Odebrecht reconoció ante la Justicia de Brasil que pagó US$ 35 millones de dólares en coimas en la Argentina para quedarse con obras entre 2007 y 2014 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora busca cobrar $1.500 millones por la construcción de gasoductos que, paradójicamente, habrían sido adjudicados a través de esos sobornos. La Oficina Anticorrupción (OA) pidió frenar ese pago.
Odebrecht exigió ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires un reclamo de más de $ 450 millones de pesos y US$ 45 millones, es decir, $ 1.500 millones en total como indemnización.
La OA, el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro realizaron una presentación para «proteger el patrimonio del Estado e impedir que la empresa continúe realizando reclamos mientras se llevan adelante las investigaciones por distintos delitos de corrupción».
En el escrito, el organismo repudió que se «pretenda sacar rédito a costa del interés público con fuente en una actividad delictiva. Lo que es más grave cuando el pretenso beneficiario es quien estructuró su propia organización para esos fines espurios, como surge en el caso de la hipótesis reconocida por Odebrecht en los Estados Unidos».
En marzo, el juez federal Daniel Rafecas procesó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y otros exfuncionarios K de crear un «sistema normativo para favorecer a Odebrecht» otorgándole, entre otros contratos, la ampliación de los gasoductos.
En la Argentina existen tres investigaciones contra la empresa: los gasoductos, las plantas de Aguas y Saneamientos Argentinos y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En total, conforme el avance de las obras, Odebrecht ya cobró $ 18.000 millones.
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