Escándalo por coimas: Martín Castro suspendido de la Fiscalía.
La filtración de una polémica cámara oculta ha sacudido las estructuras de la Fiscalía de Estado. El abogado trelewense Martín Castro fue separado preventivamente de su cargo tras aparecer en un video recibiendo, presuntamente, la suma de $12 millones. El dinero habría sido exigido a cambio de gestionar ante la fiscal Julieta Gamarra una reducción en la pena de su cliente particular, Pablo “El Chavo” Ferreyra.
El video del escándalo y la suspensión preventiva
Frente a las fuertes repercusiones públicas que generaron las imágenes, el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, tomó cartas en el asunto de forma inmediata. A través de una resolución oficial, ordenó la apertura de un sumario administrativo con el fin de investigar a fondo las responsabilidades disciplinarias del letrado.
Como primera medida cautelar, Castro, quien se desempeña como empleado de planta permanente del organismo, fue suspendido de sus funciones por un plazo de 30 días, período en el cual no percibirá goce de haberes mientras avanza la etapa investigativa.
Transgresión ética y gravedad institucional
El documento firmado por Meiszner es contundente y apunta directamente a una posible “transgresión de normas legales y reglamentarias”. En sus fundamentos, la resolución se apoya en la normativa vigente para los funcionarios públicos, recordando que “la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública establece el deber de observar frente al público, en el servicio o fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función, evitando conductas que puedan socavar la confianza del público en la integridad del funcionario y de la institución a la que sirve”.
En la misma línea, el texto subraya que el Convenio Colectivo de Trabajo que rige para el personal de la Fiscalía exige expresamente “observar una conducta decorosa, compatible con la dignidad de la función de control”. La apertura del expediente se justificó afirmando que “se tomó conocimiento de hechos y circunstancias que, prima facie, podrían configurar conductas incompatibles con los deberes de ética, probidad, lealtad y rectitud que deben regir el ejercicio de la función pública, que involucran al señor Castro”.
El expediente disciplinario ya sumó como pruebas diversas publicaciones de medios de comunicación y el material audiovisual que destapó el «supuesto pago para reducir un pedido de condena a un preso». Las autoridades advirtieron que la condición de empleado de planta del acusado “otorga a los hechos referidos una particular gravedad institucional, en tanto de verificarse podrían comprometer la imagen, la credibilidad y el adecuado funcionamiento del organismo, así como los estándares de integridad que deben observar quienes integran dicha institución”.
Investigación por presunto conflicto de intereses
La defensa de Castro podría argumentar que su accionar se dio en el ámbito privado, sin embargo, desde la Fiscalía aclararon que los hechos “no resultan ajenos a la actividad administrativa en tanto su investidura como perteneciente a éste organismo de control”.
De cara al futuro inmediato, el sumario buscará esclarecer si existen méritos para una sanción disciplinaria mayor y, fundamentalmente, determinará si el abogado operó bajo un claro “conflicto de intereses” al mezclar su rol dentro de la administración pública con su labor particular como defensor de «El Chavo» Ferreyra. La resolución de este proceso de 30 días será clave para definir el futuro del funcionario dentro del Estado.
