La decisión fue tomada por la sala IV del máximo tribunal penal, que determinó que la edad de Etchecolatz no le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria de manera automática y consideró que sus problemas de salud pueden ser tratados dentro del sistema penitenciario.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reaccionó a la decisión judicial señalando que se dio gracias «al clamor, no sólo los vecinos de la casa lujosa que ocupaba, sino también porque toda la sociedad sabe qué clase de persona es y qué errores y delitos graves ha cometido».
Con el fallo que tuvo el voto de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -Juan Carlos Gemignani votó en contra- Casación revocó el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 6 que había dispuesto el arresto domiciliario para el represor por motivos de salud.
En los informes incorporados al expediente «no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías», sostuvo Borinsky en su voto.
Carlotto, en declaraciones a Télam, dijo que «deberá volver tras las rejas porque cometió delitos de lesa humanidad de una gravedad absoluta, por lo tanto no se le debe contemplar ningún tipo de privilegio».
Y aclaró: «Etchecolatz es un delincuente feroz; no estamos hablando de cualquier preso social que por razones humanitarias le corresponde estar en su domicilio».
Dijo además que la Cámara Federal de Casación Penal dio «una buena señal, ya que cuando se toma una decisión con fundamentos, otros jueces podrán tomar los mismos conceptos».
Actualmente, agregó, «hay más genocidas en sus casas que en la cárcel» y dijo que habló el tema con el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.
«Le hemos manifestado la gran responsabilidad que tiene este Gobierno» en torno a este asunto, expresó Carlotto.
La revocatoria de la prisión domiciliaria había sido reclamada ante la Cámara de Casación por el abogado querellante Pablo Llonto y la fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Ángeles Ramos.
«No hay en el informe de los médicos, en ni uno sólo de los que se ha acompañado, descripción de tratos inhumanos ni de posibilidad de que los mismos existan. Si el tribunal alega cuestiones humanitarias en general, debería brindar entonces el mismo trato a todos los presos comunes que no han cometido delitos de lesa humanidad y que algún tipo de afección están sufriendo en las Unidades carcelarias», había sostenido Ramos en su presentación.
«Otorga privilegios a individuos por el sólo hecho de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas en desmedro del resto de los ciudadanos privados de su libertad que se hallan en las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal», había remarcado.
Etchecolatz está en su casa de en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos, desde el 29 de diciembre por decisión del TOCF 6, a pesar de haber sido condenado cinco veces a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad.
El TOCF 6 le había otorgado a Etchecolatz la prisión domiciliaria en el marco de la causa en la que se lo investiga por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Puente 12 y Comisaría de Monte Grande, entre 1974 y 1983.
