La ex tesorera del PRO bonaerense, María Fernanda Inza, quedó imputada en una de las investigaciones por los aportes truchos de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
La decisión fue tomada esta semana por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien investiga uno de los casos por los presuntos delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y dádivas contra el oficialismo.
La imputación de una de las mujeres de confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal y del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas, también aceleró la llegada de la causa a la Cámara Federal platense, uno de los tribunales que decidirá ahora el futuro de la investigación. Ahora, este tribunal deberá decidir si está de acuerdo con el juez Kreplak y la fiscal Ana Russo o si concuerda con el planteo de Cambiemos y de Inza.
Los magistrados a cargo del expediente sostienen que los aportes apócrifos de campaña conllevan posibles delitos penales, pero Inza y Clusellas plantean que se trata de meros delitos electorales, de consecuencias leves para el oficialismo.
La misma discusión se está dando en otra causa similar en los tribunales federales de Capital Federal. El juez Sebastián Casanello investiga la misma maniobra apuntando también a la responsabilidad de funcionarios del Gobierno, ya que los nombres de los aportantes truchos pertenecen a beneficiarios de tres planes sociales y la sospecha que podrían haberse sustraído de las bases de datos de organismos oficiales. Sin embargo, el fiscal del caso, Carlos Stornelli, dictaminó que la investigación debe ser enviada al fuero electoral.
La Cámara Federal porteña, otro tribunal clave, debe tomar su propia decisión, al igual que sus pares en La Plata. ¿Darán la razón al juez o al fiscal y al oficialismo? Si se inclinan por los argumentos de Cambiemos, la investigación por lavado quedaría anulada.
La propia Inza había pedido ser parte en el expediente para poder apelar los fallos del magistrado, como adelantó este medio. La medida implica que por primera vez se identifica a una ex funcionaria como sospechosa de la maniobra de utilizar las identidades de centenares de ciudadanos para blanquear aportes de la campaña 2017. La misma maniobra se investiga en la campaña presidencial de Mauricio Macri y en la legislativa de la Ciudad de Buenos Aires.
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