El juez que investiga la desaparición de Sofía Herrera en Tierra del Fuego ordenó nuevas medidas de prueba a 48 horas de cumplirse el décimo aniversario desde que la niña fue vista por última vez en un camping cercano a la ciudad de Río Grande, cuando tenía solo tres años de edad.
Daniel Césari Hernández anticipó que las medidas incluyen el testimonio de personas que ya declararon en el expediente, y de otras que nunca fueron citadas, y que el objetivo es buscar indicios que «puedan haberse pasado» en los primeros tiempos de la investigación.
El magistrado reveló que su juzgado lleva adelante desde mediados de este año una «reevaluación completa» del caso y que las nuevas testimoniales forman parte de ese proceso.
«El cerebro humano va cambiando su forma de procesar las ideas. El alejamiento efectivo del evento produce que las emociones se vayan modificando y quizá nos permitan obtener testimonios de formas que no fueron obtenidos en su momento», señaló Césari Hernández en una entrevista concedida al Diario del Fin del Mundo.
También señaló que se evalúa enviar muestras de ADN de Sofía a distintos organismos nacionales de derechos humanos para facilitar las tareas de verificación de identidad. Es que, según el juez, sólo en el último año se debieron constatar 19 denuncias personales o anónimas que aseguraban haber visto a una niña parecida a Sofía en diferentes puntos del país.
Además, el titular del Juzgado Penal 1 de Río Grande precisó que la causa por la desaparición de la menor tiene más de 13 mil fojas en la actualidad, la mitad por el expediente principal, y el resto por los incidentes paralelos derivados de las denuncias que se reciben, mayoritariamente, a través del sitio web www.sofiaherrera.com.ar.
Simulación. Así se vería hoy Sofía Yasmín Herrera, desaparecida en 2008 (Archivo)
En una década de investigación, el caso tuvo un solo imputado: Alberto Urrutia, el cuidador del camping John Goodall (ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande) donde desapareció la niña durante un paseo con sus padres. Urrutia fue sobreseído del caso en todas las instancias judiciales y su situación judicial se encuentra firme.
«En este momento no hay ningún imputado. Y la inexistencia de un imputado es, precisamente, lo que permite que la causa pueda progresar. Porque si hubiera un imputado correrían los plazos de una prescripción. Es decir que contrariamente a lo que pueda suponerse, es un elemento positivo para la investigación», analizó el juez.
Sobre las posibilidades de hallar a la niña, tanto tiempo después, Césari Hernández admitió que aunque «el tiempo atenta contra el caso», no se trata de «una tarea imposible».
«Creo que se puede, y pongo toda la predisposición de mi parte, y tengo toda la colaboración de la Policía y de las autoridades del Gobierno, para avanzar hacia la verdad. Hay que seguir investigando, y nunca bajar los brazos», enfatizó.
Clarín