La Cámara 12ª del Crimen de Córdoba, con la participación de jurados populares, dictó penas condicionales por el acuartelamiento policial de diciembre de 2013 y ninguno de los policías acusados por el motín irá a la cárcel.
El conflicto policial, que duró tres días, se había originado por un reclamo salarial y que, como consecuencia de la inseguridad, dejó el saldo de un muerto, más de 200 heridos y saqueos a comercios.
El tribunal estableció condenas de entre un año y seis meses contra 52 efectivos, la mayoría de ellas por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», y otras por «desobediencia».
La condena más alta fue para el subcomisario Lucas César Rodríguez, con un año de prisión condicional, inhabilitación por el mismo período para ejercer la función pública y una multa por 12 mil pesos.
En tanto, los policías condenados a 8 meses serán inhabilitados por el mismo período y la multa que deberán pagar será de 2.500 pesos.
Las condenas restantes fueron a seis meses de prisión, con inhabilitación por el mismo período y multa de mil pesos.
Ninguna de las condenas establece el cumplimiento de prisión efectiva. Sólo cuatro efectivos policiales quedaron absueltos.
La sentencia se conoció a poco más de dos meses del comienzo del juicio.
Los fiscales Mariano Antuña y Raúl Garzón pidieron que se condene a 53 de los 56 policías acusados.
Sólo contra el subcomisario Rodríguez se reclamó una pena de cumplimiento efectivo, por 3 años de prisión, por su calidad de «oficial en jefe».
Al respecto, el fiscal Antuña afirmó el lunes pasado que «por su calidad de un oficial jefe con ascendencia sobre la tropa, con capacidad de mando, indudablemente debió reencausar a sus subordinados y lejos de ello se sumó a la protesta».
El fallo tuvo como preámbulo una extensa deliberación de los jurados populares y jueces y los fundamentos se darán a conocer el 31 de mayo.
Vale recordar que en desarrollo de las audiencias hubo testimonios que apuntaron a vincular a ex jefe policiales y autoridades nacionales (de la gestión kirchnerista) con la promoción de algunas de las alteraciones del orden que se vivieron el 3 y el 4 de diciembre, cuando se hicieron saqueos y episodios violentos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Eso hizo que el abogado de la mayoría de los policías imputados, Miguel Ortíz Pellegrini, asegurara que se castigará a los «perejiles» que participaron de ese evento.
El abogado adelantó que apelará el fallo y buscarán la absolución de todos los acusados.
En las audiencias efectuadas hubo numerosos testimonios que convalidaron la participación de otros policías que no se encuentran sentados en el banquillo.
Se mencionó que el ex jefe de Policía Julio César Suárez tuvo una actitud al menos extraña, y que las autoridades nacionales de ese entonces no otorgaron la respuesta que se necesitaba ante un alzamiento generalizado.
Durante su testimonio, el presidente provisional de la Legislatura, el ex ministro del Gobierno de José Manuel De la Sota, Oscar González, confirmó que las autoridades nacionales de ese entonces no otorgaron la respuesta que solicitaron para contener la situación que tuvo en vilo a la ciudad de Córdoba durante esos días.
En este caso no se juzgaron los saqueos, ni los robos, ni la violencia, sólo se enjuició al núcleo de policías que inició la decisión de dejar de trabajar.