En un duro revés para la ANSES, la Justicia dictaminó un fallo de alto impacto previsional que sacude el tablero económico.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria de la ley 27.609 implementada entre 2021 y mediados de 2024 y ordenó recalcular los haberes bajo un esquema anterior, tras constatar una pulverización fenomenal en el bolsillo de los pasivos.
Una pérdida brutal frente a la inflación y el desglose técnico
La resolución lleva las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, quienes revocaron el fallo de primera instancia que había rechazado el planteo de una jubilada. Al analizar los datos del período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, el tribunal expuso cifras lapidarias: mientras la movilidad acumulada apenas trepó al 553,55%, la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) escaló hasta el 1.129,07%, lo que significó un brutal deterioro real del poder de compra del 46,83%.
El juez Fantini remarcó que el mecanismo basado en salarios y recaudación tributaria carecía por completo de pisos de garantía o cláusulas gatillo ante procesos inflacionarios agudos, advirtiendo que los aumentos posteriores atados al IPC jamás compensaron la caída porque se aplicaron sobre una base ya licuada.
Cómo se aplicará el reajuste y qué impacto tendrá en los juicios
Para retrotraer el perjuicio, la Cámara ordenó reinstalar temporalmente el esquema de la ley 27.426 sancionada en la administración anterior, que combinaba trimestralmente un 70% de inflación y un 30% de variación salarial (RIPTE), empalmando luego con el régimen mensual por IPC del decreto 274/2024. El operativo de recálculo entre enero de 2021 y junio de 2024 contempla descontar los bonos extraordinarios percibidos, declarar inconstitucional el tope del artículo 9 de la ley 24.463 si la quita supera el 15%, y aplicar la tasa pasiva promedio del Banco Central contemplando plazos de prescripción.
Aunque el fallo de la fórmula de movilidad jubilatoria tiene efecto directo sobre el expediente individual de la demandante y no genera una restitución automática masiva, la contundencia de los argumentos sienta un valioso y temido antecedente para miles de litigios previsionales que continúan empantanados en los pasillos de la Justicia.