es 10 años. La votación en esa legislatura fue de 23 votos contra 3 de la UCR. Al bloque que manejaba el entonces gobernador peronista Mario Das Neves se sumaron 6 legisladores radicales que luego fueron expulsados del partido.

Cimadevilla explicó, por ejemplo, que la certificación de la UNC que está en el expediente enviado a la legislatura «no tiene firmas» de sus autores. Además dijo, que Pan American Energy (PAE, que controla la familia Bulgheroni) le entregó oficiosamente en un informe con una certificación de reservadas fechada el 12 de septiembre del 2006, mientras que la certificación llegó a la legislatura el 26 de ese mes.

Según el senador esa certificación se mandó a las apuradas para «tirar abajo» el precio de las reservas y así negociar un pago menor en concepto de canon por la concesión. En cambio, fuentes de PAE consultadas por Clarín negaron que haya habido irregularidades en el certificado de reservas (Ver recuadro).Cimadevilla afirmó que se hizo una certificación de reservas al 2005 para un contrato que se terminó firmando en el 2007. 

Dijo que se debería haber hecho esa evaluación también en los años 2006 y 2007 según una disposición de la secretaria de Energía de la Nación.La UNC contestó a un pedido de Cimadevilla y de la senadora Laura Montero (UCR-Mendoza) que hizo una sola certificación en el 2005 «con información actualizada y entregada por PAE». 

En el expediente que recibió la legislatura chubutense para aprobar el acuerdo -en la época de Carlos Menem se pasó el manejo de los recursos naturales a las provincias- «no indican fecha de actualización de datos» y «exhiben una firma y un sello que le atribuyen al ingeniero Eduardo Manfredi», decano de la UNC, y ninguna del resto de los expertos que hicieron la evaluación, agregó el senador de la UCR. 

Estas irregularidades están siendo investigadas por la Justicia de Chubut, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y la Comisión Nacional de Valores de los EE.UU. (Securities and Exchange Comissionn, en inglés) frente a la autodenuncia de la B P en la cual admitió haber pagado coimas para no ser expulsada de Wall Street y así no quedarse sin acceso al mercado bursátil norteamericano, tal como reveló Clarín en mayo del año pasado.