Las cadenas de supermercados de Trelew rechazan la ordenanza del ministro de Gobierno, Federico Massoni, que pretende obligarlos a contratar policías adicionales para reforzar la seguridad en las playas de estacionamiento.
Aseguran que «no hay índices delictivos extraordinarios» que provoquen un estado de alerta. Entienden que la seguridad de los clientes está garantizada con la vigilancia privada, las cámaras y las policías adicionales que disponen actualmente. Advirtieron que contratar «un servicio innecesario» impactaría en los precios de los alimentos. El proyecto no prosperaría en el Concejo Deliberante.
Ayer los concejales de Trelew recibieron a los gerentes de las cadenas de supermercados La Anónima, Carrefour, Cencosud, Changomas, Easy y Vea, entre otros, para analizar el proyecto de ordenanza de Massoni, que los obligaría a contratar policías adicionales para resguardar la seguridad en los playones. Massoni esgrime que los índices delictivos en los estacionamientos ameritan colocar más refuerzos y no le corresponde a Provincia financiarlos.
«No estamos en alerta»
El gerente zonal de La Anónima, Diego Vitali, quien auspició de vocero de todos los participantes, remarcó que «no hay cuestiones extraordinarias que merezcan un alerta», si bien no negó que en los supermercados existen hechos delictivos como en los demás ámbitos. Incluso remarcó que «tener hechos de inseguridad no favorece a nadie» y los supermercados son los primeros interesados en que «la experiencia de compra de nuestros clientes sea la mejor».
De esta manera, Vitali consideró, al igual que los demás gerentes, que los supermercados hoy cuentan con las medidas de seguridad suficientes como para dar respuesta a las demandas de los clientes. «Tenemos un procedimiento con seguridad contratada, policías adicionales contratados a demanda, y entendemos que eso es lo fundamental; y, por otro lado, la seguridad electrónica con cámaras es la mejor prevención que tenemos en los locales», detalló.
Por último, Vitali no pasó por alto que contratar un «servicio innecesario» porque lo obliga una ordenanza, llevaría a los supermercados a trasladar los costos a los alimentos que consume el público, como ocurre con cualquier otro tipo de impuesto. «Si te ves obligado a contratar un costo innecesario inevitablemente termina impactando en el precio de los productos que abonan los consumidores», aseguró.
«Mas perjuicios que beneficios»
El edil del PJ, Oscar Villarroel, del gremio mercantiles, también marcó su rechazo a la ordenanza de Massoni, al considerar que «perjudica más de lo que beneficia a la ciudadanía». Hizo hincapié en que Trelew tiene que incentivar a las empresas para que haya más inversiones y no agregar más costos. «Estamos cargando costos a quien quiere venir a invertir a la ciudad», determinó.
Villarroel recordó que ya le había expresado a Massoni su descuerdo, cuando el ministro de Gobierno concurrió al Concejo para defender su proyecto de ordenanza para obligar a los supermercados a que incorporen policías adicionales.
El concejal del PJ afirmó que los delitos a los que aludía Massoni «eran hechos circunstanciales», y agregó que esto se comprueba con las estadísticas aportadas por los supermercadistas. Además, agregó que «hay mucho material de cámaras de segridad, que hizo que se esclarezcan los hechos delictivos».
«Ellos se vienen con todo el sistema de seguridad y ponen una playa que esté segura para que el cliente se sienta seguro y vaya a comprar», explicó.
También Villarroel objetó que si sale la ordenanza de Massoni se quedarían sin empleo unos 30 guardias de seguridad contratados por los supermercados, que serían desplazados por los policías adicionales. «Las empresas van a tener que ajustar, y personal de seguridad se va a quedar sin trabajo», advirtió.
Por último, el concejal dejó en claro que los supermercados son «responsables solidarios» frente a los hechos delictivos que ocurran en los playones de estacionamiento.
El Chubut
